El anuncio de la eliminación de restricciones para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) realice detenciones en lugares sensibles, como escuelas, desató una ola de preocupación en Florida. Padres, estudiantes y personal educativo enfrentan el reto de adaptarse a un panorama incierto para la vida escolar.
Hasta hace poco, una directiva de 2011 protegía a las escuelas, iglesias y hospitales de la intervención directa de ICE. La revocación de esta medida provocó que los distritos escolares del estado actúen para definir protocolos que permitan proteger a sus comunidades educativas.
En condados como Miami-Dade, Brevard, Orange y Osceola, los rumores sobre posibles intervenciones de ICE ya están generando tensión. Aunque las autoridades han desmentido reportes sobre arrestos en campus, el ambiente de preocupación persiste.
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La detención reciente de un maestro en las inmediaciones de una escuela en Miami-Dade subraya la seriedad del problema. Este hecho motivó a otros distritos a reforzar sus medidas de seguridad.
En ese sentido, distintas organizaciones civiles y educativas comenzaron a ofrecer información a estudiantes y familias sobre sus derechos frente a posibles detenciones.

ICE | Foto de archivo
Protocolos en las escuelas
Los distritos escolares de Florida desarrollaron directrices claras para manejar la llegada de agentes de ICE a los campus. En general, los agentes deben identificarse mediante credenciales oficiales como placas, ID con fotografía o tarjetas de presentación.
En condados como Brevard, también se exige que los agentes firmen al ingresar y salir de las instalaciones.
Por su parte, en Orange y Osceola van un poco más allá. En estos distritos exigirán una orden judicial o citación válida si los agentes desean acceder a registros estudiantiles. Estas medidas buscan proteger la privacidad de los estudiantes y evitar acciones arbitrarias.

Escuelas de Florida | Foto Freepik
Derechos de los estudiantes
Un punto especialmente delicado es la posibilidad de que ICE solicite entrevistar a estudiantes dentro del campus. En estos casos la sugerencia es una política de consentimiento. Es decir, los administradores deben obtener permiso de los padres antes de permitir que un menor hable con los agentes.
Sin embargo, si las autoridades instruyen que no se contacte a los padres, el personal escolar debe acatar la orden.
En la mayoría de los casos, se permite que un administrador esté presente durante la entrevista, aunque ICE puede negar esta solicitud. Si esto ocurre, los empleados deben abandonar la sala.
En cuanto a detenciones, los protocolos varían entre condados. Mientras en la mayoría se exige la notificación inmediata a los padres, en Brevard esta responsabilidad recae directamente en las autoridades.

Estudiantes de Florida | Foto Pexels
En los condados de St. Lucie y Osceola, las directrices permiten que las autoridades soliciten a los empleados escolares que no informen a los padres sobre un arresto. Para estos casos, los empleados deben documentar las instrucciones recibidas y, en el caso de St. Lucie, notificar al departamento legal del distrito. En Osceola, cualquier consulta de los padres debe ser remitida directamente a las autoridades.
Qué deben hacer los estudiantes inmigrantes
A pesar de la situación actual, los estudiantes inmigrantes mantienen derechos fundamentales. Un fallo judicial de 1990 establece que los distritos escolares no pueden preguntar sobre el estatus migratorio al momento de la inscripción. Tampoco negar servicios educativos basándose en dicha condición, ni referir a los estudiantes a ICE.
Organizaciones como el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) recomiendan que las familias conozcan y ejerzan sus derechos. Sugieren también:
– Portar pruebas de residencia de al menos dos años en el país.
– No responder preguntas sobre el estatus migratorio sin un abogado presente.
– Evitar firmar documentos sin asesoría legal.

Las autoridades escolares buscan proteger a la comunidad estudiantil | Foto CBS
El impacto de las políticas de inmigración se extiende al personal educativo. Aunque no se han emitido directrices específicas sobre cómo proceder si un maestro es arrestado, algunos distritos, como St. Lucie, Volusia y Seminole, advirtieron a sus empleados que deben cumplir con las órdenes de las autoridades. La idea detrás de esta sugerencia es que eviten consecuencias legales adicionales, como cargos por obstrucción de la justicia.
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