Oregon aprueba recursos para combatir cultivo ilegal de marihuana

Un senador estatal demócrata del sur de Oregon dijo que su región, donde proliferan las granjas ilegales de marihuana protegidas por hombres armados, comienza a parecerse a un estado fallido.

La Legislatura de Oregon asignó 25 millones de dólares para ayudar a departamentos de policía locales y de condado, y a organizaciones comunitarias a cubrir los gastos cada vez más elevados que supone combatir a miles de granjas ilegales de marihuana de escala industrial. Los residentes aseguran que no es suficiente.

Siete años después de que los electores de Oregon aprobaran en las urnas la legalización del consumo recreativo de la marihuana así como su producción y venta reguladas, el estado enfrenta una explosión de granjas ilegales que operan descaradamente, principalmente en los condados Josephine y Jackson, en el sur del estado.

A lo largo de las carreteras se pueden ver invernaderos de estructura básicos. Muchas personas aseguran ser productores legales de cáñamo, pero en su lugar cultivan plantas con cantidades ilegales de THC, la sustancia psicoactiva de la marihuana.

Esta industria ilícita genera ganancias por miles de millones de dólares y cuenta con el financiamiento de grupos delictivos extranjeros y cárteles del narcotráfico, dijeron las autoridades policiales.

El jefe de policía del condado de Jackson, Nathan Sickler, dijo a los legisladores que los cárteles “tiene un modelo de negocios: Instalar cultivos ilegales de cannabis que rebasen la capacidad de acción de la policía. Saben que nos quedaremos con algo, pero saben que no podemos quedarnos con todo”.

Un agricultor del sur de Oregon responsabiliza al estado de no contar con suficientes inspectores para determinar cuáles granjas de cannabis que aseguran ser de cáñamo realmente cultivan cáñamo. El agricultor habló bajo condición de anonimato por temor a posibles represalias en su contra de parte de los cárteles.

El agricultor también responsabilizó a los propietarios de tierras por venderlas o arrendarlas a personas fuera de la ley.

“Sí alguien llega a tu propiedad con un maletín con 100.000 dólares en billetes de 20, sabes que no es alguien precisamente honesto. Y si aceptas el dinero y les permites hacer cosas en tu tierra probablemente deberías anticipar que están ahí para violar la ley”, señaló.

Investigadores trasladan plantas de marihuana a un camión de la Guardia Nacional afuera de un cultivo ilegal (ASSOCIATED PRESS)

El senador demócrata Jeff Golden, de la localidad sureña de Ashland, dijo que algunas regiones rurales son “zonas donde abundan las armas de tipo militar, parecidas a las que solemos asociar con los estados fallidos”.

Golden y otras dos legisladoras del sur de Oregon, la representante demócrata Pam Marsh y la representante republicana Lily Morgan, habían dicho anteriormente en una carta dirigida a la gobernadora Kate Brown que los trabajadores en las granjas ilegales viven en “condiciones cercanas a la esclavitud”.

Incumplimiento con los trabajadores

Un argentino de 27 años dijo el miércoles que en agosto pasado se enteró en un grupo de WhatsApp que se necesitaban trabajadores en una granja de marihuana en el sur de Oregon. En ese momento trabajaba en una granja de marihuana en el condado Humboldt, en California. Entonces, se dirigió al lugar cerca de Cave Junction, Oregon, con la expectativa de que le pagarían 2.500 dólares por tres semanas de trabajo.

Laboró turnos de 12 horas bajo el fuerte sol, cuidando las plantas y durmiendo en una tienda de campaña. Una vez que se cumplieron las tres semanas, él y otros trabajadores fueron a ver al encargado de la granja para que les pagara.

“Cuando nosotros fuimos a reclamar nuestro dinero, ni siquiera nos miró. Nos rechazó el saludo y se fue. Subió a su camioneta y se fue”, afirmó el argentino, quien se encuentra en Estados Unidos con visa de turista. Solicitó el anonimato debido a las leyes federales de inmigración.

Los departamentos de policía de condado y otras agencias policiales que soliciten las subvenciones tendrán que trabajar con organizaciones de la comunidad para enfrentar el tráfico de mano de obra, dijo la legisladora Morgan. De los 25 millones de dólares, 5 millones se destinarán a vigilar el aprovechamiento del agua.