El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) acusó este lunes a las autoridades cubanas de imponer solicitudes fiscales de hasta doce años de cárcel para los manifestantes de las históricas protestas del 11 de julio pasado.
“Hemos documentado al menos once peticiones fiscales de entre doce y cuatro años de prisión por supuestos delitos de ‘desórdenes públicos y atentado’, fundamentalmente en las provincias de Camagüey y Villa Clara. Otras 40 personas enfrentan peticiones de entre ocho meses y un año de prisión”, indicó Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH, reportó ObservaCuba.
La lista de peticiones fiscales documentadas se adjunta para conocimiento de la opinión pública, aunque su tamaño real podría ser superior.
#Cuba no es como te la cuentan. El último estudio del OCDH del estado de los Derechos Sociales en la isla lo demuestra con datos @observacuba 👇👇👇 #DerechosSociales #11J https://t.co/vFVdM3PL6D
— Pamela Asturizaga (@pasturizaga) October 5, 2021
“Las peticiones fiscales contra manifestantes pacíficos en Cuba prácticamente equiparan las protestas con los delitos de homicidio. De concretarse, estas serían las sanciones de cárcel más altas desde la Primavera Negra de 2003 por motivos políticos. El mundo no puede quedarse callado ante la embestida permanente del régimen de Miguel Díaz-Canel”, añadió González Raga.
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Unos 229 ciudadanos permanecen detenidos por participar en las protestas de julio, en prisión provisional o con condenas firmes, según datos parciales recibidos en el OCDH.
Desde el amanecer de hoy, 2 de octubre, en el día 141 de mi prisión domiciliaria, comienzo un ayuno voluntario en protesta por la liberación de los cientos de presos que el régimen mantienen en prisión por ejercer su derecho al libre pensamiento y a la libre manifestación. pic.twitter.com/Wrd8FZqlDr
— Carolina Barrero (@carolinabferrer) October 2, 2021
Solo en septiembre se produjeron 414 acciones represivas, de las cuales 79 fueron detenciones arbitrarias. Otros abusos cometidos contra activistas de derechos humanos, periodistas o artistas independientes incluyen sitios de viviendas, hostigamientos, citaciones policiales, amenazas, multas y agresiones por parte de la policía política. En cuanto a la acción de sitiar a los activistas en sus casas, el OCDH documentó 208.
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