Juez bloquea sección de ley en Florida que prohíbe el traslado de indocumentados

La ley SB-1718 que entró en vigor en Florida durante el mes de julio de 2023, sufrió un revés luego de un a reciente decisión tomada por un juez. La sección de esta legislación que regula y condena el transporte de indocumentados en el estado, quedó temporalmente bloqueada luego de una audiencia celebrada en la corte del Distrito Sur.

Desde su puesta en marcha, las personas que trasladan a un extranjero con estatus irregular pueden ser acusadas de cometer un delito grave de tercer grado. Además, son señaladas de incurrir en tráfico humano por lo que deben ser arrestadas y posteriormente enviadas a la cárcel.

Luego de su aprobación, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos contabilizó al menos tres arrestos por este crimen en los días siguientes. Las autoridades informaron que los infractores son hispanos y que violaron la normativa al transportar a personas con estatus irregular.

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Diferentes organizaciones y activistas defensores de los Derechos Humanos cuestionaron la legislación impulsada por el gobernador, Ron DeSantis. Algunos insistieron en que el texto de la herramienta legal solo sirve para justificar “acciones arbitrarias”.

La ley obligó a cientos de inmigrantes indocumentados y con procesos migratorios abiertos a desistir de sus puestos de trabajo. Además, muchos salieron de Florida con el temor de que la policía pudiese arrestarlos y deportarlos.

Toda esta situación obligó a los miembros de Farmworker Association of Florida, Southern Poverty Law Center, American Civil Liberties Union y otras organizaciones a presentar una demanda federal. El grupo dijo en agosto de 2023 que la legislación “es inconstitucionalmente vaga”.

Una ley que se extiende más allá del traslado de indocumentados

El miércoles 22 de mayo, el juez Roy K. Altman, quien forma parte de la corte del Distrito Sur de Florida, rechazó los argumentos iniciales de los demandantes. El magistrado descartó que el texto de la ley fuese vago pero concordó en que la penalización por transporte de inmigrantes es severa.

Altman dijo que al condenar a las personas por esta acción, el estado de Florida está usurpando la autoridad federal en materia migratoria.

“Esta legislación se extiende más allá de la autoridad del estado para hacer arrestos por infracciones de la Ley Federal de Inmigración. Al hacerlo, se inmiscuye en un territorio que tiene precedencia”, explicó el juez.

En ese sentido, el magistrado resolvió bloquear temporalmente la sección 10 donde se penaliza el traslado de inmigrantes indocumentados en el estado.

“La sección 10 puso a miles bajo riesgo de ser arrestados, acusados e imputados incluso por algo tan simple como llevar a un miembro de la familia a una cita médica”, expresaron los miembros de la Unión Americana de Libertades Civiles.

Human smuggling will not be tolerated in Florida.

Knowingly transporting an illegal immigrant into Florida will result in 5 years in prison and a $5,000 fine per offense.

Transporting five or more illegal aliens, a single unaccompanied minor, or a convicted smuggler will result…

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 10, 2023

Procuradora general de Florida reacciona

La demanda dirigida en contra de la procuradora general de Florida, Ashley Moody y otros funcionarios, destacó que la ley viola los derechos de las personas en el estado.

Tras la decisión y los severos argumentos en su contra, Moody argumentó que los demandantes no tenían la capacidad legal para presentar el caso. Asimismo, dejó en claro que varios casos de solicitantes de asilo y personas con procedimientos abiertos de expulsión se consideran “inspeccionados” por el gobierno federal.

Es decir, que algunos inmigrantes con estatus irregular en el estado deben ser monitoreados en virtud de la ley estatal. No obstante, los demandantes argumentaron que esto solo ocasionaría un daño irreparable para las familias de personas con estatus variado.

Anne Janet Hernández, abogada supervisora principal del Southern Poverty Law Center aseguró estar satisfecha con la decisión del juez Altman. A su juicio, el bloqueo temporal dará tiempo para que se resuelva la demanda y de alguna manera obtener más respuestas satisfactorias que beneficien a todos.