Florida endurece penas para inmigrantes indocumentados que cometan delitos

El pasado 13 de Febrero Florida dio un nuevo paso en cuanto al endurecimiento contra la inmigración ilegal. El gobernador firmó un nuevo paquete de leyes que agravan las penas para delitos cometidos por personas en situación irregular. Por ejemplo, un ciudadano estadounidense podría enfrentar hasta un año de cárcel por un robo menor. En cambio, un indocumentado se arriesga ahora a pasar hasta 5 años tras las rejas o pagar una multa cinco veces mayor por el mismo delito.

La medida generó reacciones encontradas en la región. Por un lado está el gobierno estatal defendiendo su efectividad, y por el otro las organizaciones de derechos civiles, alertando sobre su inconstitucionalidad.

Estas normativas (SB-2C y SB-4C) llegan justo cuando el presidente Trump intensificó su cruzada contra la inmigración ilegal a nivel nacional. En Florida, el gobernador Ron DeSantis adoptó una línea aún más estricta, asegurando que el estado será “más seguro” y que su modelo inspirará a otros.

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Sin embargo, este endurecimiento va más allá de delitos menores. De hecho, alcanza incluso los casos de asesinato en primer grado. En estos la pena de muerte se convierte en obligatoria para los acusados que se encuentren sin estatus legal en el país.

Las leyes pueden ser impugnadas | Foto Lingey Injury Law Firm – Unsplash

La constitucionalidad de estas medidas ya está en tela de juicio. Agravar las penas basándose en el estatus migratorio podría chocar con la garantía de igualdad de protección de la 14ª Enmienda de la Constitución. Así lo aseguran los expertos en derecho.

En particular, la pena de muerte obligatoria entra en conflicto con precedentes de la Corte Suprema. El organismo ha rechazado este tipo de castigo automático en el pasado. A pesar de ello, los legisladores que impulsaron la reforma confían en que el actual tribunal reconsidere su postura.

Florida no es el único estado explorando este tipo de legislación. Otros, como Texas, Idaho y Carolina del Sur, están evaluando proyectos de ley similares.

Penas más severas para inmigrantes indocumentados

Las nuevas disposiciones de Florida elevan significativamente las penas para el grupo señalado de inmigrantes, incluso si se trata de delitos menores. Un robo simple, que normalmente conllevaría hasta un año de prisión y una multa de $1,000, ahora podría significar cinco años de cárcel y una sanción de $5,000. Claro, esto si el acusado no tiene estatus legal en el país.

La ley también endurece las condenas para quienes hayan sido deportados previamente y reincidan en delitos dentro del estado.

Earlier this month, I signed landmark legislation making Florida the model for states in helping the Trump Administration combat illegal immigration. At my direction, all of our state law enforcement agencies have entered 287(g) agreements with ICE to help our federal partners… pic.twitter.com/162xEEH23I

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) February 27, 2025

Los legisladores republicanos justifican estas medidas como un método de disuasión. “No vengan ilegalmente al estado de Florida”, declaró el representante estatal Lawrence McClure. Destacó que la intención es reducir la presencia de inmigrantes sin documentos a través de sanciones más estrictas.

Aún así, los críticos argumentan que estas leyes criminalizan aún más a una población ya vulnerable. Además, podrían dar lugar a discriminación y violaciones de derechos constitucionales.

¿Pena de muerte obligatoria?

Uno de los aspectos más controvertidos de la legislación de Florida es la pena de muerte obligatoria para inmigrantes indocumentados que cometan delitos capitales. Estos son asesinato en primer grado o violación infantil.

Aunque la administración de Donald Trump promovió esta idea a nivel federal, la historia legal de Estados Unidos muestra un precedente en contra.

Pena de Muerte | Foto Diario Las Americas

Desde 1976, la Corte Suprema ha dictaminado que las penas de muerte automáticas violan la prohibición de castigos crueles e inusuales establecida en la Constitución. En ese sentido, expertos en derecho advierten que la ley de Florida podría ser declarada inconstitucional si llega a los tribunales.

A pesar de esto, los legisladores republicanos que impulsaron la medida creen que el actual tribunal podría reconsiderar su postura. “Han pasado casi 50 años”, dijo el senador estatal Randy Fine, confiado en que el fallo anterior podría ser revertido.

El futuro de este nuevo paquete de normas es aún incierto. Como las anteriores, su habilitación y entrada en vigencia depende de los tribunales federales a los cuales se someta su validez.