TALLAHASSEE, Fla.—La procuradora general Ashley Moody encabeza una coalición de 23 estados para presentar un escrito en apoyo del demandante en Health Freedom Defense Fund Inc. contra Joseph R. Biden, Jr., presidente de los Estados Unidos. La procuradora general Moody argumenta que el tribunal de distrito anuló correctamente el mandato de máscara de viaje interestatal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en este caso. La orden de los CDC del presidente Joe Biden excede su autoridad e infringe la capacidad de cada estado para promulgar sus propias reglas de salud pública.
La procuradora general Ashley Moody dijo: “El pueblo estadounidense y nuestros tribunales han rechazado el mandato ilegal de uso de mascarillas del gobierno federal para los viajes aéreos. Es asombroso que Biden siga luchando para obligar a los pasajeros a enmascararse. Una vez más estamos rechazando, en los tribunales, su extralimitación federal ilegal”.
En un escrito presentado ante la Corte de Apelaciones del 11° Circuito de los EE. UU., los fiscales generales argumentan que el mandato ilegal de los CDC excede la autoridad de la agencia de varias maneras. Primero, los CDC fundamentan su autoridad para emitir un mandato de máscara en su poder para exigir medidas de “saneamiento” bajo 42 U.S.C. § 264(a). Esa autoridad no puede respaldar el mandato. Además, de acuerdo con el estatuto, los CDC no pueden exigir que los viajeros nacionales sean examinados sin evidencia de que portan una enfermedad, pero eso es lo que requiere este mandato, una inspección visual de cada viajero sin ninguna sospecha individualizada.
El escrito también argumenta que el mandato es inválido porque no pasó por los procedimientos de notificación y comentarios. La regla de los CDC es arbitraria y caprichosa, con numerosas excepciones que la agencia no explicó ni justificó. Más allá de eso, la regla viola las propias regulaciones de la agencia. El escrito dice: “Las regulaciones de los CDC dicen que no puede actuar a menos que encuentre que las medidas locales son inadecuadas. Pero aquí, los CDC ni siquiera estudiaron las medidas locales, y mucho menos desarrollaron un método para determinar si esas medidas son adecuadas”.
A la procuradora general Moody se unen los siguientes procuradores generales estatales para presentar el escrito: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Georgia, Idaho, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Carolina del Sur, Texas, Utah, Virginia y Virginia Occidental.
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En marzo, la procuradora general Moody lideró a otros 21 estados en una acción contra el mismo mandato ilegal de máscara de los CDC en el transporte público. Los fiscales generales argumentaron que el mandato excedió la autoridad de los CDC y se basó en una interpretación fallida de un estatuto de cuarentena que fue rechazado en la corte. Un juez de distrito de EE. UU. dejó vacante el mandato federal en abril.
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