Parole in Place queda suspendido por decisión de juez federal

El programa “Parole in Place” (PIP) es una medida adoptada por la administración Biden, con el propósito de proporcionar un camino hacia la ciudadanía. Esta aplica para cónyuges de ciudadanos estadounidenses que se encuentran en situación migratoria irregular.

Este programa ofrecía una opción viable para que estos inmigrantes permanecieran en el país mientras procesaban sus solicitudes de residencia. Con esto evitaban la separación de las familias durante el largo y complicado proceso de regularización.

Originalmente, el proceso de obtención de la residencia legal requería que los solicitantes salieran del país, lo que a menudo resultaba en separaciones familiares prolongadas y en ocasiones dolorosas. Con la introducción del PIP, se quiso mitigar este problema permitiendo que los cónyuges permanecieran en Estados Unidos durante todo el procedimiento.

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A pesar de esto, varios estados liderados por fiscales generales republicanos, expresaron su preocupación sobre las implicaciones de esta política. Alegaron que el PIP podría incentivar la inmigración ilegal, ya que otorgaba beneficios significativos a aquellos que habían entrado al país sin la documentación adecuada.

Esta oposición culminó en una demanda presentada el pasado viernes, en la que 16 estados se unieron para impugnar el programa. Todos argumentaron que representaba una extralimitación del poder ejecutivo.

En medio de esta disputa legal, un juez federal de Texas ordenó una pausa temporal en la implementación del PIP. La decisión dejó en el limbo a muchas familias que ya habían comenzado a procesar sus solicitudes bajo esta nueva política.

Pausa judicial en el Programa

El juez J. Campbell Barker emitió la suspensión temporal del Parole in Place este lunes, respondiendo a la demanda presentada por los 16 estados. Esta orden bloquea la aceptación de nuevas solicitudes bajo el PIP por al menos dos semanas, añadiendo incertidumbre a las familias que esperaban beneficiarse de esta política.

En su fallo, Barker justificó la pausa señalando que las demandas contra el programa merecen una revisión más detallada antes de permitir que continúe su implementación. Aunque no es una decisión definitiva, esta suspensión causó preocupación entre los defensores de los derechos de los inmigrantes. Estos profesionales temen que este sea solo el primer paso hacia la eliminación completa del PIP.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha emitido un comentario oficial en respuesta a la suspensión. Según algunos defensores, varias familias ya habían recibido confirmación de la recepción de sus solicitudes antes de la pausa, pero ahora está en duda el futuro de sus procesos de regularización.

Karen Tumlin, fundadora y directora del Justice Action Center, criticó duramente la decisión del juez Barker, argumentando que “Texas no debería poder decidir el destino de cientos de miles de ciudadanos estadounidenses y sus cónyuges inmigrantes sin enfrentarse a su realidad”.

Consecuencias políticas y futuro del PIP

La demanda presentada por los 16 estados dejó claro que el PIP no solo es un tema de derechos de los inmigrantes, sino también una cuestión altamente politizada. Los estados que impugnan el programa acusan a la administración Biden de utilizarlo para obtener beneficios políticos.

Argumentan además que esta política ignora las prerrogativas del Congreso en la regulación de la inmigración.

Con la pausa temporal en vigor, el futuro del Parole in Place sigue siendo incierto. El fallo del juez Barker, aunque no es una decisión final, sugiere que el camino hacia la regularización para estos inmigrantes podría enfrentar aún más obstáculos.

La situación plantea una pregunta crucial: ¿Podrá la administración Biden defender esta política en tribunales, o la oposición política y legal acabará con una de las medidas más significativas para la protección de las familias inmigrantes en los últimos años?