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Juez en Florida anuncia que su fallo sobre el voto de expresidiarios será aplicada para todos

El juez federal Robert Hinkle dictaminó que la decisión que tome a finales de mes sobre el derecho al voto de 17 expresidiarios que demandan al estado será aplicada a todos, unos 430.000 ciudadanos que aguardar por una solución. Redacción MiamiDiario La decisión amplía drásticamente el impacto del próximo juicio sobre la Enmienda 4, que […]

Por Allan Brito
Juez en Florida anuncia que su fallo sobre el voto de expresidiarios será aplicada para todos
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El juez federal Robert Hinkle dictaminó que la decisión que tome a finales de mes sobre el derecho al voto de 17 expresidiarios que demandan al estado será aplicada a todos, unos 430.000 ciudadanos que aguardar por una solución.

Redacción MiamiDiario

La decisión amplía drásticamente el impacto del próximo juicio sobre la Enmienda 4, que restableció los derechos de voto de los delincuentes. 

La enmienda histórica aprobada por los votantes en 2018 restauró el derecho de voto a casi todos los delincuentes que completaron “todos los términos de la sentencia”.

Pero un proyecto de ley aprobado más tarde por la Legislatura y firmado por el gobernador Ron DeSantis requería que los delincuentes pagaran todas las tarifas ordenadas por el tribunal, multas y restitución a las víctimas antes de que pudieran registrarse.

Debido a ese proyecto de ley, que se convirtió en ley el año pasado, se cree que al menos 430,000 delincuentes no pueden registrarse hasta que paguen sus obligaciones, según un cálculo que Hinkle citó. Algunos de ellos han demandado en un tribunal federal, alegando que las acciones de la Legislatura crearon un “impuesto de votación”.

La decisión de Hinkle fue elogiada el miércoles por el creador de la Enmienda 4, quien decidió no involucrarse en la demanda.

“Esta decisión representa una gran victoria en la lucha para restablecer los derechos de voto de los ciudadanos que regresan de la Florida“, dijo Desmond Meade, director ejecutivo de la Coalición de Restauración de los Derechos de la Florida, en un comunicado. “Nos complace que el tribunal parezca ser coherente al colocar a las personas por encima de la política, que es el enfoque que hemos mantenido desde el comienzo de nuestra campaña de la Enmienda 4″.

El caso se ha convertido en uno de los casos de derechos de voto más destacados del país, y el fallo del martes es el último revés para DeSantis y el funcionario que designó para supervisar el sistema electoral de Florida, la Secretaria de Estado Laurel Lee. Ambos son acusados ​​en los juicios sobre la ley de 2019.

Más de una docena de delincuentes que no podían pagar sus obligaciones de inmediato demandaron a DeSantis, representado por grupos liderados por la Unión Americana de Libertades Civiles.

Hinkle ya ha dictaminado varias veces a favor de los delincuentes, una indicación de que finalmente los apoyará en el juicio, que está programado para el 27 de abril. Hinkle dictaminó el año pasado que era inconstitucional impedir que los delincuentes votaran si no podían pagar sus obligaciones financieras, y ordenó que se permitiera a los 17 demandantes votar.

Cuando DeSantis apeló la orden judicial, la decisión de Hinkle fue confirmada por la Corte de Apelaciones del 11º Circuito de EE. UU. DeSantis solicitó un fallo de seguimiento por parte de todo el tribunal. Sus abogados y algunos legisladores esperaban que el tribunal otorgara la solicitud, pero eso también fue denegado.

El caso estaba programado para ir a juicio esta semana antes de que el coronavirus retrasara el caso. Las preocupaciones sobre el distanciamiento social ahora tienen a Hinkle considerando realizar el juicio electrónicamente, algo a lo que se oponen los funcionarios estatales.

Durante una audiencia la semana pasada, Hinkle reprendió a los funcionarios de Florida por no crear ninguna forma de verificar si los delincuentes son demasiado pobres para votar. Tales métodos podrían ser tan simples como exigir a los delincuentes que completen un formulario de divulgación financiera, que es similar a lo que hacen los acusados ​​cuando solicitan un defensor público en un caso penal.

Con información de Diario Las Américas

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