Apenas habían pasado unas horas del anuncio de nuevas medidas contra la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, y el íntimo asesor de los Ortega Néstor Moncada Lau, cuando el Senado de Estados Unidos aprobó la Ley de sanciones para Nicaragua, conocida como Nica Act.
Se trata de la unión de dos proyectos legislativos orientados a presionar a los Ortega para que respeten los derechos humanos en su país. La primera propuesta, de la ex congresista de Miami Ileana Ros-Lehtinen, aprobada en el Congreso en otoño de 2017, se fusionó con la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, propuesta por el senador Bob Menéndez, ambos legisladores de ascendencia cubana.
Las sanciones buscan la presión individual sobre los máximos responsables del Estado nicaragüense y medidas para cortar el financiamiento del gobierno hasta que no se realicen reformas democráticas. Los senadores Ted Cruz y Marco Rubio también respaldaron la propuesta contra los represores nicaragüenses, que fue aprobada por unanimidad.
Ros-Lehtinen agradeció el apoyo de Cruz, Menéndez y Rubio en el Senado, asegurando en un comunicado que el esfuerzo bipartidista y bicameral “demuestra el compromiso inquebrantable de los Estados Unidos de tomar medidas contra el aumento de la represión y los abismales abusos contra los derechos humanos”.
“Ortega y sus secuaces han intensificado su campaña de opresión en contra del pueblo nicaragüense, implementando políticas para intimidar y silenciar a los disidentes. Además, la Policía del régimen ha detenido y encarcelado arbitrariamente a sus críticos, mientras que las turbas del régimen han matado a cientos de personas inocentes”, dijo Ros-Lehtinen, presidenta emérita del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.
Ros-Lehtinen resaltó que esas acciones demuestran que los Ortega quieren permanecer en el poder “sin importar el costo”, y aseguró que la propuesta de ley aprobada permite que Estados Unidos responda adecuadamente a las acciones del gobierno nicaragüense cortando el acceso a los fondos internacionales hasta que “implemente las reformas electorales y de derechos humanos que tanto se necesitan”.
De concretarse este proyecto de ley —que necesita regresar al Congreso para su aprobación— el Tesoro instruirá a organizaciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo para que se opongan a la aprobación de créditos a Nicaragua.
También se les impedirán las transacciones a los responsables de la represión contra el pueblo nicaragüense en las instituciones financieras estadounidenses y se congelarán los activos de los represores, incluyendo propiedades. Las medidas incluyen la revocación de visados.
La crisis en Nicaragua tras el inicio de las protestas contra Ortega el pasado 18 de abril ha dejado al meos 325 muertos, 24 de los cuales son niños, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Fuente: El Nuevo Herald
