Casi cuatro millones de no ciudadanos estadounidenses son impactados por la regla de carga pública, aunado a que más de 200,000 empresas de inmigrantes se verían afectadas por esta norma aplicada por Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), según datos de Nueva Economía Americana, reportó una nota de La Opinión.
Por Redacción MiamiDiario
La principal preocupación de activistas y defensores de inmigrantes que buscan la Residencia Permanente y, eventualmente, la ciudadanía, es que esas personas estuvieran en mayor riesgo durante la pandemia de COVID-19 por temor a la política del Gobierno del presidente Donald Trump, que castiga a quienes hayan solicitado algún apoyo social, como cupones de alimentos, Medicaid y ayuda para vivienda.
Su inquietud tuvo eco en una Corte de Distrito de Nueva York, donde el juez George Daniels, reconoció las dificultades para los inmigrantes, ya debían decidir entre atender una emergencia causada por coronavirus o evitar solicitar ayuda por miedo a ser castigados al momento de hacer una petición migratoria.
“Como resultado directo de la regla, los inmigrantes se ven obligados a hacer una elección imposible entre poner en peligro la salud pública y la seguridad personal o su estado migratorio”, escribió el juez Daniels en su opinión.
La decisión permite a los inmigrantes seguir solicitando asistencia en efectivo para mantenimiento de ingresos; seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), seguro de enfermedad, cupones de alimentos o SNAP, ayuda para vivienda y asistencia de alquiler, entre otros beneficios.
El magistrado consideró que fueron insuficientes los esfuerzos de USCIS de no castigar a los inmigrantes durante la pandemia por solicitar ayuda para ellos y sus hijos.
El juez Daniels incluso expresó que la alerta de la agencia sobre que cualquier prueba o tratamiento para el coronavirus no se contará en su contra es ambigua y “agrega más caos y confusión”.
La decisión todavía podría ser apelada por el Gobierno del presidente Trump, pero el juez dio un paso hacia adelante y, por ahora, ningún tipo de ayuda solicitada por inmigrantes deberá ser considerada para un castigo posterior durante peticiones migratorias.
La medida fue impulsada Nueva York, Connecticut y Vermont, pero el juez Daniels dejó claro que la regla debería detenerse en todo el país.
“Los inmigrantes han estado en primera línea luchando contra esta pandemia desde el principio, y la orden judicial de hoy (miércoles) asegurará que no sean objeto de castigo por obtener cobertura de salud u otros servicios vitales mientras continúan luchando contra COVID-19”, dijo la fiscal general de Nueva York Letitia James.
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Nota de Jesús García para La Opinión
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