El pasado 29 de abril, el Senado de Florida aprobó el polémico proyecto de ley SB 1718, que establece duras medidas erradicar la inmigración irregular. El miércoles 10 de mayo, la misma se hizo oficial al obtener la firma y promulgación por el gobernador republicano del estado, Ron DeSantis. Con este último paso, la norma entrará en vigencia el próximo 1 de julio.
Durante una conferencia de prensa realizada para estampar su rúbrica en la nueva ley, aprovechó para criticar lo que llamó “la crisis fronteriza de Biden”. En los últimos días y ante la finalización del Título 41, cientos de migrantes han intentado ingresar a Estados Unidos por las diferentes fronteras.
En ese sentido, DeSantis lamentó que el presidente norteamericano no haya visitado los diferentes pasos fronterizos durante el tiempo que ha durado su mandato. Aprovechó la ocasión para destacar su propia visita a El Paso, en el mes de enero.
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“Nos estamos preparando para algunos tiempos turbulentos. Cuando tienes a un presidente que ha hecho la vista gorda a lo que ha sucedido en la frontera”, aseguró DeSantis en medio de su evento político.
El futuro político de DeSantis es incierto, en el sentido de una posible candidatura presidencial para el 2024. Sin embargo, el tema migratorio se ha mantenido en su agenda como una de sus prioridades. Actualmente se encuentra llevando a cabo su segundo período como gobernador de Florida.
Protecting Florida from Biden’s Border Crisis https://t.co/SKC4jm6Hz4
— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 10, 2023
¿Qué implica la nueva ley?
Uno de los puntos más controversiales de la ley, es considerar un delito punible el traslado o convivencia con personas sin documentos dentro de Florida. Esta decisión se modificó para la versión final, aunque se seguirá considerando como una falta grave. Aplicaría para personas que viven de forma permanente en el estado, así como quienes van por turismo o reuniones sin contar con un estatus legal.
Cualquier persona que transporte a un inmigrante que llegó al país usando métodos irregulares, será acusado de “tráfico de personas”, lo que es un delito grave en tercer grado. Esto será tomado en cuenta como una falta individual, por cada individuo que esté trasladando.
Adicionalmente, impondrá multas a los empleadores que incurran en la contratación ilegal de personas sin documentos. Para ello, cualquier persona o empresa que tenga más de 25 trabajadores a su cargo, tendrá que usar la plataforma E-verify, para determinar si la persona que opta al empleo, es elegible legalmente para ejercer laboralmente en el estado.
President Biden’s dereliction of duty at the border is costing Americans their lives. In Florida, we’ve taken concrete action to protect our communities by:
– Relocating illegal aliens to sanctuary cities in other states
– Enforcing E-Verify
– Establishing a task force to… pic.twitter.com/DCU6YUBxFT— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 10, 2023
Por otra parte, el nuevo mecanismo obliga a los hospitales y centros médicos del estado a recoger información sobre el estatus migratorio de sus pacientes. Aquellos hospitales que aceptan Medicaid y a los departamentos de emergencia, tendrán que recopilar datos sobre el estado migratorio de los pacientes, incluso cuando visiten la sala de emergencias.
También prohíbe a los gobiernos locales otorgar fondos a organizaciones que emitan documentos de identidad a personas que se encuentran de manera irregular en el país. Por último, invalida las licencias de conducir emitidas en otros estados en posesión de inmigrantes no autorizados.
Con todas estas limitaciones, la mano de obra para el sector productivo del estado comenzó a mermar. En los últimos días, pese a que no se había promulgado la ley, muchas obras de construcción y en campos de agricultura, no contaron con la presencia de los trabajadores.
Confusión por severidad y contradicciones
Es sabido que el ala republicana de Estados Unidos tiene ideas muy diferentes sobre la migración, que las establecidas por el sector demócrata. Algunos detractores de esta ley han señalado que incurre en contradicciones, al ir en contra de lo que dictan las autoridades federales de inmigración. Así lo destacaron Eduardo Vega, abogado de inmigración en Miami y Amien Kacou, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), en declaraciones para Telemundo.
Algunas organizaciones que se encargan de la defensa de migrantes, manifestaron su preocupación. Aseguran que el instrumento legal define vagamente, a quienes están en el país de forma regular.
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