El gobierno de Estados Unidos volvió a endurecer su estrategia migratoria. Esta vez, el foco no apunta únicamente a los migrantes indocumentados, sino también a los abogados de inmigración que participan en procesos de asilo.
Un nuevo memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ordena a ICE reforzar las acciones contra quienes presenten solicitudes consideradas fraudulentas.
La medida forma parte de la ofensiva migratoria impulsada por el presidente Donald Trump. El mandatario ha insistido en acelerar deportaciones y reducir el número de personas que permanecen en el país mientras esperan una respuesta migratoria.
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La administración sostiene que muchas peticiones de asilo se presentan sin fundamentos reales y terminan saturando el sistema judicial.
El anuncio también llega en un momento crítico para las cortes de inmigración. Estados Unidos acumula millones de casos pendientes y Florida lidera la lista de estados con mayor retraso.

Florida es el estado con más casos acumulados | Foto creada con IA
La situación mantiene a miles de familias atrapadas en largos procesos legales que pueden tardar años en resolverse.
Acciones agresivas contra el fraude
El memorando, fechado el 26 de mayo, salió de la oficina del asesor jurídico general del DHS, James Percival. El documento instruye a los abogados de ICE a desarrollar “políticas antifraude” para aplicar con más fuerza las leyes federales relacionadas con fraudes migratorios.
Según el texto citado por CBS News, la directriz busca evitar que algunos abogados presenten casos de asilo sin pruebas suficientes o con argumentos inventados.
El gobierno considera que esta práctica se volvió común en ciertos procesos migratorios.
Según el documento, algunos representantes legales alegan que “prácticamente todo inmigrante indocumentado” enfrenta persecución en su país de origen por razones políticas, religiosas o sociales. El DHS sostiene que muchos de esos argumentos no cumplen con los requisitos legales del asilo.

Los abogados no pueden presentar casos que no hayan revisado a profundidad | Foto: Freepik
¿Castigarán a los abogados?
Aunque la orden no crea nuevas sanciones penales contra abogados, sí abre la puerta a un uso más agresivo de herramientas administrativas ya existentes. ICE podría aumentar investigaciones internas, revisar expedientes y tomar medidas disciplinarias o legales contra quienes detecte involucrados en solicitudes falsas.
La decisión también aumenta la presión sobre los abogados de inmigración. La semana pasada, la administración Trump anunció otra medida que obligará a ciertos inmigrantes a salir del país para tramitar la residencia permanente, conocida como “green card”.
Ese cambio altera estrategias legales que durante años permitieron completar procesos dentro de Estados Unidos.

Tarjeta de Residencia Permanente | Foto Freepik
Florida, el estado con más retrasos en casos de asilo
Las cortes de inmigración en Estados Unidos enfrentan una fuerte acumulación de casos. Según la organización TRAC, hasta marzo existían más de 3,2 millones de expedientes pendientes y más de 2,3 millones corresponden a solicitudes de asilo. Muchos migrantes esperan años por una audiencia y algunos procesos podrían tardar hasta una década.
El gobierno federal intenta aliviar el atraso con la contratación de más jueces migratorios. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración ya suma cerca de 700 magistrados activos y este año fiscal incorporó 153 jueces permanentes, la cifra más alta registrada por la agencia.
Florida lidera el retraso a nivel nacional con más de 518.000 casos pendientes. Entre las comunidades con más solicitudes acumuladas destacan cubanos, haitianos, venezolanos, nicaragüenses y guatemaltecos.
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