Solo en Florida Tribunales han confiscado más $450 millones en casos contra magnates venezolanos

Según datos de la Fiscalía se han confiscado más de $450 millones derivados de los casos de corrupción o lavado de dinero presentados en la corte federal de Miami contra magnates venezolanos o contra socios del régimen de Nicolás Maduro.

Por Redacción MiamiDiario

Los fondos confiscados han ido a parar a una cuenta bancaria controlada por el gobierno de Estados Unidos. Los $450 millones solo representan el monto obtenido por la fiscalía de Miami y no la totalidad de los fondos confiscados por todas las fiscalías de Estados Unidos, reporta El Nuevo Herald.

El mayor tramo de los fondos incautados en Florida, por un equivalente de $280.4 millones, pertenecían al ex tesorero de Venezuela Alejandro Andrade, y el resto provienen de los acusados en otros nueve casos llevados en paralelo.

Según el reportaje de Antonio María Delgado y Jay Weaver, Andrade, que cumple una sentencia de 10 años por lavado de dinero, perdió seis propiedades de bienes raíces, incluyendo una finca donde criaba caballos en Wellington, una propiedad a orillas de la playa en Palm Beach y una vivienda en Pinecrest, valoradas en $33 millones.

De la misma manera, las autoridades se llevaron 14 caballos de exhibición (valorados en $2 millones), 35 relojes de marca ($1.5 millones) y una flota de 10 autos de lujo ($1 millón).

El grueso de su aporte provino de un cheque por $250 millones que Andrade entregó voluntariamente al gobierno de Estados Unidos tras declararse culpable en el caso de corrupción y admitir que recibió hasta $1,000 millones en sobornos.

Los restantes $170 millones confiscados en el sur de Florida provienen de los casos contra el boliburgués Francisco Convit, en el que están involucrado los hijastros de Maduro y el empresario venezolano Raúl Gorrín, y una media docena de empresarios acusados de estafar a PDVSA.

Gorrin y Convit

Según El Nuevo Herald tras  cerrar el caso de Andrade, las autoridades estadounidenses colocaron la atención sobre Gorrín, el controversial dueño del canal de noticias venezolano Globovisión, quien es acusado de colaborar con el ex tesorero venezolano para desfalcar más de $1,000 millones.

Los fiscales posteriormente pasaron a investigar al grupo de cleptócratas liderados por Gorrín, incluyendo a Convit y a otros ocho, quienes son acusados de participar un esquema cambiario fraudulento que otorgaba préstamos en bolívares a PDVSA que luego eran pagado en dólares a un tipo de cambio extremadamente bajo que otorgaba inmaginables ganancias.

En ese caso, los agentes de Seguridad Nacional confiscaron $45 millones de cuentas bancarias pertenecientes a un informante confidencial que estaba pagando sobornos a funcionarios venezolanos y era dueño de una docena de apartamentos en Panamá, además de un yate de 135 pies registrado en Curazao.

Más de una docena de viviendas con un valor total de decenas de millones de dólares también fueron confiscadas, incluyendo mansiones pertenecientes a testaferros de Gorrín y de otros, según fuentes policiales.

Otro de los activos congelados se trata de un apartamento de $5 millones en la exclusiva torre Porsche Design en Sunny Isles Beach, propiedad del ex asesor legal de PDVSA Carmelo Urdaneta, uno de los acusados en el fraudulento esquema cambiario.

Otro acusado en el caso: Abraham Edgardo Ortega, el ex director ejecutivo de planificación financiera de PDVSA, quien se declaró culpable y admitió aceptar sobornos por $12 millones, que fueron enviados en secreto a instituciones financieras de Estados Unidos. Ortega, quien aún no ha recibido sentencia, entregó ese monto a las autoridades estadounidenses.

Más casos

Más recientemente, el Fiscal Federal Adjunto de Miami, Michael Nadler, y su compañero en la oficina,  Michael Berger, han puesto la mirada sobre las operaciones de contratistas venezolanos acusados de pagar millones de dólares en sobornos a funcionarios en subsidiarias de PDVSA a cambio de “contratos inflados” valorados en cientos de millones de dólares, apuntan Antonio María Delgado y Jay Weaver en su reportaje.

Los contratistas, que incluyen al venezolano Leonardo Santilli, han sido acusados de establecer negocios y cuentas bancarias en Miami para canalizar pagos por millones de dólares a funcionarios de las petroleras venezolanas.

Según una denuncia penal, Berger obtuvo órdenes de un juez federal para intervenir 17 cuentas bancarias controladas por Santilli y sus empresas en el área de Miami. La incautación total ascendió a casi $45 millones.

Destino incierto

Tanto el Departamento del Tesoro como el Departamento de Justicia no quisieron revelar cuánto dinero de la corrupción venezolana tienen guardado, ni cómo se usará ese dinero.

Por lo general, el dinero sucio incautado por las autoridades federales es retenido por el Departamento del Tesoro y muchas veces termina siendo utilizados por las agencias policiales para financiar la lucha contra el crimen.

“Lo que generalmente sucede con este tipo de dinero es que permanece en el fondo de confiscaciones del Departamento del Tesoro, y luego las diversas agencias [involucradas en los casos venezolanos] salen y luchan entre ellas para ver quien recibe qué”, dijo el abogado Jon Sale a El Nuevo Herald , quien trabajó en las oficinas del fiscal de los Estados Unidos en Miami y Nueva York.

Sorprendentemente, PDVSA, compañía estatal conocida por la corrupción generalizada, presentó en el pasado una moción en la corte federal de Miami para recuperar algunos de los fondos confiscados, alegando que es una “víctima”.

Washington se ha comprometido a ayudar al pueblo venezolano a salir de la dictadura de Maduro, pero aún no está claro si los fondos de la corrupción chavista serán devueltos al país sudamericano una vez que éste recupere su democracia.

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