En un caso muy vigilado sobre cómo aplicar una enmienda constitucional que amplia los derechos de las víctimas, un juez del circuito del condado de Leon acordó el jueves mantener en secreto, al menos temporalmente, la identidad de dos policías de Tallahassee implicados en incidentes de uso de la fuerza.
Por Redacción Miami Diario
El juez Charles Dodson decidió la semana pasada que la enmienda conocida como “Ley de Marsy“, aprobada por los votantes de Florida en 2018, no se aplica a los agentes de policía y que sus nombres deben ser revelados.
La Asociación Benéfica de la Policía de Florida, que representa a los oficiales, apeló inmediatamente el fallo de Dodson y pidió que se pusiera en espera mientras se avanza en la apelación. Dodson estuvo de acuerdo durante una breve audiencia el jueves, diciendo que a los oficiales se les debería conceder una suspensión automática porque estaban actuando en sus capacidades oficiales durante los incidentes de uso de la fuerza.
El sindicato de la policía presentó una demanda contra la ciudad de Tallahassee el mes pasado, afirmando que la enmienda de la Ley Marsy’s se aplica a los oficiales, identificados en la corte como “John Doe 1” y “John Doe 2”, porque fueron víctimas en los incidentes de uso de la fuerza. La enmienda estableció una serie de derechos para las víctimas de delitos, incluido el derecho a “impedir la divulgación de información o registros que pudieran utilizarse para localizar o acosar a la víctima o a su familia, o que pudieran revelar información confidencial o privilegiada de la víctima”.
Aunque el caso se presentó en nombre de los dos oficiales, ha expuesto un conflicto más amplio entre dos enmiendas constitucionales de Florida: La Ley de Marsy y una enmienda de décadas de antigüedad del gobierno que estableció una de las leyes de registro público más amplias de la nación.
En su orden de la semana pasada de que se divulgara la identidad de los oficiales, Dodson escribió que “el lenguaje explícito de Marsy’s Law no tenía la intención de aplicarse a los oficiales de la ley cuando actuaban en su capacidad oficial” y dijo que el caso implicaba equilibrar los derechos de las víctimas con el “derecho del público a hacer responsable al gobierno mediante la inspección de los registros públicos”.
Pero al argumentar que la orden se pusiera en espera mientras el Tribunal de Apelación del 1er. Distrito considera el caso, Luke Newman, un abogado que representa al sindicato, señaló un fallo del tribunal de apelación que involucraba a los oficiales de policía de Delray Beach que establecía que los oficiales de policía de turno tenían derecho a suspensiones automáticas “como cualquier oficial público en calidad oficial”. A los organismos y funcionarios gubernamentales se les suele conceder una suspensión automática cuando apelan los casos.
“No veo cómo podemos diferenciar” entre el caso de Tallahassee y la decisión de Delray Beach, dijo Newman a Dodson el jueves.
Sin Embargo, la asistente del fiscal Hannah Monroe argumentó que no se justifica una suspensión automática en el caso de Tallahassee.
“Esta es una decisión de dos oficiales para hacer valer sus propios derechos privados”, dijo.
La PBA presentó la demanda después de que “John Doe 2” disparara a un hombre negro transexual el 27 de mayo. Debido a que el oficial de policía fue víctima de un asalto agravado con un arma mortal en el incidente que involucró a Natosha “Tony” McDade, el sindicato dice que el oficial tiene el derecho de invocar el privilegio de privacidad proporcionado por la Ley de Marsy.
El sindicato también alegó que la ciudad cambió su política de protección de la identidad de los agentes de policía tras la muerte de George Floyd, un hombre negro de 46 años que murió mientras el ex agente de policía de Minneapolis Derek Chauvin se arrodillaba sobre su cuello durante casi nueve minutos. La muerte de Floyd ha desencadenado protestas contra la brutalidad policial y la desigualdad racial en todo el país.
Sin embargo, la ciudad niega haber cambiado su política y sostiene que el Departamento de Policía de Tallahassee elaboró su propio procedimiento sin la aprobación de los funcionarios de la ciudad.
La Fundación de la Primera Enmienda, la Asociación de Prensa de Florida y varios medios de comunicación han intervenido en la demanda, argumentando que permitir que la Ley de Marsy se aplique a los agentes del orden público socavaría las leyes de registro abierto del estado.
Mark Caramanica, un abogado que representa a las organizaciones de medios de comunicación, dijo a Dodson que las amplias leyes de Sunshine de Florida requieren que las identidades sean reveladas.
“Los casos de registros públicos son diferentes, y si quieres algún tipo de permanencia continua… tienes que moverte rápidamente y poner eso en su lugar. Eso no sucedió aquí”, dijo. “La Corte Suprema también ha dicho que ‘noticias retrasadas son noticias negadas’, y eso es lo que tenemos aquí. Llevamos meses esperando estos registros”.
Dodson, sin embargo, dijo que la decisión de Delray Beach requería que se pusiera de lado de la petición del sindicato de un aplazamiento.
Fuente: Click Orlando
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