Aunque una densa nube de silencio se ha cernido sobre la situación en Nicaragua que desde abril copó titulares por la cruenta lucha de los cuerpos de seguridad de Daniel Ortega y la protesta civil, un grupo de trabajo de 12 países advirtió en la Organización de Estados Americanos que sigue recibiendo denuncias sobre desapariciones forzadas y secuestros en el país pese a que el gobierno asegura haber normalizado la situación.
Por: Redacción Miami Diario
“La situación en Nicaragua continúa generando gran preocupación, con una falta de acceso continua para observadores confiables de derechos humanos, un aumento de la represión sistemática y una retórica cada vez más hostil del gobierno hacia la población de Nicaragua y la comunidad internacional”, indicó el tercer reporte del grupo leído por el embajador alterno de Canadá, Francois Jubinville, durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA.
“Religiosos y estudiantes son arrestados, amenazados e intimidados de manera sistemática”, agregó el estudio.
Ortega ha acusado a la iglesia católica de integrar un “golpe de Estado” en contra de su gobierno.
El grupo de trabajo apuntó que si bien ha expresado la intención de realizar una “consulta nacional”, el gobierno nicaragüense “aún no ha mostrado la disposición de establecer las condiciones que legítimamente permitan ese proceso” ni tampoco “ha cesado la violencia y la represión contra quienes protestan”.
El diálogo nacional que Ortega sostuvo con la oposición y en el que la iglesia fungió de mediadora quedó interrumpido en junio, este tipo de estrategia de diálogos interrumpidos y nunca retomados, es muy conocida en Venezuela.
Los 12 países denunciaron que Managua continúa negando acceso a un mecanismo especial de seguimiento y un grupo de expertos independientes para Nicaragua instalados en junio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
De hecho, el gobierno de Nicaragua se negó a recibir en octubre a la presidenta de la CIDH, a pesar de que la jamaiquina Margarette May Macaulay había solicitado anticipadamente reuniones con funcionarios gubernamentales.
El grupo, conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú, había presentado un panorama similar cuando emitió sus primeros dos informes en septiembre y octubre.
Nicaragua respondió reiterando su postura de desconocer al grupo y cualquier medida emanada de su existencia.
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“Denunciamos que el objetivo de este grupo de trabajo es promover el terrorismo económico, político y social contra el pueblo nicaragüense”, dijo el embajador alterno Luis Alvarado.
Cancelación de ONGs
La OEA abordó la situación en Nicaragua el mismo día que el gobierno canceló la personalidad jurídica del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).
Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional, calificó el decreto como “otra maniobra represiva del presidente Daniel Ortega para tratar de encubrir las serias violaciones de derechos humanos que su gobierno ha perpetrado”.
Empresarios piden elecciones anticipadas
Por otra parte, empresarios nicaraguenses exigieron al gobierno de Daniel Ortega, poner en libertad a los presos políticos y convocar a elecciones anticipadas y libres.
En una carta abierta compartida en redes sociales, los empresarios reiteraron su posición ya antes expresada, e instaron que se ponga fin a la represión y se regrese al diálogo para buscar una solución política a la crisis
“A las puertas de la Navidad, Nicaragua no debería tener personas encarceladas por el hecho de ejercer sus derechos fundamentales. Está en sus manos que alcancemos la reconciliación en el país que se base en una verdadera cultura de paz y justicia en donde los resultados sean visibles para todos”, recomiendan los empresarios a Ortega en la misiva.
Las protestas, que comenzaron en abril cuando jubilados y estudiantes salieron a las calles en rechazo a los recortes en la Seguridad Social decretados por Ortega, han dejado más de 300 muertos y cerca de 400 detenidos.
El mandatario dio marcha atrás con la medida pero cuando las manifestaciones continuaron en reclamo de que se adelanten las elecciones presidenciales, Ortega dijo que planea finalizar su mandato en 2021.
El Fondo Monetario Internacional pronosticó en octubre que la inestabilidad política provocará que este año la economía de Nicaragua se contraiga 4%.
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