El ex propietario de Ficrea quiso evitar ser juzgado en Miami a toda costa, y logró un acuerdo para evitar el juicio en esta ciudad a cambio del decomiso de algunas de sus propiedades.
Redacción MiamiDiario
Rafael Olvera Amezcua, quien fue acusado de estafar más de 300 millones de pesos, llegó a un convenio con un síndico de México, el mismo fue entregar 89 propiedades en Estados Unidos, 42 en España, 35 automóviles y 1.3 millones de dólares a cambio de no ser enjuiciado en Miami.
El ex dueño de Ficrea -una financiera popular avalada y supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México que estafó a ahorradores- llegó a ese convenio con el síndico del área mercantil de la Sociedades Financieras Populares, Javier Navarro-Velasco.
Olvera Amezcu seguirá arrestado en Texas, mas puede salir bajo fianza.
Según el síndico de México Navarro-Velasco, con el dinero incautado -que se espera llegue a 1 mil millones de pesos- se pagará a las personas que estafó de manera proporcional.
El juicio contra Olvera Amezcua, empezó en el año 2016, pero las negociaciones de las propiedades y el dinero se iniciaron en abril de 2019, las mismas culminaron hace poco.
Sobre las diferentes propiedades, Navarro-Velasco explicó que las que se encuentran en España están rentadas, por este motivo se cobrarán 300. 000 dólares a partir del mes de agosto. Una empresa será contratada para que administre el dinero.
El síndico mexicano explicó que aún no se sabe cuando los afectados empezarán a percibir el dinero de las rentas, ya que algunos inmuebles no tienen contrato, pero se espera que en el lapso de un año se vendan los edificios y los vehículos incautados para iniciar con la repartición del dinero de las víctimas. Con estas acciones termina el acuerdo y el caso es cerrado en la ciudad de Miami.
La financiera Ficrea fue intervenida -el 7 de noviembre de 2014- por la La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, agencia independiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, debido a la estafa realizada en contra de más de 6.000 ahorradores mexicanos por Rafael Antonio Olvera Amezcua, el accionista principal de esa empresa.
El motivo de la intervención fue que la empresa fue acusada de lavar de dinero, además de desfalcar a 6.800 personas quienes tuvieron pérdidas superiores a 6.400 millones de pesos.
En la actualidad solo 32% de las víctimas han recobrado su dinero.
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