Luego de un impasse de meses, durante el cual centenares de miles nicaragüenses perdieron sus empleos, decenas de miles abandonaron el país y más de 700 terminaron tras las rejas, el miércoles se inició un nuevo proceso de diálogo en Nicaragua
Por Redacción MiamiDiario
La negociación se celebró con representantes del gobierno y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, pero sin la participación del presidente Daniel Ortega.
Entre los participantes en calidad de testigos, estuvieron el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag, y el cardenal y arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes.
Las conversaciones tienen como objetivo encontrar una salida a la crisis en la que el país se encuentra, sumido desde abril del año pasado, cuando estalló una ola de protestas en contra del presidente Daniel Ortega, duramente reprimidas.
Pocas horas antes del inicio del diálogo, el gobierno informó que 100 presos fueron puestos en libertad por el gobierno de Ortega.
Estaban detenidos, según el régimen, “por haber cometido delitos contra la seguridad común y delitos contra la tranquilidad pública”.
Recibieron el beneficio de la “convivencia familiar u otras medidas cautelares”, dijo el Ministerio de Gobernación, en un comunicado en el que se detalló los nombres y direcciones de un centenar de ciudadanos.
La liberación de todos los detenidos por participar en las protestas en contra del mandatario de 72 años era uno de los temas que la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia había identificado como “fundamental” para tratar de resolver la crisis.
Entre los arrestados había 777 personas, según el Comité Pro Liberación de los Presos Políticos. El gobierno solo confirmó la liberación de un centenar de ciudadanos.
La Alianza Cívica advierte que seguirá insistiendo en exigir la liberación de todos los que consideran “presos políticos” (“golpistas” y “terroristas”, según las autoridades).
No obstante, se desconoce si la liberación de este miércoles será definitiva.
Y los nicaragüenses parecen no ponerse de acuerdo en si el nuevo diálogo beneficiará o no a Ortega, si es un síntoma de debilidad o fortaleza, o incluso si arrojará resultados concretos.
El diálogo se celebró a puertas cerradas. Foto cortesía AFP.
A puertas cerradas
Por lo pronto, a diferencia del primer intento de diálogo —que arrancó el 16 mayo de 2018 y se suspendió indefinidamente una semana más tarde— esta vez el proceso tuvo lugar a puerta cerrada y con la ausencia de varios actores importantes.
Entre los integrantes del “equipo de negociación” de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, por ejemplo, esta vez no hubo representantes del Movimiento Campesino, que recientemente vio cómo su principal representante en las primeras pláticas fue condenado a más de 200 años de cárcel acusado de terrorismo.
Tampoco estuvieron presentes, por encontrarse en el exilio, los líderes estudiantiles que emplazaron públicamente a Ortega en el inicio de ese diálogo, exigiéndole la renuncia y gritándole a la cara los nombres de sus compañeros muertos durante las protestas.
Esta vez, además, la Conferencia Episcopal de Nicaragua no se desempeñó como mediadora y garante de las conversaciones, aunque sí que estuvieron en calidad de testigos.
La delegación del gobierno la encabezó el canciller Denis Moncada, los diputados oficialistas Edwin Castro, José Figueroa y Wilfredo Navarro, así como el magistrado judicial Francisco Rosales y el dirigente estudiantil Luis Andino.
Otra diferencia es que no se nombraron nuevos mediadores ni se hicieron públicos los puntos en agenda.
Al concluir el día, las partes aprobaron una hoja de ruta de nueve puntos “que constituye la normativa del funcionamiento de la negociación”, dijo sin dar más detalles el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag.
El nuncio además indicó que el jueves se celebraría una segunda sesión, sobre la base del acuerdo de las partes.
La Organización de Estados Americanos (OEA) se ofreció como garante del diálogo y consideró que es posible encontrar una solución a la crisis.
Eso sí, esa “solución nicaragüense” debe cumplir los “valores del sistema interamericano”, con garantías y sin “presos políticos”, precisó el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Hermetismo y escepticismo
El primer encuentro, por el momento, destacó por su opacidad.
“Diálogo con Daniel Ortega arranca con hermetismo y escepticismo”, fue el titular con el que el diario La Prensa anunció el inicio de la “mesa para negociar”, a la que el mandatario accedió luego de una reunión privada con cuatro de los hombres más ricos del país.
El aparente liderazgo del sector empresarial hace que muchos teman conformen unas conversaciones más orientadas a lograr la “normalización” del país que a la búsqueda de los profundos —para muchos necesarios— cambios exigidos durante las protestas.
Según Ortega, el compromiso es “negociar para consolidar la paz” y “construir esa nueva ruta, ese nuevo camino que mejore las condiciones para que el país, y por lo tanto el pueblo nicaragüense, se pueda ir recuperando más rápidamente de los efectos del intento de golpe de Estado de abril”.
Pero además de “la liberación de los presos políticos y el restablecimiento de las libertades, derechos y garantías establecidos por la Constitución Política”, la Alianza Cívica también incluyó entre sus exigencias las “reformas electorales que garanticen unas elecciones justas, libres y transparentes”.
El tercer tema identificado por la Alianza —que aglutina a representantes del sector privado, la sociedad civil, la academia y el movimiento estudiantil— es simplemente la “justicia”.
Pero, en la práctica, ese puede ser el punto más contencioso de la negociación, especialmente si los opositores renuncian a su tradicional exigencia de adelantar los comicios.
Ortega, quien se encuentra en medio de su tercer período consecutivo como presidente, siempre ha defendido la actuación de las fuerzas de seguridad durante las protestas, aduciendo que estas simplemente habían reaccionado a un intento violento de golpe de Estado auspiciado por Washington.
No obstante, un informe de un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabiliza al Estado nicaragüense de “crímenes de lesa humanidad”, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, torturas y agresiones sexuales.
En total, al menos 325 personas murieron en el marco de las protestas que comenzaron el 19 de abril y se estima que más de 80.000 nicaragüenses se vieron forzados a abandonar el país.
La situación también ha golpeado duramente a la economía del segundo país más pobre del continente americano, según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico, Funides, previendo una contracción de entre el 7,3% y el 10,9%.
Con información de BBC
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