La demanda interpuesta por los abogados de CITGO y PDV USA contra el excongresista del estado de la Florida, David Rivera, por incumplimiento de un contrato a través de su firma, Interamerican Consulting INC, sigue dando de qué hablar.
Por Maibort Petit/MiamiDiario
A partir del conocimiento del caso civil, han surgido una serie de actores que han ampliado el radio de acción de la investigación federal que incluye a varios personajes del régimen de Nicolás Maduro. En esta historia les contamos algunos detalles de este escándalo.
Cuando se conoció la demanda en mayo de 2020, se constató que la directiva de CITGO, encabezada por Luisa Palacios y Carlos Jordá, asistidos por el abogado Michael Gottlieb, [quien ha representado a chavistas y opositores], presentaron la querella civil que busca rescatar los $15 millones de dólares que CITGO pagó a David Rivera en 2017, por sus servicios de cabildeo a favor de PDVSA, controlada en ese tiempo por Nicolás Maduro.
Según fuentes internas de CITGO, la demanda, más que tener la intención de recuperar los $15 millones [el costo de litigar en corte supera el monto del premio que se busca obtener] “es un mecanismo usado por la refinadora petrolera del estado venezolano, controlada por el gobierno interno de Juan Guaidó, [reconocido por el gobierno de Estados Unidos y más de 50 países], para cubrirse las espaldas, debido a que la investigación que se sigue el Departamento de Justicia norteamericano contra CITGO, que posiblemente concluya con severas penalidades a la empresa por no haber cumplido las leyes federales contra la corrupción y el lavado de dinero”.
“La demanda sería una cortina de humo, para demostrar ante la justicia estadounidense que aunque tarde, actuaron contra los presuntos criminales que expoliaron dinero de CITGO y de PDVSA en los Estados Unidos”, sostuvo la fuente consultada en calidad de anonimato.
En febrero de 2019, la junta directiva de Luisa Palacios tuvo conocimiento de primera mano de todos los casos de corrupción que se cometieron en CITGO durante las administraciones chavistas, incluyendo la del fallecido, Nelson Martínez y la de Asdrúbal Chávez.
“Se les informó sobre los ejecutivos que cometieron delito y las empresas que obtuvieron los contratos fraudulentos a lo largo de todos los años. Las auditorías internas y los reportes de empleados que denunciaron los hechos de corrupción y los intentos de sobornos que los contratistas ofrecieron para lograr expoliar el dinero de CITGO y PDVSA”, dijo la fuente pero asegura “que no se tomaron acciones hasta finales de mayo de 2020”.
Cuando se interpuso la demanda en la corte del Distrito Sur de Nueva York, el presidente interino, Juan Guaidó dijo que la demanda es posterior a una auditoría hecha por su equipo directivo de CITGO.
En un tweet del Centro de Comunicaciones del gobierno interino, con fecha 15 de mayo de 2020, se activierte que la demanda contra Rivera surgió luego de una auditoría realizada por CITGO, tras haber sido recuperada para los venezolanos por el Gobierno legítimo.
Se señala que: “tras la investigación realizada, tenemos los suficientes elementos para afirmar que, pese a no haber realizado ninguna labor justificable, la PDVSA de 2017 controlada por Maduro canceló al Sr. Rivera $15 millones de dólares, de un contrato de 50 millones de dólares”.
Documentos en nuestro poder muestran que la auditoría a la que se hace referencia, no fue hecha en 2019, sino que se realizó en mayo de 2017 por el departamento Interno de CITGO. Tal como apuntamos, Luisa Palacios y su equipo, tenían esa información desde febrero de 2019, y no fue sino hasta mayo de 2020 que decidieron interponer una acción contra David Rivera y contra otro contratista corrupto que ya está en custodia de las autoridades estadounidenses, José Manuel González Testino.
“La conveniencia de interponer la querella civil en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, buscando recuperar los $15 millones no luce clara”, dice la fuente interna de la corporación.
Un dato que llama la atención de Venezuela Política es el incremento significativo de gastos de asesoría legal de CITGO desde que se inició la gestión de la directiva designada por Juan Guaidó, llegando a superar los $102 millones de dólares.
Vale destacar que la cifra de $102 millones en gastos legales de CITGO, bajo la administración de Palacios, “se han usado para realizar investigaciones internas por más de un año, cuyos resultados aún están por verse”, dijo la fuente consultada.
Bajo el control de Guaidó, CITGO sigue usando abogados y los bufetes que usó la corporación cuando estaba bajo el control del régimen de Nicolás Maduro y que estuvieron al tanto de los fraudes y actos de corrupción y violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el extranjero.
La fuente consultada sostiene que la mayoría de las firmas seleccionadas por la administración designada por Guaidó y que se mantienen en la nómina de CITGO “fueron coordinadas por la abogada de CITGO, Judith Colbert a pesar que hay información es pública y notoria, que los bufetes de abogados se han beneficiado al trabajar y defender al régimen de Maduro”.
La misma fuente sostiene que actualmente bufetes como Willkie Farr & Gallagher LLP Willkie y Sidley Austin LLP [Caso narcosobrinos] “siguen beneficiándose y llevando múltiples casos en CITGO bajo la administración de la junta directiva de Juan Guaidó”.
“Otras firmas como Hogan Lovells y Jones Day fueron seleccionadas por Judith Colbert para acosar a los empleados de la corporación que han denunciado fraude y corrupción interna en CITGO”, sostuvo la fuente.
Denuncia que “Cristina Rodríguez (Hogan Lovells) en combinación con Judith Colbert y Glenn Hilman unieron fuerzas para retaliar y amedrentar a empleados y directores que denunciaron casos de fraude en CITGO y fueron despedidos bajo la administración de Nelson Martínez y José Pereira”.
Explica la fuente que hay un informe interno de CITGO, con las denuncias de la exgerente de Recursos Humanos, Marisol Gómez sobre los contratos de PDV USA y CITGO, ordenados por el fallecido, Nelson Martínez con compañías intermediarias como GFC Consultores y Yakima Trading de Samark López Bello, quien fue acusado por el gobierno de los Estados Unidos de ser uno de los testaferro del actual ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, quien pasó a ser uno de los hombres más buscados por la justicia de los Estados Unidos.
Señala la fuente que “durante la mediación legal del caso de Gómez, Judith Colbert, Glenn Hilman y Cristina Rodríguez defendieron la selección y los contratos de PDV USA/CITGO con GFC Consultores, Yakima y sus dueños y testaferros”.
Agrega que “bajo la administración de Luisa Palacios y Carlos Jordá sigue la convivencia con profesionales internos y externos que ayudaron al desfalco de CITGO y PDVSA”.
Sostiene que “los empleados de CITGO han visto por años que los abogados contratados por el régimen se han enriquecidos a cosas de los casos de CITGO, cobrando horarios inflados, y sin importar que los casos sean ganados en las cortes o no”.
Reportes en nuestro poder muestran que CITGO pagó en servicios de consultoría y gastos de defensa en 2016 más de $ 68 millones; en 2017, los gastos llegaron casi $81 millones y en 2018, se gastaron alrededor de $64 millones. En este período, el régimen de Nicolás Maduro controlaba la filial de PDVSA en Estados Unidos. Pero en febrero de 2019, CITGO pasó al control de Juan Guaidó, y en ese año, los gastos por servicios legales subieron a casi $89 millones y hasta el presente van más de $102 millones. Las firmas que cobran en CITGO durante la gestión de Palacios y Jordá además de las mencionadas anteriormente, está Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP.
@maibortpetit
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