Estados Unidos es el país con el mayor número de inmigrantes en el mundo. Según el Centro de Estudios de Inmigración (CIS, por sus siglas en inglés) en el año 2022 había 47 millones de extranjeros en el país.
Una de cada siete personas que vive en EE.UU. nació en el extranjero. Lo que representa el 14,3 % de la población del país, el porcentaje más alto en los últimos 112 años, según CIS.
Mientras que un 23 % de esas personas se encuentra en una situación irregular —entre 10 y 11 millones de personas—, el 77 % restante posee algún tipo de estatus legal: ya sea porque se naturalizaron ciudadanos, porque obtuvieron la residencia permanente o porque obtuvieron la residencia temporal, según indica el Pew Reaserch Center.
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En el país existe una gran división y debates sobre la inmigración. Estados que frecuentan políticas que respaldan a los extranjeros que hacen vida en Estados Unidos y aquellos que han creado leyes y medidas generalizadas para evitar la llegada de las personas indocumentadas a la entidad.
Entre los estados que son considerados más peligrosos para los migrantes “ilegales” se encuentran: Florida y Texas.
DeSantis dice NO a la migración
El estado de Florida siempre se había catalogado por ser una entidad muy abierta a la migración, siendo uno de los principales lugares del país con mayor concentración de migrantes. Según la CIS, al menos el 11 % de los extranjeros se encuentra en esta entidad.
Ahora la realidad cambió. El Gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó esta semana, una ley contra la inmigración ilegal. La medida SB 1718 que obtuvo 83 votos a favor y 36, fue patrocinado por impulsada por el senador Blaise Ingoglia y aprobado por la Cámara de Representantes y el Congreso del estado.
El momento en el que el gobernador DeSantis firma la polémica ley migratoria en Jacksonville
En términos generales, la ley está enfocada principalmente en el transporte, el trabajo y la documentación de los inmigrantes ilegales. También fue creada para la regulación contractual de las empresas.
La medida obligará a los hospitales a recoger datos sobre el estatus migratorio de sus pacientes y convertirá en un delito castigado con hasta 15 años de prisión el transporte de personas irregulares, catalogándolo como una trata.
Por otra parte, dejarán de reconocer licencias de conducir emitidas fuera del estado a migrantes que estén ilegales y sancionará a las empresas que contraten a estas personas.
Entre esas y otras medidas, hicieron de Florida el estado más duro contra la migración en Estados Unidos y por supuesto ha generado un futuro incierto y pánico entre los involucrados. La ley entrará en vigencia el 01 de julio.
¿Migración ilegal un delito grave en Texas?
Ron DeSantis no es el único que inició esta cruzada contra la inmigración irregular. Su homologo de Texas, Greg Abbot, no solo abrió las puertas de su estado para enviar desde ahí a migrantes a estados demócratas, sino que ha financiado iniciativas de este tipo.
Por otro lado, el Gobierno texano estaría preparando leyes para considerar un delito grave la entrada ilegal de migrantes y además permitir su expulsión.
El 08 de mayo, en una conferencia de prensa, Abbot aseguró que está en plan de aprobar una ley estatal que permita enviar a las personas a la cárcel o devolverlos a México, si se encuentran sin papeles.
De igual forma, también planteará penalizar con un mínimo de diez años de cárcel a aquellas personas que ayuden a “esconder” migrantes irregulares.
Abbott solicitó extender una instalación de cerca de púas adicional a las medidas de seguridad, para evitar la llegada masiva de migrantes indocumentados al estado.
La medida de Abbott pretende disuadir a los inmigrantes de ingresar fácilmente al suelo estadounidense, especialmente luego de terminar la medida del Título 42.
This is one thing Texas is doing to secure the border.
This is the area near Brownsville where migrants were crossing in large numbers a few days ago.
We now have it wired shut.
Other areas will surface for crossing.
We will wire them shut also.
More to come. pic.twitter.com/Otk7dN0lnf
— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) May 9, 2023
“Esto lo hacemos para asegurar la frontera. Esta es la área cerca de Brownsville donde los inmigrantes cruzaban en grandes cantidades hace unos días”, dijo el gobernador.
En términos de acceso a la educación, la salud y trámites legales, existen estados como Arizona, Georgia, Alabama, Carolina del Sur e Indiana, que tienen medidas fuertes en contra de los inmigrantes indocumentados. Que además, tienen un historial de aprobar legislaciones que han sido fuertemente criticadas por organizaciones de derechos humanos.
Las condiciones de vida en EE.UU de esas personas se encuentran profundamente marcadas por ese estatus legal. Sobre todo, después de las leyes federales de bienestar e inmigración del año 1996, que inauguraron una era de restricciones para los inmigrantes.
En ese contexto, muchos estados han sido conscientes del valor económico y laboral que potencia esta minoría en las entidades. En ese sentido, han trabajado para suplir ciertas falencias federales, con políticas inclusivas para que los indocumentados puedan acceder a los programas, beneficios y servicios públicos.
Acceso a documentos legales
Algunos estados permiten a las personas que no tienen residencial legal en Estados Unidos obtener licencias de conducir.
Tener una forma de identificación facilita el acceso a los servicios públicos y financieros, como la posibilidad de abrir una cuenta bancaria y acceder a áreas recreativas de la ciudad y la educación. Además, que brindan ingresos a la ciudad que la expide. Nueva York, en el año 2022, generó al menos $57 millones en ingresos de este tipo.
Esos estados que permiten este tipo de acceso, según datos del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, son California, Colorado, Connecticut, Delaware, la ciudad de Washington, Hawai, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo Mexico, Nueva York, Oregón, Puerto Rico, Rhode Island, Utah, Vermont, Virginia y Washington.
Servicios de salud
Los inmigrantes enfrentan varios obstáculos cuando se trata de obtener atención médica, y esta situación empeoró con la pandemia de covid-19: mientras aumentaron las necesidades sanitarias y financieras, se redujo la cobertura de salud de las familias inmigrantes.
Sin embargo, a pesar de la situación, los estados que mejoraron el acceso a la salud de niños, embarazadas y personas en general son Oregon, California, Washington, Massachussetts, Illinois, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nueva York y Virginia.
El estado de California es el único que ha ofrecido de forma gratuita el servicio de salud mental en el país.
Educación
De acuerdo con un reporte de la organización The Next 100, los estudiantes indocumentados se ven obligados a pagar tasas de matrícula internacionales para cursar estudios superiores. En promedio son $8,000 más que el resto de las personas.
En total, veintiún estados más la ciudad de Washington poseen políticas de equidad de matrículas. California y Nuevo México poseen las medidas más equitativas para ampliar el acceso a los estudios.
Por otro lado, Illinois, Michigan, Minnesota, New Jersey, New York, y Virginia, también han apoyado económicamente a los migrantes indocumentados para que puedan acceder a la educación. Además de crear medidas que aumenten la equidad entre las masas.
En general, las entidades mencionadas son considerados como “ciudades santuario”. Un término amplio para las jurisdicciones territoriales que tienen políticas diseñadas para limitar la cooperación federal en términos de inmigración. Es decir, las entidades no cooperan con las autoridades migratorias para expulsar o perseguir migrantes.
Si necesitas ampliar aún más la información puedes acceder a este link y conocer a detalle cada medida en diferentes estados del país.
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