La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) advirtió que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EEUU y sus agencias de aduanas, protección fronteriza y control migratorio han realizado “compras masivas de datos de ubicación” de celulares de ciudadanos sin orden judicial.
Los archivos, obtenidos por ACLU el año pasado, a través de una demanda en curso de la Ley de Libertad de Información (FOIA), “arrojan más luz sobre la capacidad del gobierno para obtener nuestra información más privada simplemente abriendo la billetera federal”, afirmó la organización en un blog.
BREAKING: The Department of Homeland Security is quietly buying and using huge volumes of our cell phone location data to track us without a warrant — and we just dropped DHS records showing how they’ve been trying to dodge our right to privacy. https://t.co/mq3RotZIEU
— ACLU (@ACLU) July 18, 2022
En 2020 The Wall Street Journal ya informó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EEUU compraron sin orden judicial datos para acceder a la ubicación confidencial de ciudadanos, reportó DiariolasAmericas.
ACLU presentó una demanda para obligar a las agencias a brindarle información
A raíz de esta publicación, ACLU presentó una demanda para obligar a las agencias a brindarle información.
Los archivos demuestran que el DHS usó “millones de dólares de los contribuyentes (…) para comprar acceso a la información de ubicación de teléfonos celulares” de ciudadanos -estadounidenses y extranjeros- a través de datos que le vendieron las empresas Venntel y Babel Street, añadió.
Según la ACLU, se compraron “cantidades masivas” de información a pesar de que la Corte Suprema de Estados Unidos protege los datos de ubicación de teléfonos móviles contra el acceso del gobierno sin una orden judicial.
“La Corte Suprema ha dejado claro que debido a que el historial de ubicación de nuestro teléfono celular revela muchas privacidades, merece la protección total de la Cuarta Enmienda”, afirmó Nathan Freed Wessler, de la ACLU, en un comunicado publicado este lunes.
Cuarta Enmienda a la Constitución de Estados Unidos
La Cuarta Enmienda a la Constitución de Estados Unidos protege a los ciudadanos de registros y aprehensiones arbitrarias.
Según Shreya Tewari, también de la ACLU, los archivos demuestran que el gobierno ha intentado “lavarse las manos de cualquier responsabilidad en la compra” de datos en los casos en los que hubiera necesitado una orden judicial.
La organización de la defensa de las libertades civiles estima que estos documentos son “una prueba más” de que el Congreso necesita aprobar una ley que ponga fin a esta práctica.
El martes el Comité Judicial de la Cámara de Representantes examinará el acceso del gobierno a los datos personales de los estadounidenses.
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