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Florida lidera coalición multiestatal en rechazo al programa de inmigración “ilegal” de la administración Biden

Florida se unió a una coalición multiestatal liderada por Texas que demandó a la administración Biden por restablecer un programa de la era Obama que permite a los inmigrantes ilegales entrar y permanecer en los Estados Unidos, pasando por alto las leyes establecidas por el Congreso. Además de Texas y Florida, Indiana, Missouri, Montana, Oklahoma, […]

Por Allan Brito
Florida lidera coalición multiestatal en rechazo al programa de inmigración “ilegal” de la administración Biden
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Florida se unió a una coalición multiestatal liderada por Texas que demandó a la administración Biden por restablecer un programa de la era Obama que permite a los inmigrantes ilegales entrar y permanecer en los Estados Unidos, pasando por alto las leyes establecidas por el Congreso.

Además de Texas y Florida, Indiana, Missouri, Montana, Oklahoma, Arkansas y Alaska se unieron a la demanda por la reinstauración por parte de la administración Biden de un programa de menores centroamericanos (CAM) de la era 2014 que fue detenido por la administración Trump en 2017, reportó Washingtonexaminer.

El anuncio de la demanda se produjo después de que los fiscales generales de 12 estados, todos ellos republicanos, participaran en una cumbre fronteriza en la zona de McAllen, Texas, organizada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton.

La fiscal general de Florida, Ashley Moody, asistió a la cumbre y se reunió con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley “sobre el dramático desbordamiento de la frontera provocado por las imprudentes políticas de inmigración del presidente Joe Biden, cuyo impacto está dando lugar a ramificaciones de seguridad pública para los ciudadanos y los contribuyentes mucho más allá de los estados estadounidenses que limitan con México”, dijo.

“Después de ver el caos en persona, me queda aún más claro que Biden y [el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro] Mayorkas están construyendo su propia organización ilegal para transportar a los inmigrantes ilegales dentro y alrededor de nuestro país, haciendo caso omiso de las leyes federales. No sólo trabajaré agresivamente para detener estos actos ilegales, sino que continuaré informando a los floridanos sobre lo que su gobierno federal está haciendo realmente, y los peligros asociados a esas decisiones”, añadió.

Esta fue la segunda vez que Moody ha estado en la frontera con Paxton, después de haber asistido a una cumbre fronteriza en Del Río el año pasado sobre los esfuerzos conjuntos entre Florida y Texas en la Operación Estrella Solitaria. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y el gobernador de Texas, Greg Abbott, discutieron la iniciativa de seguridad fronteriza. En ese momento, DeSantis dijo que estaba asombrado al saber que muchos de los inmigrantes ilegales detenidos decían que su destino final, después de venir a través de la frontera sur, era Florida.

Florida, al igual que Texas, demandó a la administración por sus políticas de inmigración el año pasado, así como por los mandatos de vacunas.

Sobre esta última demanda, DeSantis dijo que se alegraba de que el AG Moody estuviera “ayudando a bloquear las imprudentes políticas de inmigración de la administración Biden.”

“El gobierno de Biden sigue haciendo caso omiso de las leyes de este país y permite que un número masivo de extranjeros ilegales crucen la frontera, sin tener en cuenta posibles antecedentes penales o conexiones con actividades ilícitas”, dijo DeSantis. “No sólo se permite a estos extranjeros ilegales campar a sus anchas en este país, sino que la administración también hace recaer la carga y los costes sobre los estados e ignora las consecuencias de sus políticas”.

El programa CAM ofrece a ciertos menores que entraron ilegalmente en Estados Unidos la posibilidad de obtener un “estatus protegido” en lugar de ser deportados. Este estatus les permite entonces solicitar al gobierno la entrada de miembros de la familia extensa, incluidos los cuidadores adultos, de Honduras, El Salvador y Guatemala, “sin pasar por los canales legales adecuados”, dijo Moody. La CAM se aplica a los inmigrantes ilegales con una solicitud de asilo pendiente, aunque muchos pueden no recibir el asilo o presentarse a sus audiencias, añadió.

“No hay autoridad en la ley federal para este tipo de programa”, argumentan los fiscales que demandaron, ya que el Congreso nunca lo autorizó.

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