Esta semana será crucial en la Junta Estatal de Educación, debido a que elegirá a su nuevo comisionado y el cual tiene un candidato firme. Así lo informó la periodista, Ryan Dailey, del portal https://www.franklincounty.news/.
Los miembros de dicha organización se reunirán el próximo 29 de abril a las 11 am, en el Capitolito de Florida, así lo informó el sitio web del Departamento de Educación de Florida.
Hasta los momentos la Junta Estatal de Educación, tiene como candidato a ocupar el cargo de comisionado, al senador Manny Diaz Jr.
Postulante al comisionado tiene estrecha relación con Gobernador de Florida
Uno de los puntos por los cuales, los miembros de la Junta Estatal de Educación se decantarían por Manny Díaz Jr, es por su relación con el Gobernador de Florida, Ron DeSantis.
“Manny Díaz ha hecho un gran trabajo en la Legislatura en temas de educación que van desde el salario de los maestros hasta los derechos y opciones de los padres. Confío en que servirá bien a nuestro estado como comisionado de educación”, dijo DeSantis en un comunicado anunciando la recomendación.
The State Board of Education will meet April 29 to consider the appointment of a new education commissioner.https://t.co/vTV5HLkIgP?
— Port St. Joe Star (@PSJ_Star) April 24, 2022
Díaz, fue elegido para el Senado en 2018 después de servir en la Cámara durante seis años. Ha ocupado puestos como presidente del Comité de Educación del Senado y el Subcomité de Asignaciones PreK-12 de la Cámara.
Gobernador aprobó proyecto de ley
Esta semana Ron DeSantis aprobó esta semana un proyecto de ley patrocinado por Díaz que trata sobre la acreditación de la educación superior y el proceso de revisión de la titularidad de los profesores universitarios.
El proyecto de ley (SB 7044) exigirá a los colegios y universidades a cambiar de acreditadores al final de cada ciclo de acreditación, que puede durar hasta 10 años.
También autoriza a la Junta de Gobierno del sistema universitario estatal a adoptar un reglamento que requiera que los profesores universitarios se sometan a una “revisión integral posterior a la titularidad” cada cinco años.
