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Corte Suprema de Florida apoya al gobernador DeSantis en relación con los derechos de los votantes delincuentes

El Gobernador Ron DeSantis y la Legislatura de Florida liderada por los republicanos lograron una gran victoria en la Corte Suprema de Florida, luego de que se afirmara que el lenguaje del referéndum de la Enmienda 4 de 2018 requiere que los delincuentes completen todas las obligaciones financieras de sus sentencias penales antes de su registro […]

Por Allan Brito
Corte Suprema de Florida apoya al gobernador DeSantis en relación con los derechos de los votantes delincuentes
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El Gobernador Ron DeSantis y la Legislatura de Florida liderada por los republicanos lograron una gran victoria en la Corte Suprema de Florida, luego de que se afirmara que el lenguaje del referéndum de la Enmienda 4 de 2018 requiere que los delincuentes completen todas las obligaciones financieras de sus sentencias penales antes de su registro de votación, según difundió floridapolitics

Por Redacción Miami Diario

En una opinión consultiva que incluyó una división parcial de 4-1 de la corte, donde el juez Jorge Labarga estuvo parcialmente de acuerdo, el Tribunal Superior se pronunció en torno a la parte de la Enmienda 4 que habla de que los delincuentes deben completar “todos los términos de la sentencia. Aquí se incluyen todas las” obligaciones financieras y legales”, sobre todo lo relativo a las multas, honorarios y restitución por parte de los jueces.

Un dato a considerar es que ese asunto surgió como un gran punto de contención en la Sesión Legislativa de Florida de 2019 entre los patrocinadores de la Enmienda 4. La misma fue aprobada abrumadoramente por el 65 por ciento de los votantes y enmendada en la Constitución de Florida.

Los partidarios de la Enmienda 4 presentaron varios argumentos sobre los requisitos financieros, en particular sobre la restitución [que puede alcanzar cientos de miles e incluso millones de dólares en algunos casos]. Se trata de requisitos irrazonables para los delincuentes que equivalen a un impuesto electoral.

También sostuvieron que no se podría suponer que los votantes asumieran que tenían que hacer estos pagos. Los republicanos no estuvieron de acuerdo, señalando el testimonio previo del equipo de la Enmienda 4, que claramente reconoció las obligaciones financieras dentro de los términos de las oraciones.

La Legislatura aprobó el Proyecto de Ley del Senado 7066, que incluye obligaciones financieras como un mandato para que dichos “ciudadanos que regresan” sean elegibles para votar.

Es de hacer notar que DeSantis le pidió a la Corte Suprema de Florida que emitiera una opinión. Están en juego los derechos de voto de un millón de floridanos de cara a las elecciones de 2020. “La decisión de la Corte Suprema de Florida es decepcionante y reduce a la mitad a los 1,4 millones de personas que los votantes expresamente pretendieron volver a otorgar sus derechos.

Al respecto, Nancy Abudu, directora legal adjunta del Southern Poverty Law Center, dijo que al mantener el derecho de los floridanos a votar como rehenes, la Corte Suprema de Florida permite el impuesto inconstitucional a las elecciones modernas en SB 7066 y redefine una enmienda que casi el 65 por ciento de los votantes de Florida aprobó en 2018″, 

“No hay base para concluir que” todos los términos de la sentencia “excluyen cualquier LFO ordenado por el juez de sentencia.

Numerosas leyes y la jurisprudencia respaldan la conclusión de que las multas, la restitución y los honorarios y costos se ajustan cómodamente al significado ordinario de “todos los términos de la sentencia”, afirmó la opinión mayoritaria.

Lo cierto es que la opinión del jueves de la Corte Suprema de Florida del lado del Gobernador, muy esperada por los observadores de la corte, se produjo cuando la Corte de Apelaciones del 11º Circuito de los Estados Unidos se prepara para escuchar los argumentos el 28 de enero en la demanda federal por separado.

Un dato a considerar es que los demandantes en la demanda federal criticaron el fallo de la corte de Florida.

Nancy Abudu, subdirectora legal del Southern Poverty Law Center, a The News Service of Florida, indicó: “Creemos, por supuesto, que está mal, que el lenguaje en sí mismo debería estar restringido a todo lo relacionado con una oración, excepto los LFO, y estamos enfatizando que este es un impuesto de encuesta inconstitucional o una forma inconstitucional basada en la riqueza discriminación “. El juicio comenzará en abril en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Tallahassee.

En esa demanda, grupos de derechos civiles junto con grupos de derechos de voto alegan que el proyecto de ley de implementación es inconstitucional.

Robert Hinkle, juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos, determinó en octubre pasado que es inconstitucional prohibir que los delincuentes voten “genuinamente” y que sean considerados incapaces de pagar sus obligaciones financieras. La administración de DeSantis apeló esa decisión.

En la liberación del jueves, el presidente del tribunal Charles T. Canady y los jueces Ricky Polston, Alan Lawson y Carlos G. Muñiz, ofrecieron la opinión mayoritaria. Su opinión afirmaba que “a partir de la restitución, este Tribunal se ha referido a esa obligación como parte de una” sentencia “e incluso como” castigo”.

Con información de: floridapolitics

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