El abogado venezolano Joaquín León, a cargo de la demanda, dijo a Efe que la explotación de estos trabajadores y “la privación de sus derechos fundamentales” representan un “sistema moderno de esclavitud“.
León detalló que se trata de una demanda colectiva con un número “interesante” de demandantes que por “protección” se ha pedido el secreto de su identidad.
Los demandantes esperan se sumen al proceso legal más trabajadores de la salud que estén o hayan estado vinculados desde 2003 al programa en Venezuela.
Según el abogado, basado en documentos oficiales de Venezuela, desde 2003 el programa, “administrado por Pdvsa”, suma hasta la fecha 28.800 millones de dólares.
“PDVSA es la entidad que hace los pagos, cubre los compromisos para que este programa se mantenga”, subrayó León, quien presentó la demanda este lunes ante el TSJ venezolano en el exilio, que se instaló en octubre de 2017 en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.
Detalló que además solicitó a esta corte, formada por 25 magistrados, una medida cautelar que busca garantizar, en principio, 3.600 millones de dólares en dinero o bienes de PDVSA para “proteger la demanda”.
León señaló que los médicos, además de ser explotados laboralmente, con horarios excesivos, no tienen acceso a sus familias, viven en condiciones precarias y son constantemente hostigados y sometidos a la vigilancia de “personas de la inteligencia de su país.
Por otro lado, señaló que el monto de la indemnización aún no se ha establecido debido a que esperan que se sumen más demandantes.
Cuestionó además que los montos de dinero del programa según los archivos oficiales “no corresponde a lo que realmente reciben los médicos”.
En ese sentido, Roberto Hung, otro de los abogados, puso como ejemplo que un médico cubano podría costarle a Venezuela alrededor de 80.000 dólares al mes, pero este sólo recibía una remuneración mensual de 500 dólares.
En noviembre pasado, cuatro médicos cubanos demandaron en Miami a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a la que acusan de haber facilitado la “red de tráfico humano” y “esclavitud” que, a su juicio, había detrás del programa cubano “Mais médicos” en Brasil.
De acuerdo con los informes oficiales presentados en la demanda, los médicos cubanos recibieron menos del 10% del dinero que Brasil pagaba a Cuba por estos servicios, mientras que la OPS, con sede en Washington, y el régimen de la isla se quedaron con el resto.
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