Crece incertidumbre en torno al "extraño suicidio" del venezolano Juan Carlos Márquez

Fuentes militares venezolanas afirman que Juan Carlos Márquez, quien armaba jurídicamente los guisos en PDVSA [la estatal petrolera de Venezuela en la época de Rafael Ramírez, no se suicidó. Lo mataron.] en la época de Rafael Ramírez“, según publicó ElConfidencial

Por Redacción Miami Diario

Las mismas fuentes militares aseguran que “habrá más muertos, porque los poderosos que han saqueado el país buscan su impunidad a cualquier precio”.

Es de hacer notar que el domingo 21 de julio, el abogado venezolano Juan Carlos Márquez Cabrera, de 48 años, apareció muerto en su despacho de la Consultora Alcander SL en la primera planta del Edificio Cristal, ubicado en la avenida de Somosierra 12 de la ciudad madrileña de San Sebastián de los Reyes.

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía tuvieron que forzar la cerradura para entrar. Lo hallaron colgado de su cinturón. Había prestado declaración en la Audiencia Nacional dos días antes por un caso de blanqueo de capitales que afecta a Raúl Morodo, exembajador de España en Caracas (2004-2007). Había sido citado de nuevo en la Audiencia el día posterior a su fallecimiento. El hecho ocurrió a las tres de la tarde y las autoridades fueron alertadas por su socio, quien no pudo ingresar a la oficina porque la puerta estaba atrancada.

Se pudo conocer que “el informe preliminar de la autopsia practicada a Juan Carlos Márquez” concluía que se había suicidado. “Además de encontrar restos de sangre en el pecho y en la cabeza, los agentes hallaron sobre la mesa del despacho una carta manuscrita en la que se manifiesta su deseo de quitarse la vida y que está siendo analizada por los investigadores para determinar si la escribió el propio Márquez”.

Fuentes policiales y de Inteligencia coinciden en que resulta inverosímil que una persona que se suicida mediante ahorcamiento presente también heridas en pecho y en cabeza. Añaden que tampoco es fácil tener la pericia de intentar colgarse con un cinturón y lograrlo al primer intento, como ocurrió en el caso del abogado venezolano el pasado domingo.

Perfil de Juan Carlos Márquez Cabrer

Integróel gabinete jurídico (en calidad de jefe) de la estatal petrolera venezolana PDVSA entre 2004 y 2013, donde además fue miembro del Consejo de Administración. Alto funcionario y directivo muy discreto —apenas existen referencias a su persona en las hemerotecas digitales—, fue parte del círculo de confianza de Rafael Ramírez, quien desempeñó los cargos de ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería y presidente de PDVSA justo entre 2004 y 2013.

Como se recordará, Rafael Ramírez, conocido como el zar de PDVSA, contó con la confianza de Hugo Chávez y se convirtió en el hombre más poderoso de la economía venezolana durante más de un decenio. Márquez Cabrera firmó todos los contratos y transferencias de dinero del principal recurso económico de Venezuela, PDVSA, en un periodo en el que se sustrajeron de las arcas públicas unos 20,000 millones anuales y se desviaron a cuentas de bancos en Suiza, Andorra, España, Portugal y otros muchos lugares para el enriquecimiento personal de dirigentes del chavismo. El exministro vive hoy en Italia protegido por los servicios de Inteligencia de ese país.

Una fuente militar que conoce perfectamente las entrañas de los esquemas de corrupción en PDVSA y en otras instituciones claves de Venezuela asegura que Márquez Cabrera “era un hombre que sabía demasiado”.

Investigado por la Audiencia Nacional

Según las investigaciones, el fallecido conocía en detalle un caso relacionado con una causa abierta en la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales. Tras una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, investiga desde la primavera pasada a Raúl Morodo (Ferrol, 1935) por haber urdido una trama que habría blanqueado blanqueado supuestamente 4,5 millones de euros originados en el ingente saqueo que ha padecido PDVSA en los últimos 15 años. Morodo fue nombrado embajador de España en Caracas en 2004 por Jorge Luis Rodríguez Zapatero, a instancias de su entonces ministro de Defensa, José Bono.

Por esa causa, Alejo Morodo, su hijo, su nuera y un matrimonio de venezolanos afincados en España fueron detenidos el 20 de mayo. El hombre de la pareja es Carlos Adolfo Prada, socio de Juan Carlos Márquez en diversos negocios fundados conjuntamente en España desde 2014.

Luego de que Raúl Morodo cesara al frente de la legación diplomática en Caracas en 2007 y tras haberse granjeado una gran amistad con Chávez, su hijo Alejo comenzó a viajar a Venezuela con asiduidad a partir de finales de ese año. De acuerdo con las pesquisas de los investigadores, desde entonces y hasta al menos 2013, la familia Morodo y sus cómplices habrían montado una estructura ‘offshore’ para cobrar honorarios a través de cuentas en Suiza a cambio de servicios ficticios de asesoría para PDVSA. Una gran parte de los 4,5 millones de euros cobrados de caudales públicos venezolanos habría sido blanqueada posteriormente en España mediante adquisiciones inmobiliarias. Fuentes de la investigación subrayan que la cifra de 4,5 millones es conservadora y que la suma manejada podría ser muy superior al final del proceso. La Audiencia Nacional investiga a los acusados por posibles delitos de corrupción en transacciones comerciales internacionales, falsedad documental y delito fiscal.

