Florida aprobó el pasado viernes viernes una medida que obliga a los expresidiarios de este estado a pagar multas y gastos de corte pendientes como requisito para acogerse a la restauración de su derecho al voto, que fue respaldada en las elecciones de 2018 por una gran mayoría de votantes que favorecieron la Enmienda 4.
Por Redacción Miami Diario
Según el portal Centro Tampa, la Cámara de Representantes de Florida aprobó un proyecto de ley similar en abril; las dos medidas pronto se conciliarán y se enviarán al gobernador republicano Ron DeSantis, quien se espera que firme la versión final.
Si bien algunos republicanos del Senado inicialmente hicieron un compromiso que permitiría a los ex criminales votar si sus multas se convirtieran en derechos de retención civil, eventualmente cedieron a las demandas de sus colegas más extremos en la Cámara. El proyecto de ley que DeSantis pronto firmará simplemente reemplaza un esquema de exclusión de derechos por otro. Casi el 65 por ciento de los votantes aprobó la Enmienda 4 en noviembre, modificando la Constitución de Florida para anular una ley de la época de Jim Crow que eliminó de forma permanente los derechos de voto de todos los delincuentes condenados. Por su lenguaje sencillo, la enmienda restauró el sufragio a los ex delincuentes tras completar su sentencia “incluyendo libertad condicional” (a menos que cometieran asesinato o un delito sexual). Debería haberse implementado por sí mismo, otorgando automáticamente a aproximadamente 1,4 millones de floridanos el derecho a votar cuando entró en vigencia en enero.
Terrie Rizzo, presidenta del Partido Demócrata de Florida, lamentó que aquellos expresidiarios de bajos recursos, “los floridanos de clase trabajadora”, no podrán recuperar el derecho al voto.
La Enmienda 4 obtuvo en noviembre pasado el apoyo del 64% de los votantes de Florida, lo que garantiza la completa restauración del derecho electoral.
Sin embargo, desde enero, el republicano DeSantis, quien asumió en ese entonces como nuevo gobernador, señaló que cumpliría con dicha reforma constitucional, pero que el Legislativo estatal debía revisar antes algunos aspectos de la misma.
