Demandarán a DeSantis por Ley de Inmigración en Florida

Con la entrada en vigor de la Ley contra la inmigración ilegal en Florida (SB-1718), la preocupación sigue creciendo entre la población de indocumentados que trabajan en el estado. Esta normativa fue catalogada por varias organizaciones de derechos civiles, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), como la más dura del país.

En los tres primeros días de julio, hubo dos protestas, específicamente en Homestead y Fort Lauderdale, en contra de estas medidas implementadas que pone en riesgo los derechos de los migrantes indocumentados. Ante esto, cuatro organizaciones civiles presentarán una demanda contra la SB1718, basada en la sección 10. Allí se convierte en un delito de tercer grado el transporte hacia Florida de migrantes no inspeccionados en la frontera.

El caso representará a varias personas afiliadas a la Organización de Trabajadores Agrícolas de Florida.

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Katte Melloy Goettel, representante del American Inmigration Council, señaló que están luchando contra estas “leyes antiinmigrantes e inconstitucionales”.

“Una de las cosas que trata de hacer es ocupar el lugar del gobierno federal que siempre ha estado a cargo de las políticas de inmigración. Lo que intentan hacer es sustituir el rol del gobierno federal y eso es ilegal e inconstitucional”, indicó Melloy a medios locales.

📢 Florida’s anti-immigrant law fuels fear and hostility. Along with @splcenter @ACLUFL @Am4ImmJustice we’ll file a lawsuit to ensure the fundamental rights and dignity of every individual in the state — regardless of their immigration status. https://t.co/fI5ePSwEpn

— American Immigration Council (@immcouncil) July 1, 2023

Demanda contra DeSantis

La representante adelantó que la demanda será concretamente en contra del gobernador Ron DeSantis por violar derechos fundamentales de las personas en el estado.

En la legislación obligan a las empresas con 25 empleados o más, a usar el sistema E-Verify, para invalidar licencias de conducción e identificaciones emitidas en otros estados a migrantes no autorizados.

Además, los hospitales que aceptan el seguro médico público (Medicaid) tendrán que preguntar y registrar si sus pacientes son residentes legales o no.

“Desafortunadamente estas medidas son muy perjudiciales para las comunidades de inmigrantes y no queremos que las personas vivan con miedo ni que otros estados se sumen a adoptar políticas ilegales como esta”, añadió Melloy.

Hasta el momento no hay una fecha definida o un distrito acordado para la presentación en corte de la demanda. Sin embargo, prevén que se realice esta semana.