Entérate en detalle de cuáles contratos entregaba Pdvsa con 10,000% de sobreprecio

Sobreprecios en contratos de hasta 10 mil por ciento, la invención de tramas novelescas para justificar la evasión de los procesos licitatorios y hasta el robo de partes y seriales para enmascarar el robo de vehículos, forman parte de los casos investigados por la Oficina de Apoyo al Comisario.

Esta nota forma parte de la serie Casos investigación comisario PDVSA (II parte).

Maibort Petit / Venezuela al Día

Aún en las pésimas condiciones en que se encuentra Petróleos de Venezuela S.A. por la falta de inversión, la baja producción petrolera y el deterioro de su infraestructura, la empresa continúa siendo “un buen negocio” para quienes sólo ven en ella la fuente de enriquecimiento ilícito. Así se desprende del informe del Comisario Principal de PDVSA, Silvestre Molero Torres, para el año 2017, en el aparte de dedicado a los casos de investigación sobre irregularidades que sigue su despacho, bien de manera independiente o en conjunto con otros organismos del estado.

 

En esta segunda entrega hacemos mención a varios de los casos que han pasado bajo la lupa del citado funcionario, en los que el elemento común el sobreprecios de los contratos suscritos y en los procesos de compra, los cuales han significado enormes pérdidas para la estatal, por lo que Molero Torres enfatiza en la necesidad de limitar la modalidad de adjudicación directa de contratos solamente a los casos en los que se cumplen los supuestos legales de una verdadera emergencia para entonces proceder a admitir la adopción de esta figura que deja de lado los mecanismos de licitación a que obliga la ley.

Procura de bienes para la FPO

El comisario principal de PDVSA hace referencia en su informe al caso de los contratos con sobreprecios en la procura de materiales y servicios para la Faja Petrolífera del Orinoco bautizada con el nombre de Hugo Chávez por la administración de Nicolás Maduro.

Refiere Molero Torres que al cierre de 2017 el Ministerio Público informó acerca de la detención de cinco gerentes, de los cuales cuatro estaban adscritos a la empresa mixta Petropiar S.A., así como también fue aprehendido el exdirector ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Ante las denuncias y evidencias documentales que revelaban las irregularidades en los procesos de procura de materiales y obtención de servicios en FPO, las organizaciones de control de PDVSA consignaron en febrero de 2017 las pruebas correspondientes ante las autoridades competentes, lo que derivó en la apertura de una investigación judicial y en la emisión de órdenes de detención contra los citados funcionarios de PDVSA.

Además de las acciones judiciales del Ministerio Público, la estatal abrió una investigación con recursos propios en la que participaron expertos externos bajo la tutela del Comité de Investigación de PDVSA.

Explica el informe que se identificaron las transacciones de procura y servicios que pudieran estar afectadas por posibles actos irregulares y sobre ese total se seleccionó una muestra representativa para ser analizada. También se revisaron expedientes, contratos, valuaciones, facturas, pedidos, cotización de precios, pagos y otros soportes relacionados con las transacciones, para identificar desviaciones y potenciales situaciones de excepción respecto a los criterios idóneos en la obtención de bienes y servicios. Se identificaron las posibles modalidades de fraude, brechas en los controles y actores, así como personas relacionadas con proveedores que posiblemente pudieran favorecer los sobreprecios. Se determinó el porcentaje de sobreprecios, el impacto monetario de estos y las perdidas en los resultados financieros de PDVSA. Se procedió con las inmediatas acciones judiciales y a promover el resarcimiento del daño patrimonial sufrido por la corporación.

La Consultoría Jurídica de PDVSA informó que las “procuras efectuadas, a través de sus agentes de compra ubicados en La Haya y Houston, en las que no se cuenta con suficientes fondos para la defensa, se han desplegado estrategias litigiosas de derecho procesal que no solo han logrado demorar la publicación de decisión desfavorable que posteriormente pudiera ser ejecutada forzosamente, sino que se logró que algunas partes demandantes desistan de los procesos judiciales/arbitrales iniciados”.

Molero Torres refiere en el reporte que también la Consultoría Jurídica de PDVSA informó de sus acciones para que la estatal sea incorporada al proceso penal con el carácter de víctima. También solicitó medidas cautelares contra los autores materiales de los hechos, tales como inmovilización de cuentas bancarias, inhabilitación de cargos en la empresa, prohibición de salida del país y de enajenar y gravar bienes. Igualmente otorgó poder a un escritorio jurídico para el ejercicio de acciones en el Principado de Andorra.

