Para llevar a cabo una serie de actividades irregulares que supuestamente le habrían permitido enriquecerse de manera ilícita, el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, se valdría de varias personas, entre quienes se identifica a Alejandro José Márquez González, un contratista a través del cual presuntamente oculta una fortuna producto de operaciones y negociaciones irregulares con el estado venezolano dice una denuncia en nuestro poder, acompañada por una serie de pruebas verificadas.
Por Maibort Petit
Uno de estos contratos correspondería a la construcción de las denominadas Ciudades Socialistas, un proyecto implementado por el gobierno venezolano en lo que la administración chavista llama Plan de la Patria y en el que intervienen los ministerios de Vivienda y Hábitat, el de Planificación y el de Ecosocialismo y Aguas, bajo las directrices de Nicolás Maduro.
La denuncia indica que en este proyecto, “Márquez González participó con sus empresas Inversora Parque Central y Metroconcreto entre los años 2010 y 2012, compañías estas a las que les fueron asignados presupuestos millonarios sustentados en contratos suscritos con sobreprecios”.
Sobre este particular, se agrega que “a estas empresas y las pocas constructoras que tenían acceso al proyecto oficialista, el trabajo les era asignado así como el cemento, cuya distribución estaba a cargo de Cemex, una firma controlada [supuestamente] por Natacha Castillo, esposa de Elías Jagua —la pareja mantiene una estrecha relación con Márquez— convirtiendo el programa de Ciudades Socialistas en un coto en el que sólo un grupo selecto de empresarios simpatizantes del oficialismo tenía participación. Esta “sociedad” también le habría permitido a Márquez González tener participación en 2013 en la construcción del IPSFA, el Centro Comercial de la Fuerza Armada Nacional”.
En el informe de Memoria y Cuentas del Ministerio de la Defensa correspondiente al 2014 y firmado por se reconoce la alianza comercial entre Metro Centro, Metro Concreto y CAVIN, haciendo referencia -inclusive- a una reunión sostenida con Alejandro Márquez en marzo de 2014 para concretar los negocios.
Los negocios con Comité Local de Abastecimiento y Producción
Igualmente, a nuestra mesa de redacción llegó un paquete de documentos que muestran el papel que Alejandro Márquez González juega en el negocio de la distribución de alimentos a través del programa Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) en los años 2014 y 2015, periodo en el que trabajó junto al Mayor General Giussepe Yoffreda a cargo para la fecha de la empresa estatal Venezolana de Exportaciones e Importaciones C.A. (Veximca) y de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) a la que la primera está adscrita.
Habría sido Yoffreda quien instó que este programa se asignara a empresas fuera del país, como un mecanismo para evitar la contraloría y evitar sanciones por las irregularidades que el mismo tienen lugar en su seno. Fuentes consultadas refieren que esta dupla —Márquez y Yoffreda— se habrían valido de su relación con Vladimir Padrino López para sacar provecho de los contratos asignados por vía del militar y que representan,[presuntamente] cuantiosas comisiones y divisas obtenidas para la importación de alimentos. La fuente asegura que “Márquez y Yoffreda incrementaban hasta en tres veces el valor de los contratos y solicitudes de moneda extranjera”.
Otra de las empresas de Alejandro Márquez González, vehículo para las negociaciones irregulares presuntamente es, según señala el documento, “Metroacero de Venezuela C.A, compañía que en apariencia comercial con derivados de acero —industria quebrada en Venezuela— pues, en realidad su verdadera actividad sería la extracción y el comercio de oro”. Una fuente consultada indica que “esta empresa en la que Márquez González figura como representante legal, es propiedad de Vladimir Padrino López y el general de brigada, Julio Morales”.
Metroacero sería simplemente una empresa de fachada que a través de una gran inversión en publicidad y labores sociales[1], distrae de su verdadero objetivo en el área de la minería, refiere la fuente basándose para ello en el supuesto testimonio del jefe de escoltas de la empresa —a quien no identificó— hasta junio de 2017. El centro de operaciones de estas actividades sería la ciudad de Puerto Ordaz, a la que acude frecuentemente Alejandro Márquez a supervisar que todo se cumpla según las directrices de Padrino López.
Otra fuente consultada para esta nota refiere que Alejandro Márquez al parecer se encuentra solicitando una Visa de Inversión en España —petición formulada entre noviembre de 2018 y enero de 2019—con lo que trasladaría desde Estados Unidos a la nación ibérica su dinero producto de la venta de varias propiedades en Miami, Florida, así como de las comisiones obtenidas por vía de sus negocios irregulares con el gobierno de Venezuela. Ante las autoridades españolas se presenta con un honesto empresario cuya fortuna proviene de sus ganancias en Industrias Metroacero.
El dinero de Márquez González tiene depositados sus haberes en la Banca Privada del Grupo Santander y cuenta con el asesoramiento de la firma española con sede en Miami, Dragus Capital. Aunque alega que vive en el estado de la Florida, la verdad es que no le habrían renovado su visa, con lo cual estaría cometiendo una nueva irregularidad al ofrecer información falsa ante las autoridades de España.
Cabe destacar que el periodista investigador, Casto Ocando, refirió a través de su cuenta en la red social Twitter, que Márquez González está siendo objeto de investigaciones y demandas en España. El señalado habría alegado —de acuerdo al comunicador— que su residencia es en Miami, Estados Unidos, lugar donde ha adquirido varias propiedades[2].
En tal sentido, nuestras fuentes de información alertan acerca de la necesidad de que España tome cartas en el asunto e impida que nuevamente Alejandro Márquez González se salga con la suya y se haga de un nuevo lugar en el que disfrutar de su fortuna mal habida. Hacen también un llamado a que se congelen sus fondos en la Banca Privada del Grupo Santander, por ser un dinero supuestamente proveniente de la corrupción.
