Migraciones declaró nula resolución que ordenaba expulsión de activista venezolana Paulina Facchin

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó este viernes que dispuso anular una resolución del último 9 de mayo que ordenaba la expulsión del país de Paulina Facchin.

Se trata de una activista venezolana por los derechos humanos en su país, residente en Perú y perseguida política del régimen de Nicolás Maduro.

El ente gubernamental peruano emitió un comunicado en redes sociales indicando que tomó la decisión después de la revisión del recurso administrativo presentado por Facchin, reportó 1eriIforme.

Según Migraciones, la nulidad «obedece a que, entre otros aspectos, al emitirse la resolución de expulsión no se consideró el principio de no devolución que consagra la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Perú es signatario».

En un comunicado en sus redes sociales, Migraciones indicó que tomó la decisión tras revisar el recurso administrativo presentado por la ciudadana venezolana.

#Comunicado pic.twitter.com/hibMZ3Ssxi

— Migraciones Perú (@MigracionesPe) May 21, 2022

 

Más de 10 años en Perú

Paulina Facchin denunció el pasado 11 de mayo que el gobierno de Perú le comunicó sobre su expulsión del país, después de vivir más de 10 años en la capital de esa nación.

Según las autoridades, la activista venezolana había mentido en la información ofrecida en el proceso de nacionalización.

Facchin realiza actividades humanitarias dirigidas a poblaciones vulnerables en Venezuela desde Lima. Sin embargo, sigue siendo acosada por la dictadura madurista.

El régimen de Venezuela le vulnera su derecho a la identidad pues no le deja actualizar su pasaporte desde 2017.

Joseph Campos, abogado de Facchin, dijo que ella no está haciendo política en Perú, sino actividades que pueden ser malinterpretadas como «actos políticos».

“Nicolás Maduro me quiere llevar a Venezuela por denunciar sus acciones contra los derechos humanos. Convertirme en una nueva presa política”, indicó la activista cuando salió la resolución.

En efecto, la mujer vive en Perú desde febrero de 2011; un año antes, en 2010, su hija menor fue atacada en Venezuela y temía por lo que pudiera pasar tanto a su familia como a ella.

Con información de Infobae.