La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC por sus siglas en inglés) se pronunció en contra del reciente acuerdo entre las Grandes Ligas de Béisbol (MLB por sus siglas en inglés) y el gobierno cubano, que permitiría a los jugadores cubanos salir de Cuba a cambio de pagos directos al gobierno.
Por Redacción MiamiDiario
FHRC pide a la administración Trump que rechace este acuerdo, que perpetúa el dominio que Castro mantiene sobre la vida y derechos de los cubanos.
“Si bien el acuerdo entre el comisionado y Cuba fue diseñado supuestamente para eliminar el contrabando de personas, en realidad da al gobierno cubano más control para exportar a su gente mediante un explotador ardid de trata de personas. Este acuerdo empodera al gobierno cubano, no a los peloteros”, declaró Juan Antonio Blanco, Director Ejecutivo de la FHRC.
El mes pasado, MLB anunció un acuerdo con el gobierno cubano que busca poner fin a que los peloteros cubanos deserten para jugar en el extranjero y que a su vez el régimen cobre por permitir que éstos salgan de Cuba. Las negociaciones entre MLB y el régimen de Castro comenzaron durante los esfuerzos del gobierno de Obama por normalizar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
“Las Grandes Ligas de Béisbol tienen un desconocimiento fundamental de cómo funciona el gobierno cubano cuando afirman que ‘literalmente la única razón por la que estamos llegando a este acuerdo es para tratar de poner fin al tráfico de jugadores cubanos”, añadió Blanco.
El presidente Trump ha dejado claro que el fundamento de su política hacia Cuba es apoyar al pueblo cubano y negar recursos al régimen, que los ha oprimido durante seis décadas. El gobierno posee y controla todas las instituciones oficiales en Cuba, incluida la Federación de Béisbol, liderada por un hijo de Fidel Castro, que actuaría como intermediaria para los contratos de los jugadores.
“El pueblo cubano no es propiedad de ningún gobierno. Esta es una parodia de derechos humanos que solo valida y perpetúa la atroz política del régimen cubano de tratar a los ciudadanos cubanos como propiedad del estado”.
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