El PSOE y la agrupación Unidas Podemos han logrado formar un Gobierno que les permitirá capitanear España durante los próximos cuatro años. Y lo han hecho bajo la fórmula de una coalición formada por un partido socialista-marxista y una formación de inspiración comunista de extrema izquierda, sin precedente desde la Transición democrática.
Por Juan Carlos Sánchez
Tras casi un año de parálisis política, ambas formaciones con el respaldo de los votos de PNV, BNG, Nueva Canarias, Más País, Compromís, Teruel Existe y las abstenciones de ERC y Bildu, han dado el visto bueno para que Pedro Sánchez -economista de dudosa reputación- presida un ejecutivo tutelado por intereses separatistas y caracterizado por un claro mensaje rupturista contra el orden constitucional, y de rechazo a la unidad de España.
La incertidumbre que genera esta experiencia política es enorme. Parece evidente que España se encamina por una senda de retroceso con una subida alevosa de los impuestos, incremento del gasto público y recorte de las libertades individuales bajo determinados pretextos ideológicos.
El primer anuncio de Sánchez durante su discurso de investidura ha sido que quiere “retomar la senda de la política dejando atrás la judicialización del conflicto”. Una frase que es toda una declaración de intenciones, cuando en realidad desde que asumió la presidencia del país tras la moción de censura a Rajoy, su gobierno ha utilizado todo tipo de intimidación a los jueces para posibilitar la rendición del Estado de Derecho ante los golpistas del separatismo catalán.
Recientemente, el histórico dirigente socialista, Alfonso Guerra, ha mostrado su preocupación ante el hecho de que “la gobernación de España quede en manos de gente que no tiene responsabilidad”. Se refería a la coalición perpetrada entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, cautiva de los apoyos de partidos separatistas como ERC y de Bildu, brazo político de la organización terrorista ETA.
Para Guerra, exvicepresidente del Gobierno con Felipe González y uno de los hombres que ha marcado la política española desde la Transición, resulta “escalofriante” que un 35% de los miembros de la Cámara no acate la Constitución. Y ha ido más allá al considerar que estos partidos separatistas o populistas de izquierda preparan un Golpe de Estado encubierto, bajo la mirada cómplice de Sánchez.
Es cierto que no es la primera vez que una coalición de izquierda entra en el gobierno de España, pero en esta tercera ocasión lo hace con una alarmante particularidad. Aunque no ocupe la mayoría de las carteras, la agrupación comunista de corte bolivariano, Unidas Podemos, tendrá en sus manos el ministerio de Igualdad que ocupará la esposa de Iglesias -Irene Montero-, Trabajo, Universidades y Consumo, este último a cargo del taimado líder comunista, Alberto Garzón, quien hace unos días borró de su cuenta de Twitter un mensaje donde elogiaba el “modelo de consumo” de la dictadura cubana.
Y además su líder Pablo Iglesias, secretario general de Podemos y que cuenta con el apoyo de regímenes totalitarios como el de Venezuela e Irán, asumirá la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030, asegurando que su partido entre el Consejo de Ministros.
Para completar el panorama político, la coalición tendrá que gobernar con una condicionada minoría, la más exigua desde que España volviera a celebrar elecciones democráticas tras la muerte del general Francisco Franco, sujeta a las exigencias de agrupaciones carroñeras y separatistas como ERC, cuyo líder Oriol Junqueras, está en prisión a la espera de su restitución para convertirse en eurodiputado.
Si bien Sánchez ha tratado de tranquilizar a la opinión pública española, a los mercados y a sus socios europeos con que “no se va a romper España ni la Constitución”, no es posible desligarse del talante ni de las declaraciones de algunos de compañeros de viaje que lo han llevado a La Moncloa.
En su primera entrevista en la prensa después de la investidura de Pedro Sánchez, Iglesias ha manifestado que la Eurocámara debería actuar contra el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch, por un tuit en el que opinaba que, en España llegado su momento, podría aplicarse el artículo 8 de la Constitución, que establece que las Fuerzas Armadas “tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España”.
“Pablo Iglesias no ha tomado todavía posesión de su cargo como vicepresidente y ya muestra su cara más comunista”, ha respondió el eurodiputado. “Así empezó el Gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, atacando a los que opinan distinto”, añadió.
Por su parte, Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, después de que le entregara sus votos a Sánchez ha amenazado a Sánchez con volar la investidura si no se cumple con lo prometido al separatismo.
Sánchez ha elegido, sin dudas, unos facinerosos camaradas de Gobierno. Pero él mismo en sí genera muchas dudas a la sociedad española, sobre todo por sus continuos vaivenes en los que el líder socialista ha actuado únicamente en función de sus intereses personales, no de sus principios ni de su ideología que en verdad nadie conoce.
Si la calidad democrática de un país se mide por la libertad de expresión y el respeto a las instituciones, la naturaleza democrática de un partido político se valora según el acatamiento que manifieste hacia el Estado de derechos en el que se enmarca.
La sociedad española eligió ponerse en manos de esta coalición y debe ser consciente de la suerte que le espera si sus ciudadanos decidieran oponerse a las políticas que defienden Iglesias y Rufián, con sus chantajes continuos a Sánchez, similar a las que sufren los ciudadanos e instituciones venezolanas o catalanas que han decidido defender la democracia del autoritarismo de Maduro y de los separatistas.
Las instituciones democráticas españolas, el Rey como Jefe de Estado y muy especialmente la oposición, deben supervisar que este Gobierno populista respete los principios de la convivencia democrática por el bien, sobre todo, de los españoles.
(*) Analista y consultor.
