Desde que se implantó en Cuba el totalitarismo castrista la Organización de Estados Americano, OEA, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, organismo autónomo de la entidad hemisférica, han emitido enjundiosos documentos sobre la realidad cubana, centrados siempre en la situación de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos de la Isla.
Por Pedro Corzo
No obstante, desde 1983, hace 37 años, la CIDH no presentaba un informe país sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, conducta que cesó en este 2020 al mostrar un reporte que incluye el período 2017-2019 en el que resume varios aspectos del escenario cubano.
Históricamente los documentos de la OEA como los del CIDH han sido invariablemente muy críticos con la dictadura insular.
Más severos que los pronunciamientos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en los que se aprecia que primero está la corrección política y los compromisos ideológicos, que los padecimientos de los pueblos oprimidos por sus gobiernos.
Esta diferencia tal vez radique en que mientras la CIDH está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un organismo intergubernamental compuesto por 47 estados supuestamente responsables de la promoción y protección de los derechos humanos, razón por la cual los informes de Naciones Unidas, salvo contadas excepciones, reflejan los intereses de los gobiernos que conducen esos estados y la convivencia entre los mismos.
El informe del CIDH sobre Cuba expone sus conclusiones sobre varios aspectos, entre ellos, “el embargo económico de Estados Unidos de América, la Constitución de 2019, la democracia representativa y los derechos políticos, la situación de personas defensoras de derechos humanos, la libertad de expresión y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”.
No está de más comentar que la dictadura no permitió la visita de los especialistas de la CIDH.
Históricamente el régimen ha rechazado el ingreso al país de relatores de organismo internacionales, lo que motiva, así lo explica el documento final, que los análisis sean el resultado de investigaciones y reportajes periodísticos presentados en diversos medios de prensa, tanto oficialistas como independientes, así como de organizaciones internacionales y de la sociedad civil, además de entrevistas directa con las personas afectadas o con defensores de los derechos humanos.
El resultado del informe es demoledor para la dictadura insular.
Destaca que continúan ausentes los elementos esenciales de una democracia representativa; que la existencia de un partido único, Partido Comunista Cubano, afecta los derechos políticos de los ciudadanos, y expresa su preocupación por las restricciones democráticas que implica la ausencia de pluralismo político y representatividad, además de manifestar inquietud por la falta de imparcialidad en la administración de la Justicia.
El documento dice que “Cuba sigue siendo el único país del Hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión” que se mantiene el patrón de monopolio del estado sobre los medios de comunicación y la prohibición de fundar medios privados, lo cual es incompatible con los estándares internacionales sobre libertad de expresión.
El documento señala que las disposiciones legales en asuntos relacionados con la Internet son sumamente restrictivas y ambiguas, y destaca la limitada conectividad de la población cubana. “Además, el bloqueo y censura de medios críticos, impiden seriamente el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, privacidad e intimidad en la red.
En general, en materia de libertad de expresión, se observa una grave discriminación por motivos políticos en el ejercicio de los derechos humanos a todo aquel que piense o quiera expresarse distinto al régimen socialista”.
Por supuesto que no falta la petición del cese del embargo económico a Cuba por parte del congreso de Estados Unidos, el documento dice bloqueo, sin embargo, aclara que el embargo no exime al estado cubano de cumplir con sus obligaciones internacionales, ni justifica sus violaciones a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Concluye el documento haciendo referencia a las condiciones de las cárceles cubanas y reclama que se garantice “el trato digno a las personas bajo custodia del Estado”.
