Los jubilados, personas con alguna discapacidad o sobrevivientes de empleados fallecidos que cobren el Seguro Social en Estados Unidos reciben sus beneficios económicos puntualmente por parte del gobierno.
Sin embargo, de un tiempo para acá algunos políticos y miembros de la sociedad civil han sacado a la luz una propuesta para privatizar parte o la totalidad del sistema de Seguridad Social.
El principal factor para este planteamiento es que el programa podría quedarse sin fondos y el sector privado podría ayudar a subsanar este problema si llegara a ocurrir.
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Actualmente, los fondos se transfieren del gobierno a entidades privadas, como compañías de seguros o fondos de inversión. La propuesta es que los trabajadores tengan la opción de invertir sus contribuciones en cuentas individuales. Esto les permitiría aumentar su capacidad de ingresos en la jubilación, reseñó el portal especializado Solo Dinero.
Uno de los planteamientos para pedir la privatización del Seguro Social es que le daría el control a los trabajadores sobre sus fondos de jubilación. Los empleados podrían elegir sus propias inversiones en su cuenta del Seguro Social.
Beneficios de la privatización
De acuerdo con Transamerica, el ahorro de la mayoría de los estadounidenses no es suficiente para su jubilación. En un estudio del año 2021, se reveló que los trabajadores solo habían guardado en promedio 67,000 dólares anuales para sus años de retiro.
Con la privatización, el hábito de ahorro permitiría se invirtiera más dinero para sus años futuros.
Las contribuciones colocadas en el mercado de valores generarían mayores rendimientos a largo plazo. Esto aumentaría el valor de las cuentas de jubilación.
Preocupaciones sobre la propuesta
A pesar de los beneficios que podría generar la privatización, surgen algunas preocupaciones y riesgos para los trabajadores.
Uno de ellos es la volatilidad del mercado de valores. Con los altibajos de los mercados financieros si se invierten los fondos y sufren pérdidas, ponen en riesgo la seguridad económica de la jubilación.
También mencionan que esta propuesta podría desencadenar una segmentación del sistema. Es decir, aquellos empleados con mayores ingresos y conocimientos financieros podrían beneficiarse más de la privatización.
Los que obtengan ingresos más bajos podrían presentar problemas para administrar sus cuentas de inversión. Esto no les garantizaría un retiro adecuado.
Si se implementa la privatización, se perdería la garantía de un nivel mínimo de beneficios para los trabajadores elegibles. Las personas mayores se quedarían sin la seguridad de no caer en la pobreza.
Además, hoy en día el Seguro Social también brinda pagos para los ciudadanos de bajos recursos o discapacitados. Con una posible privatización, los legisladores tendrán que establecer reglas muy claras sobre cómo se darían los beneficios a estas personas.
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