Juez niega solicitudes para bloquear ley de educación sobre raza

Un juez federal rechazó el lunes los argumentos de los abogados de los maestros, un estudiante y un consultor de diversidad de que debería bloquear una nueva ley estatal controvertida sobre raza que restringe la forma en que se pueden enseñar conceptos relacionados con la raza en las aulas y la capacitación en el lugar de trabajo.

El juez principal de distrito de EE. UU., Mark Walker, emitió una orden de 23 páginas que denegó en gran medida una solicitud de una orden judicial preliminar contra la ley, que entrará en vigencia el viernes. Walker, sin embargo, no se pronunció sobre una solicitud de medida cautelar de un profesor de la Universidad de Florida Central, luego de ordenar a los abogados que presentaran escritos adicionales.

A judge has denied requests to block a new Florida law that restricts the way race-related concepts can be taught in classrooms and workplace training. https://t.co/oOMTx1yzRh

— CBS4 Miami (@CBSMiami) June 27, 2022

Los legisladores aprobaron la medida (HB 7), denominada por el gobernador Ron DeSantis como la “Ley Stop WOKE”, durante la sesión legislativa de este año después de un feroz debate.

Un grupo de demandantes presentó la demanda el 22 de abril después de que DeSantis firmara el proyecto de ley, argumentando, en parte, que violaba los derechos de la Primera Enmienda. También desafiaron las reglas aprobadas el año pasado por la Junta de Educación del Estado que incluían prohibir el uso de la teoría crítica de la raza, que se basa en la premisa de que el racismo está arraigado en la sociedad y las instituciones estadounidenses.

In Florida, we are fighting against Biden’s intentionally destructive policies like denying school lunches for states that refuse to implement woke gender ideology in the schools. pic.twitter.com/YXpTky75Jn

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) June 5, 2022

Walker, quien celebró una audiencia la semana pasada, dijo en la orden el lunes que cuatro de los demandantes carecían de capacidad legal para obtener una orden judicial preliminar. Esos demandantes eran Donald Falls, quien enseña gobierno y economía en una escuela secundaria en el condado de Manatee; Jill Harper, maestra suplente del condado de Leon; un niño identificado como RMJ que ingresa al jardín de infantes en el condado de Nassau; y Tammy Hodo, presidenta de All Things Diverse, una consultora que brinda capacitación en temas como diversidad e inclusión.

Mientras escribía que no estaba “determinando si las regulaciones cuestionadas son constitucionales, moralmente correctas o buenas políticas”, Walker dijo que los maestros, el estudiante y el consultor no habían mostrado las pruebas relacionadas con las lesiones necesarias para establecer la legitimación.

“La lógica de los demandantes es la siguiente: de conformidad con su autoridad legal, la Junta de Educación retendrá los fondos de los distritos escolares de los maestros si violan las disposiciones impugnadas”, escribió. “A su vez, los miembros de la junta escolar retendrán dinero de las escuelas individuales de los maestros o, tal vez, presionarán a los funcionarios de esas escuelas para disciplinar a los maestros. En otras palabras, la teoría de los maestros sobre la trazabilidad y la posibilidad de reparación fluye de Junta (de Educación) al distrito escolar, del distrito escolar a la escuela de maestros y, solo entonces, a los maestros. Por lo tanto, el argumento de los demandantes requiere que el tribunal acumule varias capas de inferencias”.

Como otro ejemplo, dijo que Hodo no estableció que la ley la haya lastimado.

“La Dra. Hodo no afirma que haya perdido clientes, que los clientes le hayan dicho que ya no la contratarán, o que los clientes incluso han expresado inquietud por contratarla”, escribió Walker.

Walker, sin embargo, dejó sin resolver la solicitud de orden judicial preliminar de Robert Cassanello, profesor asociado de historia en la Universidad de Florida Central. Eso se produjo después de que los abogados de los demandantes presentaran la semana pasada un documento que apunta a una regla propuesta que está programada para presentarse ante la Junta de Gobernadores del sistema universitario estatal el jueves.

La regla propuesta indicaría cómo las universidades deberían aplicar la ley. Los abogados de los demandantes citaron parte de la propuesta que, por ejemplo, plantea la posibilidad de que los profesores puedan ser sancionados por no cumplir con las normas universitarias en la materia.

Walker ordenó a los abogados de ambas partes que presenten informes antes del mediodía del martes sobre si la regla propuesta podría afectar la posición legal de Cassanello en el caso.

La ley enumera una serie de conceptos relacionados con la raza que constituirían discriminación si se enseñaran en las aulas o en los programas obligatorios de capacitación en el lugar de trabajo.

A modo de ejemplo, parte de la ley califica la instrucción como discriminatoria si lleva a las personas a creer que tienen “responsabilidad por, o deberían ser discriminados o recibir un trato adverso debido a, acciones cometidas en el pasado por otros miembros de la misma raza, color , origen nacional o sexo”.

Como otro ejemplo, la ley busca prohibir la instrucción que haría que los estudiantes “sintieran culpa, angustia u otras formas de angustia psicológica debido a acciones, en las que la persona no participó, cometidas en el pasado por otros miembros de la misma raza, color, origen nacional o sexo”.

Dos empresas y un consultor que imparte capacitación en el lugar de trabajo presentaron una impugnación por separado de la ley la semana pasada en un tribunal federal de Tallahassee. Ese caso está pendiente.