FEMA otorga casi $1.6 millones al condado de Miami-Dade para cubrir gastos causados por el Huracán Irma

Con el fin de ayudar al condado de Miami-Dade a sufragar los costos incurridos en la respuesta al Huracán Irma bajo el Programa de Asistencia Pública (PA, por sus siglas en inglés), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) aprobó $1,588,524 para el Estado de Florida. 

De esta manera, lo fondos de FEMA reembolsarán al condado de Miami-Dade por las medidas de emergencia que se implementaron entre el 4 de septiembre y el 3 de octubre de 2017. Durante ese período de tiempo, los empleados municipales y contratados reemplazaron a los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte y realizaron operaciones urgentes de preparación, respuesta, y seguridad pública—incluyendo el montaje de un Centro de Operaciones de Emergencia—para proteger las instalaciones y al público general en el Aeropuerto Internacional de Miami.

Un dato a considerar es que el programa de subvenciones Asistencia Pública de FEMA es una fuente esencial de financiación para las comunidades que se recuperan de un desastre o emergencia federal. La División para el Manejo de Emergencias de Florida trabaja con FEMA durante todas las etapas del programa PA y realiza las revisiones finales para los proyectos que FEMA aprueba.

Por su parte, los solicitantes trabajan con FEMA directamente para desarrollar hojas de trabajo de proyectos y ámbitos de trabajo. Después de las aprobaciones de FEMA y FDEM, FEMA obliga los fondos para el proyecto.

Otra información relevante es que el programa de Asistencia Pública de FEMA proporciona subvenciones a gobiernos estatales, tribales y locales, y a ciertos tipos de organizaciones privadas sin fines de lucro y templos de alabanza, para que las comunidades puedan responder y recuperarse rápidamente tras grandes desastres o emergencias.

La parte federal para proyectos de Asistencia Pública es un mínimo de 75 por ciento del costo elegible. El estado determina la manera en que la parte no federal de los gastos del proyecto (un máximo de 25 por ciento) se compartirá con los solicitantes, como los gobiernos locales o de condado.