El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció el pasado martes ante la opinión pública internacional que desde la orden expresa de reprimir y usar la violencia contra los ciudadanos, dada por Miguel Díaz-Canel, el pasado domingo, el régimen cubano ha desatado una ola represiva sin precedentes, marcada por las detenciones arbitrarias, las golpizas y registros de viviendas en contra de miles de personas que están saliendo a las calles a protestar.
“Esta violación masiva de los derechos humanos es acompañada de cortes en los servicios de internet y de telefonía para impedir la denuncia y documentación de tales atropellos. A pesar de lo cual, muchos cubanos han mostrado imágenes y vídeos que evidencian el verdadero talante dictatorial del gobierno cubano, y su disposición a reprimir violentamente como única respuesta a los reclamos de un pueblo agotado, desesperanzado, y que sufre carencias extremas en medio de la crisis sanitaria”, se lee en el documento enviado a los medios de comunicación.
Agregando que “los argumentos del gobierno de Díaz-Canel pretenden legitimar su acción y no son de diálogo ni de futuro, sino que siguen anclados en un pasado cuya retórica el pueblo cubano desprecia por haberla escuchado una y otra vez, durante sesenta años”.
La crisis humanitaria que atraviesa Cuba se debe fundamentalmente al sistema comunista de partido único que limita las libertades e iniciativas de los ciudadanos, que vela por los intereses de una élite en el poder, ajena a las dificultades que sufre la mayor parte del pueblo. En tanto el Presidente de Cuba, Díaz-Canel debe responder por su ineficacia o su nulidad para hacer frente a la alargada crisis económica y social que atraviesa la isla; pero sobre todo, debe responder por las graves consecuencias de su irresponsable llamado a la confrontación y por dar la orden de reprimir. Por ese motivo, debe dimitir o ser destituido inmediatamente.
Por último, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió a la Unión Europea, a los gobiernos de España y de Estados Unidos que, si no cesa inmediatamente la represión contra los ciudadanos que protestan y no se libera a todos los detenidos, se declare a Díaz-Canel como gobernante ilegítimo, se suspenda el Acuerdo Político entre la UE y Cuba, y se adopten sanciones individuales contra los represores.