El comisario de PDVSA precisa en el informe que al cierre del año 2017 su despacho midió el efecto financiero y eventuales pérdidas de este y otros casos de investigación, para lo cual recabó información que lo llevó a establecer que estas se estimaban en USD 280 millones.

Molero Torres recomendó delimitar y cuantificar el alcance de la pérdida habida en el caso de procura de bienes y servicios de la Faja Petrolífera del Orinoco, “mediante esfuerzo coordinado entre la Gerencia Corporativa de Contraloría Financiera, la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa, la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral, y la firma especializada en auditoría forense que atiende esta investigación; al efecto, se debe proceder a registrar la provisión a que hubiere lugar, a los fines de la correcta imputación contable y reconocimiento de la pérdida en la información financiera relacionada con los resultados del ejercicio 2017. Las indicadas coordinaciones se produjeron, con la activa participación de la Oficina de Apoyo al Comisario”.

Instó a identificar los esquemas usados para establecer la selección del proveedor y consiguientes sobreprecios y llamó a atender “las propuestas para aliviar obligaciones por pagar, mediante opciones tales como la conversión de deuda comercial a deuda financiera. Al efecto, en el caso de Bariven, S.A., la Consultoría Jurídica Corporativa, ha recomendado desarrollar un plan comercial dirigido a obtener convenios con los vendedores demandantes, que a su vez permitan desarrollar una estrategia para honrar deudas existentes que conlleve a la suspensión de los procesos judiciales/arbitrales activos y permita ahorrar recursos usados en la defensa de PDVSA y sus filiales”.

Caso Petropiar

El informe del comisario principal de PDVSA hace referencia al caso de investigación sobre la empresa mixta Petriopiar S.A., sobre el cual la Fiscalía General de la República, el 26 de octubre de 2017, indicó a través de su titular que los delitos cometidos “corresponden a órdenes de compra irregulares, entre las que figura una hecha a la empresa Servicios de Construcción y Mantenimiento Romara que presenta un sobreprecio de 10.000%”.

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Los implicados en las irregularidades ocupaban cargos de gerencia de compras para la atención de emergencias en la planta mejoradora de crudos.

Refiere que el caso es manejado por la Fiscalía 67° Nacional en Materia Contra La Corrupción, MP-257978-2017 en la cual se imputó al Gerente del Mejorador de Crudo Petropiar, S.A., al Gerente de Parada de Planta, a un Analista de Compras de la Planta José Antonio Anzoátegui-Producción, al Superintendente de Prevención, al Supervisor de Producción, a un Analista de Planificación-San Tomé y al Gerente General de Petropiar, S.A., por los delitos de peculado culposo propio, concierto de funcionario con contratista, asociación para delinquir y alteración de seriales de vehículos. La acción cursa en el Tribunal 37° en funciones de control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana-Distrito Capital y el expediente está identificado con el número 37C-18519-17.

Hace mención a que PDVSA, con miras a intentar acciones resarcitorias al daño patrimonial sufrido, promovió su incorporación al proceso penal para ser reconocida como víctima y solicitar medidas cautelares contra los autores materiales de los hechos, tales como inmovilización de cuentas bancarias, inhabilitación de cargos en la empresa, prohibición de salida del país y de enajenar y gravar bienes.

El Comisario Principal a través del memorando COM-2018-0022, fechado el 17 de abril de 2018, observó que el caso Petropiar evidencia la necesidad de reforzar las instrucciones ante presidentes de empresa, directores, gerentes y supervisores de PDVSA, sus filiales y empresas mixtas, las cuales sea imprescindible acatar en cuanto a la selección de proveedores, la cual ajustarse estrictamente a la Ley de Contrataciones Públicas.

Advirtió que en caso de flexibilización administrativa hay que establecer criterios precisos rectores “que uniformen el procedimiento, lo hagan transparente y con traza auditable. Destacar que las adjudicaciones directas solo proceden, cuando se cumplen los supuestos legales establecidos para admitir la figura de verdadera emergencia; en caso de adoptar esta modalidad, debe existir un involucramiento orientador de la alta gerencia, a objeto de evitar excesos con afectación patrimonial”.

