Florida

Se agota plazo para desalojo de campamento de agresores sexuales en Miami-Dade

Esta semana se cumple el plazo para que cientos de agresores sexuales abandonen o muevan las carpas instaladas en el campamento ubicado en el noroeste del condado de Miami Dade. Por Redacción MiamiDade La policía del condado de Miami-Dade desde el sábado (08.06.2019) comenzó el desalojo del  campamento de agresores sexuales ubicado en la calle […]

Por Allan Brito
Se agota plazo para desalojo de campamento de agresores sexuales en Miami-Dade
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Esta semana se cumple el plazo para que cientos de agresores sexuales abandonen o muevan las carpas instaladas en el campamento ubicado en el noroeste del condado de Miami Dade.

Por Redacción MiamiDade

La policía del condado de Miami-Dade desde el sábado (08.06.2019) comenzó el desalojo del  campamento de agresores sexuales ubicado en la calle 48 y avenida 36 en el Noroeste de Miami Dade. Pero el destino de sus residentes sigue siendo una incógnita

Este asentamiento tenía cinco años de existencia. El pasado 30 de mayo  se emitió la orden de desalojo y le dieron 21 días a quienes allí residen para que abandonen el área. Por lo que el plazo vence esta semana. 

A comienzos de este mes un juez dio permiso al condado para desmantelarlo. El magistrado en su fallo expone que viven “en condiciones tan deplorables que no quisiéramos ni para nuestras mascotas” y llamó a las autoridades a “corregir este serio problema social”.

Pocas opciones

La severa normativa del condado de Miami-Dade prohíbe a quienes cometieron esta clase de delitos vivir a menos de 2500 pies (600 metros ) de escuelas, parques y guardeías, el doble de lo que establece la ley estatal de Florida. Este limitante, sumado al rechazo social y laboral que provocan por su tipo de antecedente penal, contribuyeron a la formación de este enclave de parias.

El campamento se encuentra en medio de un polígono industrial. En tiendas de campaña a ambos lados de un tramo de calle encajado entre dos vías de tren. Allí vivían alrededor de un centenar de vagabundos que cometieron delitos sexuales. El condado había instalado aseos móviles y un punto de agua no potable para que pudieran lavarse.

Problema de salud Pública

El Gobierno local lo considera un problema de salud pública que además infringe una nueva ley que ordena el arresto de los agresores sexuales que duerman en espacios públicos o que sean propiedad del condado.

Según la versión oficial se pretende ayudar a estas personas a encontrar viviendas que cumplan con la prohibición de los 600 metros, advierten que aunque se han hecho esfuerzos para conseguirlo, la mayoría no muestra interés.

El despacho de abogados que trata sin éxito de paralizar su desalojo sostiene que esta decisión solo provocará que el campamento se mueva a otro punto de la ciudad.

Un edificio y apoyo espiritual

El pastor Frank Díaz, de “United We All Can”, dijo a Univisión que la salida a este caso es brindarles un edificio en algún lugar industrial y allí lograr que diversas organizaciones los ayuden a través de guía espiritual y apoyo psicológico.

El pastor explica que esta personas no tienen un lugar fijo donde puedan vivir, bañarse, comer, asearse. “La situación es grave. Unos quieren ayuda, otros no. Dentro del grupo hay desamparados que a la vez son depredadores sexuales que quieren ayuda y otros que no la quieren. La mayoría de los depredadores sexuales quieren ayuda porque no quieren estar en esta condición. Lo que la comunidad lo que no conoce es que hay diferentes calificaciones. Algunos son alcohólicos,otros son drogadictos, o prostitutas. En resúmen son desamparados“.

Destino incierto

El desalojo genera malestar en la comunidad, la cual alega que si no se plantean soluciones concretas al problema, algunos sujetos podrían distribuirse por todo el territorio. Citan como ejemplo lo que ocurrió tras el desalojo del campamento que estaba en Hialeah, los cientos de depredadores que estaban centralizados ahí se esparcieron por todo el condado de pequeños grupos.
Para la oficina del alcalde Carlos Giménez el campamento genera una situación insostenible con riesgos para la salud.
Pero hasta ahora se desconoce que el despacho ofrezca soluciones permanentes, a pesar de los $31,000,000 del fondo disponibles para tal fin. Con esta orden de desalojo nuevamente tendán que buscar hacia donde vivir. 
Los habitantes del campamento aseguran que cuando salieron de la cárcel las propias autoridades les dieron la dirección de este sitio donde viven como apestados. Según ellos, la policía ya les ha indicado un lugar deshabitado al que pueden ir trasladándose.
Lo cual no pareciera “corregir este serio problema social”, como lo requirió el juez que firmó la orden de desalojo.

Con información de El País, El Nuevo Herald, Telemundo y Univisión

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