La Fiscalía anticorrupción de España trabaja para demostrar el origen ilícito de las millonarias inversiones inmobiliarias que han hecho en ese país exfuncionarios del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Por Redacción MiamiDiario
Según un reporte de Vozpópuli la clave reside en que la imputación por blanqueo de capitales solo es posible si se demuestra que el dinero proviene de actividades delictivas en Venezuela. “Estados Unidos lo ha demostrado ya en varias casos, a través de informes bancarios y confesiones de testigos e investigados”, apunta el medio.
El Ministerio Fiscal español está interesado en el desenlace de las investigaciones en suelo estadounidense y viajó a Miami para reunirse con las autoridades y recabar información que permita descifrar la trama de blanqueo del chavismo en España, informaron a Vozpópuli fuentes del caso.
Puntualiza el medio que Madrid y Washington ya han trabajado juntas en ocasiones anteriores tras la pista de personas vinculadas al gobierno bolivariano. En los últimos tres años, el Cuerpo Nacional de Policía detuvo al menos una decena de exfuncionarios venezolanos requeridos por Estados Unidos; la lista incluye a ministros, jefes de seguridad, directores de finanzas de empresas públicas y demás funcionarios cercanos a las altas esferas de poder de Chávez y Maduro.
Varios de los investigados han sido entregados, algunos incluso ya cumplen condena en Estados Unidos y otros permanecen en España a raíz de diferentes procedimientos que se siguen en su contra.
Requeridos por EEUU
Tres de los venezolanos contra los que se dictó orden de detención internacional fueron Nervis Villalobos, Luis Carlos De León y César Rincón. Los arrestaron en España en octubre de 2017, acusados de unos 20 cargos entre los que se incluye “conspiración para cometer lavado de dinero“. De León y Rincón fueron extraditados. Villalobos permanece en Madrid.
Vozpópuli agrega que aunque varios tribunales españoles estudian el blanqueo del chavismo, “la mayor investigación se desarrolla en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Allí, el juez Juan Carlos Peinado dirige las pesquisas sobre la “defraudación y/o apropiación del patrimonio” de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y otras empresas públicas del país caribeño, como la Corporación Eléctrica (Corpoelec)”.
Nervis Villalobos, que fue viceministro de Energía, es uno de los principales sospechosos en la trama. Se encuentra en libertad provisional desde enero, después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidiera no extraditarle a Estados Unidos para evitar dilaciones en el procedimiento que se investiga en el Juzgado madrileño de Plaza de Castilla.
Villalobos es investigado por las autoridades de Texas por lavar dinero de PDVSA. Se le acusa de participar en un sistema de conspiración para el blanqueo de capitales junto a Roberto Rincón y Abraham Shiera, ambos juzgados y reconocidos culpables.
Blanqueo y sobornos
En el caso de Luis Carlos De León, exdirector de Finanzas de una de las filiales de PDVSA, detenido y 
extraditado desde España en 2017, admitió haber participado junto a Villalobos en la trama destinada al cobro de sobornos y el lavado de dinero.
Según Vozpópuli la Policía española sostiene que el exviceministro utilizó un entramado de sociedades para blanquear unos 50 millones de euros en la península.
Cita el medio un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) recogido por El País, en el que aparece que Villalobos y sus socios adquirieron en España 113 propiedades, 71 pisos y 42 plazas de garaje. La Fiscalía española reúne pruebas para acusarle de blanqueo de capitales.
Javier Alvarado Ochoa, exviceministro de Desarrollo Eléctrico, fue detenido en mayo en virtud de una orden internacional dictada por un juez de Texas que le reclama por delitos de corrupción.
“En España se le investiga en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por la trama de blanqueo de capitales y en el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional por los supuestos sobornos de la empresa asturiana Duro Felguera a políticos venezolanos”, acota Vozpópuli .
Aunque tanto Villalobos como Alvarado son requeridos por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, de momento ninguno será extraditado, ya que tal y como consta en sus respectivos autos de detención “se pretende evitar dilaciones en los procedimientos que se siguen en España, en los que el Ministerio Fiscal intenta probar el origen ilícito de las millonarias inversiones”, indica Vozpópuli.
El Ministerio Público venezolano considera que ambos utilizaron su “influencia en los círculos de poder” para organizar un sistema de comisiones en relación a contratos públicos de la empresa PDVSA.
