Al ritmo de las sanciones económicas que Estados Unidos ha impuesto a personajes e instituciones ligados a la corrupción y a la violación de derechos humanos se está moviendo un botín de aproximadamente 2.500 millones de dólares en Nicaragua. De acuerdo con diversas investigaciones, se trata de parte de la fortuna que maneja Daniel Ortega, construida a través de una década de cooperación petrolera venezolana, según difundió Infobae
Por Redacción Miami Diario
De acuerdo con la investigación, el botín ha tenido al menos tres asientos diferentes en los últimos dos años.
La llamada Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional Responsabilidad Limitada (Caruna) es el primer asiento. Se trata de un viejo y pequeño negocio que desde su origen en 1992 estuvo vinculado al izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido que volvió a gobernar Nicaragua desde el 2007.
Gracias a las maniobras de Ortega, los modestos recursos de la antigua cooperativa de ahorro y crédito alcanzaron operaciones financieras de miles de millones de dólares. El presidente de Nicaragua logró desviar a esa caja los jugosos fondos de la cooperación petrolera de Venezuela hacia Nicaragua.
Pero en 2018, Caruna volvió a quedarse sin recursos. En mayo de ese año en un pequeño poblado llamado Somoto, a 217 kilómetros al norte de Managua, unas decenas de pequeños campesinos se agolparon a reclamar sus ahorros cada lunes en las afueras de una discreta oficina bancaria de dos pisos.
Los campesinos reclamaban sumas desde 250 dólares hasta 15.000 dólares, pero sus peticiones siempre fueron negadas. Se les decía: “Pronto se les estará llamando para resolver”. Y ya no solo en Somoto sino en todo el país donde antes había sucursales de Caruna, ya no decenas, sino miles de personas, siguen esperando las llamadas y preguntando, ¿dónde está el dinero?
En agosto de 2018 se supo qué había pasado: el dinero de Caruna, un monto de 2.500 millones de dólares en activos, fue transferido de la antigua caja rural a un nuevo banco ligado al gobierno de Nicaragua: Banco Corporativo Sociedad Anónima (Bancorp), según se desprende de una auditoría interna realizada por la firma de contadores Grant Thornton.
El 24 de febrero de 2014 fue creado el nuevo ente financiero y entró en operaciones el 6 de abril de 2015, pero fue recién en 2016 y 2017 que recibió desde Caruna, en fideicomisos con plazos de 25 años, un poco más de 2.500 millones de dólares en activos.
¿Qué es un fideicomiso? Se trata de un contrato mediante el cual se transmiten bienes (dinero, cuentas y derechos) para que sean administrados durante determinado plazo o condición, y que a su vencimiento se transmita el resultado previamente establecido.
Las protestas sociales iniciadas en abril de 2018 contra el gobierno de Ortega coincidieron con la noticia del hallazgo del dinero de Caruna. El país ya estaba en llamas: más de 300 cadáveres se registraron en menos de cinco meses, junto a unos 2.000 heridos de bala, decenas de miles de exiliados y centenares de presos políticos.
Por ello, al conocerse el destino del dinero de Ortega, Estados Unidos colocó en su radar de sanciones económicas los fondos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, la “troika de la tiranía“, como las calificó el asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton.
Y llegaron las primeras sanciones para el régimen de Ortega. Ello ocurrió en 2018 contra la empresa Albanisa.
Una auditoría al Bancorp elaborada por la firma británica Moore Stephens reveló a inicios de este 2019 que el capital de Ortega creció en más de 230 millones de dólares en el 2018.
Primero fue sancionada Albanisa y le siguió Bancorp en febrero de 2018: del edificio en el centro de Managua no quedaron ni los rótulos y ante la imposibilidad de operar, tuvieron que regresar los 2.500 millones de dólares a la antigua caja rural Caruna.
Washington indicó que “Bancorp era un banco utilizado por el régimen de (Daniel) Ortega para lavar y ocultar dinero de Albanisa” .
El disidente del Frente Sandinista Enrique Sáenz, dijo que Ortega trató de ocultar los petrodólares.
A su juicio, con el recrudecimiento de las sanciones a PDVSA por parte del gobierno norteamericano, Albanisa quedó bajo el punto de mira, amenazando así al entramado empresarial de la familia gobernante de Nicaragua.
Sáenz explicó: “Corrieron a buscar testaferros, trasponer propiedades y crear nuevas empresas de mampara. Llegaron al colmo de transformar el Registro Público de la Propiedad en un registro clandestino. Algunas veces actuaron de manera burda, como en el caso de las gasolineras de Petronic (empresa distribuidora sancionada por Estados Unidos por su vínculo a Albanisa): le cambiaron los rótulos, los colores y la apariencia, pero el mayor desafío era el Bancorp y los fideicomisos ¿Qué hacer para esconderlos?“.
Para ello, crearon la “inverosímil compra del Bancorp por parte del Estado de Nicaragua“.
Agregó: “En marzo de este año, la Asamblea Nacional, dominada como todos los poderes públicos por Ortega, aprobó la compra por parte del Estado del recién sancionado Bancorp por aproximadamente 23 millones de dólares, para crear un Banco Nacional con los activos de Bancorp”.
Y prosigue Sáenz: “Ortega pensó que si utilizaban al Estado como testaferro de la riqueza de la familia, se blindarían con un escudo que los protegería de las sanciones norteamericanas. La confusión entre los intereses de la familia en el poder con el patrimonio público llegó así a un extremo sin parangón, no solo en Nicaragua, sino que probablemente a nivel mundial”.
Un mes después de haber aprobado la compra del Bancorp, Estados Unidos recordó que este banco estaba sancionado por lavado de dinero venezolano y amplió las sanciones al aun no establecido Banco Nacional. De esta manera, fracasó la alternativa de venderle su banco sancionado al propio Estado de Nicaragua, para seguir administrando los petrodólares como negocio privado.
El ex diputado liberal Eliseo Núñez Morales dijo que el futuro de los fondos de Ortega en la caja rural es incierto: “Estados Unidos no persigue instituciones, persigue los fondos“. Por ello, según Núñez, es altamente probable que Caruna sea posible objeto de sanciones en un corto plazo.
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