Advierte que hay promover la constitución de comisiones de contratación con personal que actúe apegado a la ley y los procedimientos para abordar con eficiencia los procesos de contrataciones y compras en PDVSA, a objeto de propiciar idoneidad en la selección de ofertas efectivamente ventajosas para la corporación, en términos de precios, cantidad, calidad técnica, oportunidad de entrega y cumplimiento general de condiciones previstas.

Finalmente, Silvestre Molero Torres pidió determinar y contabilizar las pérdidas para proceder a hacer los registros contables que evidencien el impacto financiero de hechos irregulares conocidos y a seguir identificando las modalidades y prácticas a través de las cuales se ha vulnerado el control interno y proceder a fortalecer los procesos relacionados.

Caso Petrozamora

Entretanto, el caso referido a las imputaciones a trabajadores de Petrozamora, S.A., encierra toda una trama novelesca en la que se buscaba “crear una falsa emergencia para adquirir maquinaria y otorgar adjudicaciones directas a empresas previamente determinadas” de acuerdo a lo expresado por voceros del Ministerio Público.

Molero Torres explica que este caso está referido a situaciones de paradas de la producción que se llevaban a cabo en la empresa bajo el alegato de la existencia de daños ocasionados de manera intencional, de manera que se procediera a la apertura de concursos para contratar labores de reparación o mantenimiento.

La Fiscalía General de la República informó el 19 de diciembre de 2017 que el sabotaje a la producción de Petrozamora, S.A. había derivado en la detención de 17 funcionarios, entre ellos un exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, durante el año 2017. También se detuvo a un expresidente de la Corporación Venezolana del Petróleo, S.A. y directivos de la división Occidente de la filial PDVSA Petróleo, S.A. Además, se aprehendió al superintendente de tratamiento de crudo Occidente, a un técnico de laboratorio, a un técnico de movimiento de crudo, a un líder de contabilidad de crudo, a un superintendente de operaciones de tanque y a un representante del Ministerio del Poder Popular de Petróleo.

El caso se ventila en Fiscalía Sexagésima Tercera (63°) Nacional MP-359995-2017 y en el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 10 del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana del Distrito Capital, siendo el número de expediente el 10C20.122-17. Los imputados se le atribuyen los delitos de tráfico Ilícito de material estratégico con circunstancias agravantes, asociación, incumplimiento al régimen especial de las zonas de seguridad de la nación, obstrucción de la libertad de comercio, peculado doloso propio, peculado de uso, concierto de funcionarios con contratista y daños a la industria petrolera.

La Consultoría Jurídica de PDVSA solicitó la incorporación de la empresa al proceso penal con el carácter de víctima y la solicitud de medidas cautelares contra los autores materiales de los hechos, tales como inmovilización de cuentas bancarias, inhabilitación de cargos en la empresa, prohibición de salida del país y de enajenar y gravar bienes.

El despacho del comisario principal de PDVSA al cierre del año 2017 analizó los informes internos para registrar la correspondiente provisión contable del caso Petrozamora, S.A. contra los resultados financieros del referido ejercicio.

A través del memorando COM-2018-0022, de fecha 17 de abril de 2018, el comisario Molero Torres recomendó fortalecer los cuerpos auditores y contralores con mira evaluar suficientemente la ejecución de contratos, asegurándose de que las previas selecciones de contratistas y concertación de contratos de obras y servicios se correspondan con auténticas necesidades de la operación.

Instó a validar que los contratistas seleccionados lleven a cabo los trabajos y obras encomendadas de conformidad con las especificaciones que se le suministren. Crea pertinente el comisario que se deben reforzar los comités de recepción de obras dándoles participación activa que les permita certificar la idoneidad de las obras.

Igualmente subrayó la necesidad de reforzar las instrucciones a los presidentes de empresa, directores, gerentes y supervisores de PDVSA, filiales y empresas mixtas, para efectúen la selección de proveedores en el estricto marco de la ley de contrataciones, al tiempo que reiteró la advertencia de que las adjudicaciones directas se limiten a las verdaderas emergencias.

