Millones de PDVSA entregaron a David Rivera terminaron en manos de ex narcotraficante

Más de la mitad de los $20 millones que el ex congresista David Rivera obtuvo de la estatal venezolana PDVSA terminaron en manos de ex narcotraficante.

Lo cierto es que entre los subcontratistas que recibieron el dinero se encontraba un desarrollador urbanístico que años atrás fue declarado culpable en uno de los mayores casos de narcotráfico del Sur de la Florida, muestran documentos de la corte.

Rivera actualmente es demandado por incumplimiento de contrato por PDV USA, filial estadounidense de Petróleos de Venezuela que busca recuperar los $20 millones, reportó ElNuevoHerald.

El ex representante federal, por su parte, ha presentado una contrademanda contra la petrolera que busca el pago de $50 millones, equivalentes al valor total del contrato de cabildeo incumplido.

Documentos de la corte relacionados con la demanda muestran que el ex congresista federal por el estado de la Florida canalizó al menos $13 millones del dinero que obtuvo de la estatal venezolana para contratar los servicios de los subcontratistas, entre los que también figuran una empresa vinculada al polémico empresario venezolano Raúl Gorrín y otra a la asesora política Esther Nuhfer.

Según documentos de la corte, los tres subcontratistas obtuvieron los pagos millonarios a cambio de brindar “servicios estratégicos internacionales de consultoría”.

Pero PDV USA solo se enteró del desvío de los pagos por parte de Rivera después de que demandó a su empresa, Interamerican Consulting, en el 2020.

Rivera, quien nunca se registró como agente extranjero para representar los intereses de otro país en Estados Unidos, también se encuentra bajo investigación criminal por parte de la fiscalía federal de Miami, según varias fuentes familiarizadas con la investigación.

Pero nadie, incluyendo a Rivera, ha sido acusado en relación al millonario contrato con PDV USA.

Los documentos presentados en Nueva York por la demanda introducida por PDV USA muestran que parte de los $13 millones fueron entregados en diferentes pagos a una compañía perteneciente al desarrollador urbanístico de Miami Hugo Perera, quien está construyendo proyectos de viviendas asequibles en los vecindarios de Allapattah y La Pequeña Habana, según la página de internet de su empresa.

Las empresas de Perera, PG & Associates y Agronomics, recibieron entre las dos seis pagos por $625,000 y un pago de $1.1 millones, para un total de $4.85 millones, entre marzo y noviembre del 2017, muestran los documentos de la corte.

PG & Associates desarrolla proyectos residenciales en Miami y actualmente tiene un edificio de apartamentos bajo construcción.

En su página de internet, la compañía también dice administrar más de 300 apartamentos de alquiler en la Pequeña Habana.

Krome Agronomics, entre tanto, es una empresa abocada a la venta de fertilizantes. Los fondos otorgados por PDVSA también fueron a parar en las cuentas de Communications Solutions Inc., perteneciente a la operadora política de Miami-Dade Esther Nuhfer.

A lo largo de los años, Nuhfer ha brindado servicios de recaudación de fondos, marketing y otros para las campañas de Rivera para el Congreso y la Legislatura estatal, así como para otros políticos locales.

Según documentos de la corte, Communication Solutions recibió tres pagos de $750,000, dos por $625,000 y uno por $1 millón, para un total de $4.5 millones.

El tercer beneficiario de los $13 millones desembolsados es el magnate venezolano Raúl Gorrín, a través de la compañía Interglobal Yacht Management, LLC, que realiza mantenimiento al yate del empresario, según documentos de la corte.

Gorrín, un cercano colaborador del difunto presidente Hugo Chávez y del actual gobernante Nicolás Maduro, es un prófugo de la justicia estadounidense bajo cargos de que participó en un esquema de lavado de dinero que involucró varios miles de millones de dólares obtenidos a través de la corrupción.

El magnate dueño del canal venezolano Globovisión recibió un total de $3.75 millones de la firma de Rivera en 2017.

El presidente de la compañía de yates, Joel Brakha, dijo en una declaración reciente que Rivera se acercó a él para firmar el acuerdo de subcontratación con Interglobal Yacht, pero él se negó a hacerlo, resaltando que él no tenía nada que ver con la operación contemplada en el documento y que la empresa no estaba en el negocio de brindar servicios de consultoría estratégico.

Rivera declaró, poco después de conocerse que estaba siendo demandado, que el dinero que obtuvo se usó totalmente para financiar a la oposición venezolana y en particular para beneficiar al líder opositor Leopoldo López, quien para la época estaba encarcelado en la prisión militar de Ramo Verde, cerca de Caracas.

López y el jefe de la oposición venezolana, Juan Guaidó, ambos miembros del partido Voluntad Popular, han desmentido enérgicamente la versión de Rivera, diciendo que las declaraciones del ex representante federal son absurdas.

Fuentes cercanas a la operación señalan que el régimen de Maduro autorizó el contrato con Rivera en un intento por convencer a la administración de Donald Trump sobre la necesidad de negociar una transición directamente con Maduro.

“La idea era ablandar al senador Marco Rubio — un cercano amigo de Rivera— para que dejara de presionar a favor de la aplicación de más sanciones, porque él era el funcionario que más solicitaba que las aplicaran”, dijo una de las fuentes, que habló a condición de no ser identificada.

Pero también se buscaba llegar hasta la Casa Blanca, e idealmente gestar un encuentro con el presidente Donald Trump para propiciar un cambio en la política hacia Venezuela, agregó.

Gorrín llegó a tener un encuentro con el vicepresidente Mike Pence, quien para entonces también se pronunciaba con frecuencia sobre la destrucción de la democracia en Venezuela emprendida por el régimen de Maduro.