En la última salva de Florida contra la administración Biden por las restricciones de COVID-19, la procuradora general Ashley Moody presentó el martes una demanda que impugna los requisitos de del uso de máscara en los aeropuertos y en aviones, trenes y autobuses.
Moody, junto con los fiscales generales de otros 20 estados, presentó la demanda en un tribunal federal en Tampa. En parte, sostiene que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades federales se han excedido en su autoridad legal al exigir máscaras para los viajeros.
“Frente a un gobierno que muestra un absoluto desdén por los límites de su poder, especialmente cuando se trata de la pandemia de COVID-19, los demandantes buscan la anulación de ese mandato de máscara y una orden judicial permanente contra su aplicación”, dice la demanda.
La demanda fue el último movimiento de Moody y el gobernador Ron DeSantis, y los líderes republicanos en otros estados, para luchar contra las regulaciones de la administración Biden relacionadas con la pandemia de COVID-19.
Por ejemplo, el año pasado, el juez de distrito estadounidense Steven Merryday, con sede en Tampa, se puso del lado de Florida en un desafío a las restricciones federales que paralizaron los cruceros después de brotes de COVID-19 a bordo de alto perfil al principio de la pandemia. Florida también ha presentado demandas o ha participado en ellas sobre cuestiones como los requisitos de vacunación para empleados de grandes empresas, trabajadores de la salud y contratistas federales.
More than 70% of unruly passenger reports on airplanes involved mask-related incidents, according to @FAANews. It’s past time to end the unlawful, forced masking on public transportation. pic.twitter.com/rQgczVCnBA
— AG Ashley Moody (@AGAshleyMoody) March 29, 2022
Moody y DeSantis, ampliamente considerados candidatos presidenciales potenciales para 2024, anunciaron la demanda durante una conferencia de prensa en el Capitolio estatal. Ambos señalaron los enfrentamientos que se han producido en los aviones debido a que los pasajeros se han resistido a usar mascarillas.
“Ha causado tanta confusión, tanto caos y tanta presión sobre los empleados”, dijo Moody. “Como saben, las propias aerolíneas han exigido que la administración mire eso y considere lo que las están obligando a hacer”.
“Viajar en transporte público aumenta el riesgo de una persona de contraer y propagar el COVID-19 al poner a las personas en contacto cercano con otras, a menudo durante períodos prolongados, y exponerlas a superficies que se tocan con frecuencia”, dijo el sitio web. “Los viajes aéreos a menudo requieren pasar tiempo en filas de seguridad y terminales de aeropuertos concurridas”, dice los CDC.
La Administración de Seguridad del Transporte federal anunció el 10 de marzo que, por recomendación de los CDC, estaba extendiendo una directiva sobre mascarillas hasta el 18 de abril. La Administración de Seguridad del Transporte se encuentra entre una serie de demandados en la demanda porque hace cumplir el requisito de mascarilla.
There is no basis to force people to wear masks on public transit.
Thank you, Attorney General Moody, for suing the Biden Administration to end this unnecessary COVID theater.
— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) March 29, 2022
“Durante ese tiempo, los CDC trabajarán con las agencias gubernamentales para ayudar a informar un marco de política revisado sobre cuándo y bajo qué circunstancias se deben requerir máscaras en el corredor de transporte público”, dijo el anuncio del 10 de marzo. “Este marco revisado se basará en los niveles de la comunidad COVID-19, el riesgo de nuevas variantes, los datos nacionales y la ciencia más reciente. Comunicaremos cualquier actualización públicamente si y/o cuando cambien”.
Pero Moody dijo que una orden de los CDC respalda la directiva de la Administración de Seguridad del Transporte y que esos requisitos de máscara podrían extenderse más allá del 18 de abril.
La demanda alega, en parte, que el CDC violó una ley conocida como Ley de Procedimiento Administrativo. Eso incluye argumentar que la agencia se extralimitó en su autoridad legal y tomó medidas “arbitrarias y caprichosas”. La demanda decía, por ejemplo, que la agencia no consideró “alternativas menores”.
Además, la demanda dice que el requisito de máscara viola los “intereses casi soberanos de los estados en la salud, la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. El enmascaramiento forzado, especialmente para los niños pequeños, causa una variedad de consecuencias negativas para la salud, que incluyen daños psicológicos, oxigenación reducida, saneamiento reducido y retraso en el desarrollo del habla”.
Otros estados que se unen a la demanda son Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Utah, Virginia y West Virginia.
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