Desvalijamiento de vehículos de PDVSA

Otro caso de investigación referido por el comisario principal, Silvestre Molero Torres, en su informe, es el relativo a la denuncia que representantes de PDVSA formularon ante el Ministerio Público luego de advertir la modificación de seriales en los chasis y motores de los vehículos de la empresa. Estas y otras irregularidades derivaron en una investigación en conjunto con el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional Bolivariana.

Por estos hechos han sido privados de libertad cinco funcionarios de la División Carabobo de PDVSA por presumirse su responsabilidad en la alteración de seriales y extracción de partes motoras de vehículos de PDVSA. A saber, un analista de Control de Calidad, el supervisor de Talleres Externos, el superintendente de Mantenimiento Mayor, el supervisor de Mantenimiento de Flota y la líder de Administración de Flota Liviana.

A estas personas se les imputaron los delitos de peculado culposo en grado de coautoría y complicidad simple en desvalijamiento y alteración de seriales.

Explica el informe que los vehículos, bajo el pretexto de reparación, eran llevados a los talleres donde se le sustraían las partes y seles sustraían los seriales para colocárselos a carros reportados como robados o hurtados, con lo que legalizaban el libre tránsito de estos.

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Esto se presentó en los campos de Morichal, Punta de Mata y El Furrial, estado Monagas, donde existían más de 600 unidades, entre camionetas y autobuses a los cuales se había afectado de la manera descrita.

El caso cursa en la Fiscalía 12° Contra la Corrupción de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, MP 222866-2017 y en el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 5 de la Circunscripción Penal del Estado Monagas con Sede en Maturín, siendo la causa la número NP-01-P-2017-008526. A los implicados se les imputan los delitos de peculado culposo y alteración de seriales, previsto y sancionado en el artículo 8 de la Ley de Hurto y Robo de Vehículo Automotor en perjuicio de PDVSA.

Los imputados son el Gerente General División Carabobo, el Subgerente de Logística, el Superintendente de Flota Liviana, el Gerente de Distribución y Transporte, el Supervisor de Mantenimiento, la Administradora de Flota Liviana y el Gerente Encargado de Mantenimiento.

El comisario recomendó mediante el memorado COM-2018-0022, fechado el 17 de abril de 2018, coordinar con las intervinieron en el caso la obtención información suficiente que permita cuantificar con precisión las pérdidas habidas con esta irregularidad identificada, a los fines de registrar y/o ajustar la provisión contable correspondiente.

Llevar a cabo el inventario general de vehículos de PDVSA y responsabilizar a las máximas autoridades de divisiones, distritos, refinerías y empresas mixtas para que expliquen las diferencias entre las unidades y los registros.

Asimismo insto a establecer normas que asignen responsabilidad a los gerentes de divisiones, distritos, campos, refinerías, empresas mixtas y negocios en general, quienes deben mantener controles administrativos sobre las unidades que les son asignadas.

Los vehículos en poder de terceros, enviados a reparación, deben ser controlados estrictamente en cada localidad.

Crear equipos especializados en los talleres de transporte y servicios generales para que revisen los casos de vehículos enviados a reparación y reporten la antigüedad excesiva sin el reintegro de la unidad. “Adicionalmente, se debe ejercer control de calidad sobre las reparaciones de vehículos devueltos a PDVSA o filiales desde los talleres, bajo la condición de reparados; al efecto, debe designarse personal experto para realizar tales inspecciones en la calidad de las reparaciones y de los repuestos instalados; en el caso de los cauchos, se deben troquelar y ejercer control sobre la periodicidad en los cambios habidos en cada unidad, basados en los estimados razonables de desgaste operacional”.

Silvestre Molero Torres llama a organizar el control de los activos fijos de la PDVSA con arreglo a la Ley Orgánica de Bienes Públicos y las organizaciones que permitirán el debido control de los actos de obtención, registro, administración, custodia, mantenimiento, retiro y disposición de activos operacionales.

El comisario denunció que en PDVSA existe un manifiesto atraso en la implementación del mandato de la Ley en referencia, “lo cual explica en alguna medida el arrume de vehículos u otros activos de cualquier condición en lugares inapropiados, sin que se generen acciones para la custodia, mantenimiento y/o disposición autorizada de bienes”.

Pago por alquiler de buques y gabarras inactivos

El sonado caso del barco fantasma de PDVSA también fue reseñado en el informe del comisario Silvestre Molero Torres, quien alertó de que son varias las irregularidades detectadas con buques y gabarras.

