Con sorpresa los abogados del ex Presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski (PPK) recibían el pedido de prisión preventiva que solicitaba la Fiscalía, misma sorpresa con la que el día miércoles 10, al promediar las 9 horas, PPK de 80 años, contestaba el breve llamado de un hombre de prensa quien le consultaba sobre su postura en relación a la reciente orden de detención por 10 días dictada en su contra como parte de la investigación por lavado de activos por el Caso Odebrecht, ocasión en la que desempeñaba como Ministro de Estado (2004-2006). Kuczynski, consternado por la información recibida, solo atinaba a responder que le parecía una ridiculez.
Por Carlos Escaffi Rubio (*)
La inesperada medida adoptada por un juez, a solicitud del Ministerio Público, dejaba a la clase política peruana más que sorprendida; puesto que, además que la ley prohíbe que un hombre de 80 años esté detenido, Kuczynski habría cumplido con atender todas las solicitudes requeridas por la justicia en relación al proceso que obra en su contra, sumado el impedimento de salida vigente, cuentas bancarias congeladas, allanamientos y medidas cautelares interpuestas.
En resumen, habría demostrado, más que buena voluntad e inmejorable disposición con la justicia y el proceso en curso.
En razón de lo anterior, corresponde entonces analizar la consistencia de la medida adoptada, en un escenario en el que pareciera que las detenciones y prisiones preventivas estarían “a la vuelta de la esquina”, más aun tratándose de personajes públicos altamente mediáticos.
No obstante ello, la autoridad podría invocar una medida precavida argumentada, tal cual ocurrió con el ex Presidente Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia, ocasión en la que el Tribunal Constitucional (TC), al cabo de 9 meses de haber cumplido prisión preventiva, estimó por considerar dicha medida inconstitucional. Similar situación por la que actualmente transita la señora Keiko Fujimori, quien cumple una prisión preventiva de 36 meses.
En cuanto a la postura de los principales líderes políticos, la mayoría de estos han condenado la detención de Kuczynski. De hecho, los ex ministros del ex Presidente en cuestión, emitieron un comunicado en el que calificaban de arbitraria la detención, además de indicar que no existía el sustento jurídico respectivo.
Entre los firmantes, figuran la actual Vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz (ex primera ministra de PPK); y Carlos Bruce, Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento (también ex ministro).
En cuanto al actual primer ministro, Salvador del Solar, también ex ministro de Cultura de PPK, se manifestó en redes sociales indicando: “Es indispensable conocer los fundamentos de una medida de esta proporción contra el ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien ha venido cumpliendo con todos los requerimientos de la justicia”; no obstante, no firmaba el comunicado en comento, quien tampoco lo hizo fue el presidente de la República, Martín Vizcarra, también ex Ministro de Transporte y Comunicaciones de PPK.
Todo lo anterior ocurre en una compleja coyuntura política, digna de una centenaria alineación astral, y es que la aprobación del presidente de la República Martín Vizcarra sigue cayendo de 66 a 49%, se suma la libertad provisional concedida en España al ex juez César Hinostroza, la renuncia de dos ministros de Estado, de carteras altamente sensibles, el complejo conflicto socio ambiental que involucró a las comunidades de la operación de la minera MMG, en la Las Bambas (Apurimac), el cual tuvo movilizado al propio primer Ministro y un grupo de ministros de Estado y, por cierto el bajo nivel de aprobación que tuvo el voto de confianza al Gabinete del Solar ante el Congreso de la República, en donde solo obtuvo una votación de 46 votos respecto de los 130 parlamentarios, la más baja cantidad de votos en las últimas presentaciones de nuevos Gabinetes en el último periodo.
En mi modesta opinión, si bien la detención no tendría vicios de ilegalidad, es oportuno abrir un espacio de análisis y discusión para determinar y revisar, en profundidad, esta especie de tradición que pareciera sustentarse en minimizar eventuales riesgos para la investigación, terminando por encarcelar preventivamente al investigado.
Finalmente, la detención en cuestión, misma que involucra directamente a quien hace un tanto más de un año ocupaba la primera Jefatura de Estado del Perú, no puede pasar inadvertida, o, peor aún, ser vista con normalidad, pues estas complejas situaciones afectan y vulneran la imagen país, restando por cierto competitividad internacional, ya lo dijo el presidente del Congreso, Daniel Salaverry: “Lamentable para la imagen del país que otro presidente esté detenido”.
La reflexión social al respecto que debe obligatoriamente extenderse a la academia debe ser profunda; reitero, no es normal que desde el periodo gubernamental que inicia en 1985, el grueso de ex Jefes de Estado hayan terminado o abdicado a sus mandatos y en paralelo hayan sido acusados, declarados reos contumaces, otros sustraídos de su libertad casi al mes que dejaron el cargo, otros buscados por la justicia con afiches que promueven una generosa recompensa por su captura.
Ésta, definitivamente, no es la historia con la que el Perú quiere llegar al Bicentenario de su República.
(*) Gerente general en IMAGINACCION Perú, docente en la facultad de Gestión de la PUCP y ex funcionario de PROCHILE.
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