El ‘parole in place‘, una política migratoria implementada por la administración de Joe Biden en junio de este año, fue anulada tras el fallo de un juez federal. Este programa permitía a cónyuges e hijastros indocumentados de ciudadanos estadounidenses ajustar su estatus migratorio sin necesidad de salir del país.
La medida buscaba beneficiar a aproximadamente 550.000 personas, protegiéndolas de la temida Ley del Castigo. Esta es una normativa que impone restricciones severas a los inmigrantes que salen de EE.UU. tras una permanencia indocumentada.
Desde su implementación, el ‘parole in place’ fue motivo de controversia. Una coalición de 16 estados, liderada por Texas y conformada principalmente por gobiernos republicanos, presentó una demanda en su contra.
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Para ello argumentaron que el programa era ilegal y que costaba millones de dólares en servicios públicos como atención médica y educación.
En vista de los desacuerdos, en agosto el juez federal J. Campbell Barker suspendió temporalmente el ‘parole in place’ en respuesta a esta demanda. Sin embargo este jueves llevó su decisión un paso más allá, al anular por completo la política.
Fallo deja sin efecto al ¿Parole in Place’
Según el juez Campbell Barker, el Departamento de Seguridad Nacional carecía de autoridad bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad para ofrecer este tipo de beneficios migratorios sin un proceso legislativo.
El juez basó su decisión en el argumento de que el Congreso no autorizó al ejecutivo para implementar este tipo de medidas.
Aunque la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) aún puede aceptar formularios de inscripción, las solicitudes no serán procesadas ni adjudicadas. Esto obliga a los inmigrantes a buscar otras alternativas legales para regularizar su permanencia en el país.

Los cónyuges y los hijastros debían cumplir requisitos similares. Foto USCIS
El fallo, que ocurre aún dentro de la administración de Biden, deja a miles de familias en situación de incertidumbre.
¿Qué es la Ley del Castigo y por qué es importante?
Esta temida normativa migratoria penaliza a los inmigrantes indocumentados que abandonan EE.UU. Dependiendo de cuánto tiempo hayan residido en el país sin un estatus legal, pueden ser prohibidos de reingresar por un período de tres a diez años.
Por ejemplo, si la permanencia indocumentada supera los 180 días, la sanción es de tres años; si pasa de los 365 días, la prohibición se extiende a 10 años.
Por este motivo la figura del ‘parole in place’ se había convertido en una herramienta crucial para evitar la separación familiar y el riesgo de sanciones.

Las familias deben intentar otros medios legales para regularizar su estatus | Foto El Universal
Destino de los solicitantes
Desafortunadamente para los solicitantes que esperaban beneficiarse de este programa, no verán avances en sus casos. Incluso podría decirse que inicia para ellos una especie de limbo migratorio.
Aunque la decisión ya se hizo pública y efectiva, el presidente podría apelar el fallo y buscar que una corte superior lo revierta. Otra opción sería que la Casa Blanca promueva nuevas medidas a través del Congreso para obtener una base legal sólida que respalde iniciativas similares.
Las alternativas están sobre la mesa, pero es importante recordar que la aprobación de reformas migratorias en el Congreso han sido históricamente complicadas. Más aún en medio de un cambio de poder que debe efectuarse en los próximos meses.
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