El alquiler de la plataforma Abam Pearl, el buque taladro Songa Saturno y la unidad Neptune Discovery S.A. anunciados desde la presidencia de la corporación y el ministerio de Petróleo el 25 de noviembre de 2010 como adquisición de la empresa mixta PDVSA Petrosaudi, S.A. significaron enormes pérdidas para la nación.

Precisó, con base a lo afirmado por el Ministerio Público, que el buque Petrosaudí Saturn, fue alquilado para operar por un periodo de siete años, permaneciendo el 60 por ciento de este tiempo totalmente inactivo, habiéndose pagado el cien por ciento del costo del alquiler.

Molero Torres establece en el informe que el impacto financiero al cierre de 2017 era de USD 593 millones “por gastos imputables a pérdidas, asociados a las operaciones de proyectos Costa Afuera de la filial PDVSA Petróleo, S.A., y que incluyen la Plataforma Abam Pearl, el Barco-Taladro ‘Neptune Discovery’ y la Plataforma ‘Petrosaudi Saturn’”.

El comisario deja sentado que en estos casos se establecieron responsabilidades desde el punto de vista judicial, habiéndose determinado que para consumar la irregularidad hubo consentimiento y colusión para pagar arrendamientos o servicios, sin que previamente hubieran sido prestados. Indica que se delimitó y cuantificó el costo de los arrendamientos pagados, habiéndose librado orden de aprehensión por parte del Ministerio Público en diciembre de 2017, contra seis gerentes adscritos a la Vicepresidencia de Exploración & Producción de PDVSA, por su vinculación con el caso del barco “Petro Saudi Saturn”, que se alquiló el año 2010 para la explotación de gas Costa Afuera.

PDVSA emprendió diversas acciones, según asegura el comisario Molero Torres, entre las que refiere en el informe la demanda por facturas pagadas aun cuando estaban objetadas, así como por daños y perjuicios. Igualmente se ordenó la suspensión de pago de facturas por tasa de taladro y se pidió el reconocimiento de notas de crédito. Se acometieron también varias medidas cautelares para suspender el pago de facturas por tasa taladro y se impidió el pago de facturas a través de la carta de crédito.

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Hace referencia a que la Consultoría Jurídica de PDVSA informó ante la Oficina de Apoyo al Comisario Principal de PDVSA que “En el Caso contra Petrosaudí, S.A., fue dictado el Cuarto Laudo Parcial, en el cual pese a no haber obtenido todos los puntos demandados, el Tribunal obligó a la contratista a reconocer una Carta de Crédito por aproximadamente 65 millones de dólares, que serán imputados a las facturas que se estimen procedentes, luego que hayan sido decididas las disputas entre las Partes. Se logró medida cautelar que mantiene en un fideicomiso, aproximadamente 200 millones de dólares, a la espera del Laudo final”.

Molero Torres concluye que “se ha estado en presencia de una situación de sobreprecio en la contratación de embarcaciones”.

El Comisario a través del memorando COM-2018-022, de fecha 17 de abril de 2018, advirtió que ƒ PDVSA “debe ventilar ampliamente las contrataciones de buques y gabarras destinados a la operación, apoyándose en el conocimiento de las empresas a nivel mundial que mantiene la Vicepresidencia de Comercio y Suministro, de manera de evitar que la sola vicepresidencia de Exploración y Producción, maneje transacciones, vía adjudicación directa de equipos, obsoletos, e ineficientes, no aptos para las operaciones exigentes de la industria petrolera, y que al mismo tiempo se asegure de imprimir transparencia a la selección de las empresas y equipos a contratar para las Operaciones Acuáticas y Costa Afuera de PDVSA”.

Molero Torres propone que la referida coordinación se establezca a través de un comité técnico para la obtención de buques y gabarras. Este ente debe definir la idoneidad de equipos con vida útil y los debidos registros de empresas constituidas, propietarias de dichos equipos que se ofrecen en arrendamiento, para “evitar la figura de intermediarios o improvisados representantes de negocios, que suelen medrar al amparo de ambientes empresariales débiles en aspectos éticos y de control”

Este Comité Técnico para la Selección de Buques y Gabarras —se pronuncia finalmente Silvestre Molero Torres— debe invitar a miembros de los cuerpos auditores y contralores de PDVSA, así como un representante de la Dirección Ejecutiva de Auditoría Interna Corporativa y de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral para llevar a celante los procesos de selección.

