La administración de Donald Trump puso en marcha una estrategia legal destinada a desestimar miles de solicitudes de asilo pendientes sin realizar evaluaciones individuales.
A través de la figura jurídica conocida como moción pretermit, los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están solicitando a los jueces el cierre inmediato de expedientes, impidiendo que los solicitantes presenten sus testimonios o pruebas ante la corte.
El argumento central del gobierno se basa en que los peticionarios pueden buscar protección en naciones alternativas bajo los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA).
Durante 2025, se firmaron estos pactos con países como Ecuador, Uganda, Honduras y Guatemala. Lo que ha permitido al gobierno alegar que Estados Unidos no es la única opción de refugio disponible.
Hasta diciembre de este año, se han contabilizado más de 8.000 mociones presentadas por ICE para cerrar casos y ordenar deportaciones hacia estos países.
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