El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) atraviesa una de sus reestructuraciones más significativas en años. La administración de Donald Trump anunció el despido de 10,000 empleados como parte de un plan de reducción gubernamental impulsado por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.
Esta decisión busca centralizar ciertas funciones en una nueva división llamada Administración para un Estados Unidos Saludable. Sin embargo, sus efectos ya generan preocupación en diversas agencias del sector.
El HHS supervisa múltiples organismos esenciales para la salud pública, incluyendo la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Con esta reducción, se estima que ambas agencias perderán aproximadamente el 20% de su personal.
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En medio de estos recortes, la FDA, encargada de garantizar la seguridad de los alimentos y medicamentos en el país, enfrenta un escenario incierto. Mientras tanto sus líderes evalúan cómo reorganizar sus operaciones con menos recursos y personal de apoyo.
Welcome @US_FDA Commissioner Dr. Martin Makary and @NIH Director Dr. Jay Bhattacharya. Let’s restore @HHSgov health agencies to their rich tradition of gold-standard, evidence-based science to tackle the chronic disease epidemic and Make America Healthy Again. The revolution… pic.twitter.com/z25yaOsEuF
— Secretary Kennedy (@SecKennedy) April 1, 2025
Menos inspecciones, más riesgos para los consumidores
Funcionarios de la FDA confirmaron, según CBS, que la agencia reducirá el número de inspecciones rutinarias debido a la disminución de personal. Unos 170 empleados fueron despedidos de la Oficina de Inspecciones e Investigaciones, lo que afecta la logística y el apoyo administrativo que facilita el trabajo de los inspectores.
Aunque el Departamento de Salud aseguró que los despidos no impactan directamente en la plantilla de inspectores, la falta de personal de gestión complica las operaciones diarias.
Para manejar la reducción de recursos, la FDA dará prioridad a inspecciones urgentes, como aquellas en instalaciones donde se reportaron riesgos de seguridad o en empresas con antecedentes de infracciones. Esto significa que las inspecciones rutinarias de vigilancia disminuirán, aumentando la posibilidad de retrasos en la detección de problemas sanitarios en la cadena de suministro de alimentos y medicamentos.
Inspecciones de la FDA | Foto CIDRAP – University of Minnesota
Para el ciudadano común, esto podría traducirse en un aumento del riesgo de consumir productos contaminados o defectuosos sin que las autoridades los detecten a tiempo.
Obstáculos operativos en la agencia
La eliminación de la división de operaciones de viajes es otro problema para la FDA. Esta unidad gestionaba la logística de vuelos y la contratación de traductores para inspecciones en el extranjero.
Ahora, los investigadores deberán encargarse de estos trámites, reduciendo el tiempo que pueden dedicar a sus labores principales. Como consecuencia, la agencia suspendió un programa piloto de inspecciones sorpresa en el extranjero.
Además, restricciones presupuestarias previas complican aún más la situación. Un límite gubernamental de un dólar en las tarjetas de gasto ralentizó las operaciones de campo, ya que cualquier compra superior a esa cantidad requiere un proceso de aprobación. Para evitar contratiempos, los inspectores deben planificar sus visitas con un mes de anticipación. Esto limita su capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias.
Foto FDA
¿Riesgo para la salud pública?
La FDA ya enfrentaba dificultades para cumplir con sus objetivos de inspección antes de los despidos. Un informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) advirtió que la agencia acumulaba retrasos en la supervisión de seguridad alimentaria. En parte, esto ocurría debido a problemas para contratar y retener inspectores.
El COVID-19 agravó la situación, y la nueva reducción de personal podría empeorar el panorama.
La FDA es una agencia clave en la detección y retiro del mercado de alimentos y medicamentos peligrosos. Con menos inspecciones, el riesgo de que productos contaminados lleguen a los consumidores aumenta. Esto se traduce en que la reducción de controles puede tener consecuencias graves para la salud pública.
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