Solicitan sanciones internacionales contra Daniel Ortega y demás funcionarios responsables de la represión en Nicaragua

Por MiamiDiario PD junio 19, 2019 16:09

Solicitan sanciones internacionales contra Daniel Ortega y demás funcionarios responsables de la represión en Nicaragua

A la fecha, los máximos responsables de las muertes y los abusos aberrantes cometidos en Nicaragua a partir de abril de 2018 no han sido debidamente castigados y se corre el riesgo de que esos crímenes permanezcan impunes, según publicó Infobae

Por Redacción Miami Diario

Ya ha transcurrido poco más de un año después del inicio de la salvaje represión lanzada contra opositores al gobierno de Daniel Ortega, y se corre el «grave riesgo» de que si no hay una mayor presión internacional esos crímenes permanezcan impunes.

Así lo advierte la Organización Human Rights Watch (HRW), a través de un informe pormenorizado donde insta a una «acción internacional más decidida».

El informe plantea que los países de la región, así como Estados Unidos, Canadá y Europa, deberían imponer «sanciones individuales» al presidente Ortega y a una lista de altos funcionarios y jefes de las fuerzas de seguridad responsables de los abusos. El trabajo cuenta con un centenar de páginas que documentan los abusos que padecieron en el último año muchas de los cientos de víctimas de la represión oficial.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, considera sumamente importante que la comunidad internacional no deje de atender y seguir de cerca la situación en Nicaragua.»Estamos ante una dictadura y ante una dictadura hay que redoblar la presión y no ceder. Si no se mantiene la presión, no habrá posibilidades de una transición a la democracia«, aseguró.

El informe presentado por HRW se denomina «Brutal represión: torturas, tratos crueles y juicios fraudulentos contra manifestantes y opositores en Nicaragua» y detalla los abusos que sufrieron muchas de estas personas, a través de las investigaciones hechas sobre el terreno y decenas de entrevistas a víctimas, familiares y testigos , así como de la recolección de pruebas documentales y el testimonio de abogados, médicos y representantes de organizaciones internacionales.
Los relatos que recoge el trabajo dan cuenta de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de los detenidos por parte de las fuerzas policiales y bandas armadas al servicio del gobierno de Ortega. Esto incluyó feroces golpizas contra los manifestantes, violaciones de personas detenidas, «incluso con tubos metálicos y armas de fuego», simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas, quemaduras con ácido, simulacros de ejecuciones y otros abusos.

Vivancos agregó que «Daniel Ortega no ha mostrado el más mínimo interés en que las víctimas de la feroz represión perpetrada por miembros de la Policía Nacional y matones armados durante las protestas de 2018 logren justicia».

A juicio del defensor de los derechos humanos, «las últimas liberaciones de presos políticos son bienvenidas, por supuesto, pero eso no cambia el panorama: se trata de personas que nunca debieron haber sido detenidas y la impunidad persiste en Nicaragua, sin que ni un sólo policía se encuentre bajo investigación por los hechos salvajes que tuvieron lugar,  ni por los delitos aberrantes como violaciones sexuales, asfixias y remoción de uñas», añadió.

HRW considera imperativo que la comunidad internacional apunte contra los responsables de los abusos y les aplique sanciones individuales, para que sus crímenes no queden impunes. Al tope de esa lista HRW ubicó al presidente Ortega, que según consigna es «jefe supremo de la Policía Nacional» y cuenta con amplias facultades para ejercer ese mando.

También responsabilizan a la general retirada Aminta Granera, ex directora de la Policía Nacional, jefa de la fuerza hasta septiembre del año pasado; el general Francisco Díaz, su reemplazante desde entonces; el general Ramón Avellán, subdirector de la Policía Nacional y máximo responsable policial en Masaya, donde fuerzas bajo su mando y grupos armados cercanos al gobierno reprimieron brutalmente a manifestantes opositores; el general Jaime Vanegas, inspector general de la Policía Nacional; el general Luis Pérez Olivas, jefe de la cárcel de El Chipote, donde tuvieron lugar muchos de los abusos documentados, y el general Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), que según indicó un informe de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo un «papel central» en la represión.

Con información de:Infobae

Por MiamiDiario PD junio 19, 2019 16:09

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