Human Rights Watch denuncia tortura a militares acusados de conspirar contra el gobierno

Los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad en Venezuela han detenido y torturado a militares acusados de conspirar contra el gobierno, señalaron hoy Human Rights Watch y la organización no gubernamental venezolana Foro Penal. Las autoridades también han detenido y torturado a familiares de algunos presuntos implicados para intentar averiguar dónde se encontraban.

Por Redacción MiamiDiario

Algunos detenidos sufrieron abusos aberrantes que constituyen tortura para obligarlos a aportar información sobre supuestas conspiraciones. En la mayoría de los casos, las detenciones las realizaron miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) o del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).

“El gobierno venezolano ha arremetido brutalmente contra militares acusados de conspiración”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Los agentes de inteligencia no solo están deteniendo y torturando a militares, sino que en algunos casos también van tras sus familiares u otros civiles cuando no pueden encontrar a los supuestos responsables a quienes buscan”.

Las organizaciones analizaron información sobre 32 personas afectadas en estos casos. Las víctimas incluyen militares de diferentes rangos acusados de conspirar contra el gobierno y civiles acusados de colaborar con Oscar Pérez, un policía insubordinado que habría sido ejecutado extrajudicialmente luego de oponerse al gobierno venezolano.

En algunos casos, familiares, incluyendo el hijo, la madre, el padre, o la pareja de presuntos implicados fueron detenidos extorsivamente para dar con el paradero de los supuestos conspiradores. En ciertos casos, sufrieron graves abusos.

Los agentes de inteligencia sometieron a varios de los detenidos a abusos físicos y psicológicos. Los abusos sufridos incluyen golpizas brutales, intentos de asfixia con bolsas de plástico, cortaduras con hojillas en las plantas de los pies, descargas eléctricas, privación de comida y acceso al baño, y amenazas de muerte. Varios detenidos no tuvieron acceso a sus familiares o abogados de confianza por días. Durante su detención, que tuvo lugar en prisiones o en sedes de la DGCIM, los detenidos no han tenido acceso a tratamiento médico adecuado para diversos problemas de salud.

Los delitos por los que se los acusa incluyen “traición” e “instigación a la rebelión”. Varios abogados que representan a los acusados y que tuvieron acceso a expedientes judiciales y estuvieron presentes en audiencias en estos casos, incluidos procesos contra civiles en tribunales militares, indicaron que las acusaciones eran fabricadas y que no había pruebas concretas contra los acusados.

Debido a la dificultad para acceder a expedientes judiciales en estos casos, y a que algunos documentos judiciales no pueden ser consultados por personas que no son parte en los procesos, no es posible comentar sobre las pruebas presentadas por los fiscales en cada caso. Human Rights Watch solicitó información al gobierno venezolano sobre cuáles eran las supuestas acciones en las cuales se basaban los cargos y qué pruebas tenía contra los presuntos implicados en estos casos, pero no recibió respuesta.

El trabajo de Human Rights Watch y del Foro Penal muestra que los casos analizados aquí siguen el mismo patrón de torturas y abusos contra detenidos cometidos por policías venezolanos, agentes de inteligencia y miembros de la Guardia Nacional Bolivariana que las organizaciones han documentado desde 2014.

No se trata de casos aislados. En informes publicados en 2014 y 2017, Human Rights Watch documentó abusos generalizados por parte de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas. En cada informe concluimos que esta evidencia permitía concluir que los abusos fueron parte de una práctica sistemática. En el período entre las represiones de 2014 y 2017, Human Rights Watch documentó otros casos de procesos penales por motivos políticos en los cuales los detenidos también sufrieron abusos durante la detención, incluidas torturas.

Desde 2014, Human Rights Watch ha documentado más de 380 casos de trato cruel, inhumano o degradante contra opositores del gobierno o personas que las autoridades perciben como tales, incluidos al menos 31 casos de tortura en Venezuela. El Foro Penal indicó que al menos el 15 % de los detenidos por motivos políticos les informaron que habían sufrido torturas o maltratos. Estos casos no reflejan la verdadera magnitud del problema, debido a que muchas veces las víctimas no denuncian los abusos por temor a sufrir represalias.

Más de 12.800 personas han sido detenidas desde 2014 en el marco de las manifestaciones contra el gobierno, según datos del Foro Penal. Esto incluye a manifestantes, transeúntes y personas que fueron llevadas de sus casas sin la correspondiente orden judicial. Más de 7.500 han sido excarcelados bajo medidas de libertad restringida y todavía enfrentan causas penales. Desde 2017, la justicia militar ha procesado a más de 800 civiles, violando estándares internacionales de derechos humanos.

Desde que la Asamblea Nacional Constituyente oficialista destituyó a la entonces fiscal general Luisa Ortega Díaz en agosto de 2017, no se ha difundido información oficial sobre procesos contra funcionarios implicados en violaciones de derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó en junio de 2018 que la impunidad por violaciones de derechos humanos en Venezuela era “generalizada”.

En febrero, la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, anunció la apertura de un examen preliminar para analizar si se han producido delitos que la CPI tiene competencia para investigar, y si hay motivos que justifiquen una investigación exhaustiva de este tribunal. En su informe anual sobre exámenes preliminares, publicado en diciembre, la fiscalía indicó que, aunque el examen se centra en los presuntos abusos cometidos desde 2017, también podría incluir en el examen preliminar presuntos delitos relacionados ocurridos desde febrero de 2014.

En septiembre, en una decisión sin precedentes, seis países de América —todos miembros de la CPI— pidieron que la corte investigara presuntos delitos cometidos en Venezuela desde febrero de 2014. Otros gobiernos de la región y de Europa han apoyado esta remisión. La fiscal de la CPI deberá determinar si se cumplen los requisitos para que avance una investigación exhaustiva.

“En Venezuela, la impunidad de los delitos que constituyen violaciones de derechos humanos es deliberada”, afirmó Gonzalo Himiob Santomé, director del Foro Penal. “En un contexto donde los responsables de violaciones de derechos humanos tienen más probabilidades de ser premiados que llevados ante la justicia, es crucial considerar seriamente las vías disponibles para que rindan cuentas en el extranjero”.

Fuente: HRW