Un abogado de Florida fue condenado a 60 meses de prisión por un esquema de fraude con los derechos de autor de multimillonarias películas pornográficas.
Por Redacción MiamiDiari
John L. Steele, abogado de la Florida fue condenado a 60 meses, seguidos de dos años de libertad supervisada, por su participación en un fraude multimillonario mediante el cual obtenía pagos de víctimas de extorsión para resolver demandas falsas por violación de derechos de autor para lo cual mintió a los tribunales estatales y federales de todo el país.
El fiscal general adjunto Brian A. Benczkowski, de la División Penal del Departamento de Justicia, y la abogada de los EE.UU. Erica H. MacDonald del Distrito de Minnesota, fueron quienes suministraron la información.
El abogado de 48 años se declaró culpable el 6 de marzo de 2017. Según su declaración de culpabilidad, (y los documentos presentados ante los tribunales), entre 2011 y 2014, Steele y su coacusado Paul R. Hansmeier, ambos abogados en ejercicio, ejecutaron un plan para obtener millones de dólares amenazando con entablar demandas por derechos de autor contra individuos que supuestamente descargaron películas pornográficas de sitios web para compartir archivos.
En total, Steele y Hansmeier obtuvieron aproximadamente 3 millones de dólares de las demandas fraudulentas por derechos de autor.
Este caso fue el resultado de una investigación llevada a cabo por el FBI y el IRS-Criminal Investigations. El abogado principal Brian Levine, de la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual de la División Penal, y los fiscales asistentes Benjamin F. Langner y David J. MacLaughlin, del Distrito de Minnesota, procesaron el caso.
El Juez de Distrito Joan N. Ericksen del Distrito de Minnesota, dictó la sentencia este martes (10.07.2019) y también ordenó que Steele pague una indemnización de $1,541,527.37.
El esquema del fraude
Steele admitió en la corte durante su alegato que él y Hansmeier crearon una serie de entidades falsas, que controlaban subrepticiamente, para obtener derechos de autor de películas pornográficas -algunas de las cuales filmaron ellos mismos- y luego las subieron a sitios web de intercambio de archivos como “The Pirate Bay” con el fin de atraer a la gente a descargar las películas.
Steele y Hansmeier presentaron entonces demandas falsas por infracción de derechos de autor que ocultaban tanto su papel en la distribución de las películas como su participación personal en el resultado del litigio.
Después de presentar las demandas, los demandados obtuvieron autoridad de los tribunales para citar a los proveedores de servicios de Internet para obtener información de identificación del suscriptor que controlaba la dirección IP utilizada para descargar la película.
Con esa información, los acusados utilizaron tácticas de extorsión como cartas y llamadas telefónicas para amenazar a las víctimas con enormes penalidades financieras y vergüenza pública a menos que accedieran a pagar una tarifa de arreglo de $3,000.
Utilizaron la Ley Prenda
De acuerdo con la acusación, el acuerdo de declaración de culpabilidad y otros documentos de la corte, en noviembre de 2011, con el fin de distanciarse de los juicios engañosos y de cualquier posible consecuencia, Steele y Hansmeier crearon y utilizaron la Ley Prenda, entre otros bufetes de abogados, para perseguir sus demandas fraudulentas.
Ley de Prenda , también conocida como Steele | Hansmeier PLLP y Anti-Piracy Law Group , era un bufete de abogados con sede en Chicago que aparentemente se dedicaba a los litigios contra la infracción de los derechos de autor. Sin embargo, más tarde el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para California Central en un fallo de mayo de 2013 dictaminó que era un “porno-trolling collective” (colectivo de pescar porno) cuyo modelo de negocio “se basa en el engaño”, y que se parece más a una conspiración y empresa de chantaje , tefiriéndose en la sentencia a RICO , la ley federal anti-extorsión de los Estados Unidos.
Steele reconoció en su audiencia que él y Hansmeier ejercieron un control de facto sobre la Ley Prenda en todo el plan, pero contrató a un abogado de Illinois ya fallecido para que fingiera ser el propietario y controlar el bufete de abogados.
En octubre de 2012, los acusados cambiaron de táctica y comenzaron a presentar demandas falsas alegando que los sistemas informáticos pertenecientes a sus falsos clientes habían sido pirateados. Para facilitar sus demandas falsas de “piratería informática”, los acusados reclutaron a individuos que habían sido sorprendidos descargando pornografía de un sitio web de intercambio de archivos, para que actuaran como “acusados” falsos.
Estos falsos acusados aceptaron ser demandados y permitieron que Steele y Hansmeier llevaran a cabo un descubrimiento temprano contra sus supuestos “co-conspiradores” a cambio de que Steele y Hansmeier renunciaran a sus honorarios de liquidación. Durante su audiencia, Steele admitió que las alegaciones de “piratería informática” en estas quejas fueron inventadas.
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