Puerto Miranda

Una grave situación de deterioro en las instalaciones de bombeo y almacenamiento de crudo y combustible en Puerto Miranda, estado Zulia, llevó al Ministerio Público a detener a quince personas en noviembre de 2017, entre ellas cuatro gerentes de alto rango en PDVSA. La Fiscalía informó que los sujetos aprehendidos serían responsable de situación de las instalaciones.

Las autoridades presumen la apropiación indebida de materiales, de equipos y petróleo.

Los detenidos son el Gerente de Coordinación Operacional, el Gerente de Mantenimiento de Coordinación Operacional, el Gerente de Desarrollo y El Gerente de Control de Calidad y Laboratorio de Coordinación Operacional. También han sido imputados cuatro aforadores, seis funcionarios del Servicio Autónomo de Metrología e Hidrocarburos (SAMH). Otras dos personas están siendo solicitadas.

El comisario Molero Torres a través del memorando COM-2018-0022, de fecha 17 de abril de 2018, propuso establecer las coordinaciones al más alto nivel para cuantificar las pérdidas habidas con motivo de la actuación de los ciudadanos imputados con responsabilidad en el estado de deterioro de las instalaciones en Puerto Miranda.

Instó a reconocer el impacto de tales pérdidas en los resultados financieros del año 2017.

Igualmente advirtió que es responsabilidad de la Vicepresidencia de Producción y Exploración de PDVSA diagnosticar el estado de deterioro de instalaciones y condiciones deplorables que se observan en las diversas plantas operativas por la desinversión habida durante los últimos años y por la insuficiencia de recursos, particularmente en divisas, para llevar a cabo el mantenimiento de dichas instalaciones.

Sobrevaloración de precios de tuberías

Finalmente en esta entrega hacemos mención al caso de investigación acerca de la sobrevaloración en precios de tres empresas fabricantes de tuberías que, desde el año 2010 es objeto de averiguaciones dadas las objeciones por los criterios reconocidos en la fundamentación del importe determinado por las compañías encargadas de las valoraciones de activos para estimar el monto de compra por parte de PDVSA.

En informe del comisario principal de la estatal refiere que pese a que estos asuntos fueron investigados, existe incertidumbre del nivel de avance de la judicialización de los mismos y el reconocimiento contable de la pérdida.

Las investigaciones apuntan a las empresas Venezuelan Heavy Industries, C.A. (VHICOA), Soldaduras y Tuberías de Oriente, C.A. (SOLTUCA), y Tuberías Helicoidales, C.A. (TUBHELCA) y están a cargo de la Dirección Ejecutiva de Seguridad Integral, a través de su Gerencia de Asuntos Internos.

Explica Silvestre Molero Torres que la premisa en la nacionalización de operaciones conexas con la industria petrolera se sustentaba en la compra de los activos, los cuales serían pagados a su valor en libros, en función de su costo de origen y el nivel de depreciación acumulada. Apunta que en algunas de las empresas invocaban su derecho a aspirar un resarcimiento que reconociera el valor presente neto de los activos y proponían que se les pagara en función de los flujos monetarios potenciales que esos activos serían capaces de producir a futuro. Este último criterio financiero prevaleció en la valoración y pago de los activos de algunas empresas de tuberías.

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El comisario a través del memorando COM-2018-0022, de fecha 17 de abril de 2018 recomendó que el Comité de Auditoría, conjuntamente con la Dirección de Seguridad Integral examine la documentación existente en torno a las valoraciones de las empresas de tuberías para establecer la razonabilidad del monto pagado en divisas y bolívares. Advierte que en caso de incumplimiento de las premisas que debieron fundamentar el valor a pagar, se deben establecer los sobreprecios, identificar responsabilidades, promover acciones judiciales inmediatas y, especialmente, registrar contablemente las pérdidas determinadas.

Finalmente, Molero Torres insta a que Consultoría Jurídica de PDVSA acometa las acciones pertinentes que deriven en el resarcimiento patrimonial de la corporación dadas las pérdidas ocasionadas en el proceso de valoración de los activos y fijación del precio pagado por la estatal.

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