El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, denunció que en julio se produjeron al menos 263 detenciones arbitrarias en la isla, dentro de un total de más de 300 actuaciones represivas por parte de las autoridades.
OCDH
Además de las detenciones arbitrarias, la red de observadores del OCDH en la isla contabilizó casos de allanamientos de viviendas, citaciones ilegales, prohibición de viajes al extranjero y casas sitiadas, entre otros.
Las provincias más afectadas por los actos represivos gubernamentales fueron La Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Villa Clara.
Algunos de los casos tuvieron especial relevancia en julio, como la expulsión de Omara Ruiz Urquiola como profesora universitaria del Instituto Superior de Diseño de La Habana. La activista de derechos humanos padece cáncer y ha denunciado en numerosas ocasiones que las autoridades médicas de la isla le niegan el tratamiento.
El periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre, colaborador del diario digital 14yMedio, fue víctima de un gran operativo policial en La Habana. Estuvo detenido nueve días, cuatro de ellos totalmente incomunicado. Luego fue multado y deportado de la capital a Camagüey. Su caso es típico del incumplimiento descarado de la ya arbitraria legislación nacional cubana.
También la periodista Iliana Hernández, colaboradora del portal CiberCuba, fue detenida por la policía dos veces en julio.
“En las próximas semanas comenzará una nueva legislatura en la Unión Europea. Desde ya pedimos a sus instituciones que adopten una postura más exigente ante las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Este es un tema que no puede estar supeditado a cálculos geopolíticos, mucho menos cuando personas, ya no solo en Cuba, sino en Venezuela y Nicaragua, miran a Europa como un referente mundial en la defensa de los valores democráticos y la dignidad humana”, afirmó Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Como recientemente informó el OCDH, en el primer semestre de 2019 se produjeron en la isla al menos 1.468 detenciones arbitrarias contra opositores, periodistas independientes y activistas.
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