Valiéndose de su posición en PDVSA, Márquez Cabrera autorizó con su firma el consentimiento de los pagos por los contratos de consultoría ficticia a Aequitas Abogados y Consultores Asociados SL, sociedades de las que es administrador único Alejo Morodo. Al respecto, un par de documentos elocuentes fueron publicados por El País, ambos, efectivamente, firmados por Morodo y Márquez Cabrera.

Posteriormente, las facturas siguientes pagadas por PDVSA fueron canalizadas a través de la sociedad panameña Furnival Barristers Corporation, creada en abril de 2008 con “hombres de paja” y mediante acciones al portador, una forma de participación usada para ocultar a los últimos beneficiarios de las empresas inscritas en paraísos fiscales. Hasta octubre de 2016, no apareció en el Registro Público de Panamá el nombre de Alejo Morodo Cañeque como presidente de la sociedad ni las acciones pasaron a ser nominativas en lugar de permanecer anonimizadas al portador. Curiosamente, en esas fechas, la Fiscalía Anticorrupción ya había iniciado las indagaciones.

Hace pocos días se conoció que Márquez Cabrera era investigado por la Audiencia Nacional. El procedimiento se está llevando con sumo sigilo.

El jueves 18 de julio, el abogado había llegado al aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez en vuelo procedente de Estados Unidos y allí mismo fue arrestado porque sobre él pesaba una orden de busca y captura. Pasó la noche en un calabozo y el viernes 19 prestó declaración ante el juez Pedraz por estar implicado en la supuesta trama urdida por los Morodo en connivencia con altos ejecutivos de PDVSA. Quedó en libertad provisional y se le emplazó a acudir de nuevo a la Audiencia Nacional el lunes 22 para declarar, pero su muerte impidió esa diligencia.

Alguien había reservado en su nombre un billete de avión con destino a Chicago, entre el viernes y el momento de su muerte. Por ello, Interpol avisó a las autoridades españolas. Lo cierto es que Márquez Cabrera nunca se personó en el Aeropuerto de Madrid para tomar ese vuelo.

Vida en España

Juan Carlos Márquez se asentó en España en 2014, al culminar con su periplo como abogado en PDVSA. Compró una vivienda en la calle Valcarlos 9, en una típica urbanización de nuevo cuño del barrio de Las Tablas, al norte de Madrid. Nada glamuroso y muy poco del estilo de los venezolanos que se han enriquecido al calor de la cleptocracia practicada durante el chavismo: bloques de seis pisos que cuentan con zona común para los residentes con piscina, jardín y algunas pistas deportivas sin mayor encanto. El portero de la finca confirmó que se había mudado a la exclusiva urbanización de La Moraleja, en el municipio madrileño de Alcobendas, hacía “dos o tres años”. Cuenta este mismo empleado que Márquez Cabrera viajaba continuamente a otros países.

Los hermanos Carlos Adolfo y Francisco Javier Prada, socios de Márquez Cabrera, crearon en 2008 la Consultoría Alcander SL, dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia y también a la consultoría en hidrocarburos, según se recoge en el Registro Mercantil. En ella se desempeñaba ahora el finado.

De acuerdo con las cuentas depositadas en 2017, el patrimonio de la sociedad se elevaba a 12,2 millones de euros. Apenas tenía pasivo, solo deudas por poco más de 121.000 euros. En 2017, los socios ganaron 366.000 euros; en 2016, 353.000. En mayo pasado, según recoge el Boletín Oficial del Registro Mercantil, la consultora amplió su capital en 2,2 millones de euros.

El ex abogado de PDVSA domicilió en su casa de Las Tablas la sociedad Márquez Ulloa Consultores SL, en octubre de 2014. La compañía estaba dedicada a actividades jurídicas para asesorar en operaciones de comercio exterior. Él poseía el 100% de las participaciones y Carlos Adolfo Prada fungía como administrador único.

https://www.youtube.com/watch?v=d78RCQcGBvE

Lo cierto es que la carrera profesional de Márquez Cabrera se truncó el pasado 21 de julio. Una fuente de Inteligencia revela que “la mano que meció la cuna del asesinato de Juan Carlos Márquez dio las órdenes desde Italia”.

Las investigaciones que se llevan a cabo en el juzgado de instrucción 1 de Alcobendas y en la Audiencia Nacional dictaminarán si él mismo puso fin a su vida o si “lo suicidaron” para silenciarlo al más puro estilo de la Cosa Nostra.